Guanajuato.- El Gobierno de Guanajuato consiguió ser líder en el País en responder en tiempo y forma las solicitudes de información que tuvieron en 2024, pero también fue de las entidades que clasificó más información como confidencial.
Guanajuato se posicionó como la segunda entidad del País con el mayor porcentaje de entrega de información del total de solicitudes de información que respondieron en 2024.
Además fue uno de los dos Estados del País que no tuvieron ninguna respuesta fuera del plazo legal.
Así lo revelan los resultados del Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) y Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2025 que realizó el Inegi en el rubro que evalúa la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales
También fue uno de los tres Estados del País que más clasificó información como “confidencial”, con 731 resoluciones de este tipo durante el 2024, según el estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 4 de diciembre de 2025.
Ante estos resultados, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) explicó que el alto número de esta cifra no representa opacidad, sino un cumplimiento estricto de la Ley de Protección de Datos Personales.
Según el organismo, estas resoluciones protegen la esfera íntima de los ciudadanos, como domicilios, estados de salud, números telefónicos y “no que se esté violando la Ley de Transparencia”, indicaron en una ficha informativa a solicitud de AM.
Este análisis del Inegi se centra exclusivamente en las dependencias del Gobierno del Estado, dejando fuera a los gobiernos municipales.
Efectividad en transparencia
En todo el 2024, en Guanajuato se respondieron 4 mil 551 solicitudes de información que realizó la ciudadanía para conocer datos, documentos y desempeños de los sujetos obligados del Gobierno del Estado.
Se entregó información en 4 mil 359 solicitudes, es decir, un 95.78% de efectividad para atender las exigencias de la población en materia de transparencia.
Solamente Quintana Roo contó con un mejor porcentaje de entrega de información respecto al número de solicitudes respondidas, con un 97.05%.
A nivel nacional, el promedio de entrega de información fue del 75.31% en el 2024. Al comparar con 2023, el porcentaje aumentó en 3.9 puntos.
En el caso de Guanajuato, también significó un incremento en su efectividad, ya que en 2023 tuvo un porcentaje de 93.44% en el número de entregas sobre las solicitudes que respondió.
Lo hacen a tiempo
El censo del Inegi revela que en los últimos dos años evaluados, en Guanajuato no se tuvo ninguna solicitud respondida fuera del plazo legal, el cual es de máximo ocho días hábiles ya con prórroga.
Únicamente Baja California Sur también cumplió en tiempo todas sus solicitudes durante el 2024; en promedio cada entidad federativa registró 153 respuestas fuera del plazo legal.
En 2024, en Guanajuato se contestaron el 42.54% de las solicitudes dentro del plazo ordinario, de cinco días hábiles; mientras que el 57.45% requirieron prórroga, de tres días hábiles más.
Información confidencial por protección
Guanajuato registró 731 resoluciones emitidas para clasificar como “confidencial” diferentes datos y documentos durante el 2024.
Con esto destaca como la tercera entidad del País con más resoluciones de este tipo por parte de los comités de transparencia de los Gobierno Estatales, según datos de los censos CNGF y CNGE.
Solamente Ciudad de México con 751 y Estado de México con 1 mil 524, reportaron tener más determinaciones de este tipo para restringir el acceso a información por diferentes motivos.
De acuerdo al IACIP, se considera información confidencial los datos personales, los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, así como la información que entreguen los particulares a los sujetos obligados.
Cabe señalar que, 714 de las resoluciones se justificaron porque “contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable”.
Estas resoluciones se dieron por información que las dependencias estatales transparentaron y no necesariamente por alguna solicitud de información.
Específicamente para solicitudes ciudadanas, solo 160 fueron negadas por pedir información confidencial y 28 por contener información reservada.
La confidencialidad no está sujeta a temporalidad alguna, es decir siempre estará resguardada y únicamente podrán tener acceso a ella quienes sean titulares de las dependencias, sus representantes o los servidores públicos facultados para ello.
La información reservada se refiere a aquella que, de hacerse pública podría poner en riesgo intereses del Estado o del interés público por un tiempo limitado.
Así lo detalló el Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) en una respuesta que mandó a AM para explicar lo que representan estos resultados.
“Que la mayoría de las clasificaciones sean por confidencialidad (160 casos contra sólo 28 de reserva) significa que la administración pública está siendo cuidadosa en no entregar datos privados de la ciudadanía a terceros”, señalaron.
El Comité de Transparencia del Estado determinó 68 casos de clasificación de la información como reservada.
De estos, 55 fueron justificados debido a que “compromete la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable”.
La información que sí puede reservarse es aquella que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte de un proceso deliberativo.
También aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad administrativa, la que afecte los derechos del debido proceso, la que pueda vulnerar la conducción de expedientes judiciales o de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio.
No obstante, el IACIP puede corroborar la procedencia de cualquier resolución para clasificar información como “confidencial” o “reservada”, mediante un mecanismo de revisión, que basta con informarle al organismo que se está “inconforme” con dicha determinación.
Urge definir la transparencia ante desaparición del IACIP
Por mandato de una reforma constitucional federal, el IACIP debe extinguirse a más tardar en febrero de 2026. Se prevé que la mayoría de sus funciones (cerca del 86%), como garante del derecho a la transparencia, sean transferidas a la Secretaría de la Honestidad, dependencia que forma parte del Poder Ejecutivo.
Ante este panorama, la bancada del PAN en el Congreso Local presentó una iniciativa de nueva Ley de Transparencia para armonizar la legislación. Aunque la propuesta busca fortalecer las obligaciones de las autoridades para que publiquen información clara y oportuna, no define la figura definitiva del nuevo órgano garante, dejando esta facultad al Ejecutivo estatal.
Expertos advierten que centralizar la transparencia en una dependencia del gobierno podría politizar el acceso a la información y comprometer la confianza ciudadana, por lo que urgen a crear un órgano desconcentrado con personal profesional e imparcial.
AAK
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