Los socios presuntamente defraudados por la Caja Progresa exigen que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investigue y castigue a los responsables por el fraude millonario a los afectados, que hasta el momento siguen impunes, aseguró Maricarmen Soria Narváez, representante de los afectados.
“Exigimos que se aplique la justicia, que el Ministerio Público investigue, que digan qué han hecho y que se aplique la ley. Pero cuando vemos casos como el de Ficrea, que en menos de dos meses ya hay orden de aprehensión e incluso ficha de Interpol para buscar a los responsables en todo el mundo, es que algo muy grave pasa aquí, a menos el Código Penal de Guanajuato esté completamente diferente a los demás”, ironizó Soria Narváez.
Y es que desde septiembre del año pasado, más de 800 socios han interpuesto denuncias penales contra la mesa directiva, dirigida por la contadora Lidia Arvizu, sin que hasta el momento se hayan girado medidas cautelares más que la clausura de las instalaciones de la Caja.
“Eso quiere decir que en Dolores Hidalgo o en Guanajuato hay impunidad, no sólo corrupción e ineficiencia sino impunidad, eso nos afecta a todos porque si no hay acción penal contra quien defrauda a miles de personas, a cualquiera lo pueden robar, asaltar, matar, violar y no pasa nada”.
La representante aseguró que desde octubre de 2014 han solicitado audiencia con el Procurador del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, sin respuesta hasta el momento. “Dicen que nos van a atender pero no nos dicen cuándo.
Soria Narváez mencionó que sólo los socios que han denunciado penalmente a la Caja podrán entrar al Fipago, y dijo que este mes se abrirá un último bloque de denuncias para poder entrar al Fideicomiso.
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