Silao.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, pagó 412.81 pesos de impuesto predial en 2024 por un rancho de dos hectáreas en Silao, registrado en catastro como terreno baldío y con cero metros construidos, según documentos y evidencia satelital difundidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La cuota equivale a poco menos de 69 pesos bimestrales. El recibo del predial 2024 reportó un valor fiscal de 35 mil 362 pesos y superficie construida de cero metros cuadrados, lo que permitió aplicar la tarifa mínima correspondiente a un predio sin edificación.
Sin embargo, una imagen satelital de noviembre de 2023 muestra que el inmueble ya tenía construcciones concluidas y otras en proceso. En esa toma se observa una casa campestre de dos niveles, además de obras adicionales dentro del predio de 20 mil metros cuadrados.
La investigación de MCCI documenta también dos edificaciones laterales, de aproximadamente 100 y 90 metros cuadrados, así como una barda perimetral de unos 400 metros lineales y trabajos internos en la finca ubicada en el ejido Baños de Agua Caliente.
Cabe destacar que AM solicitó el monto actual que paga la gobernadora tras la actualización del predial de su casa de campo y a través de la Coordinación de Comunicación Social entregaron una ficha informativa y la copia con el predial actualizado a 2026 en el que se detalla que este año el pago anual fue de 5 mil 513 pesos.
“Respecto a lo publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, las respuestas ya fueron entregadas y se reitera que todo el proceso relacionado con la propiedad de la gobernadora ha sido legal, transparente y respaldado con documentos.
Se trata de temas ya aclarados, por lo que su reiteración apunta más a un golpeteo político que a un ejercicio periodístico”.
El impuesto predial se calcula con base en registros oficiales del catastro municipal, no por decisión personal. Se reconoce que el inmueble está en proceso de actualización administrativa. La Gobernadora ha cumplido en todo momento con sus obligaciones fiscales.
Predial de baldío, pese a construcciones visibles
El pago fue cubierto el 19 de enero de 2024. Para entonces, el predio siguió asentado oficialmente como baldío, aunque la evidencia gráfica ya mostraba una situación distinta en el terreno, con una casa campestre terminada y otras obras en desarrollo.
De acuerdo con los documentos citados en el reportaje, la clasificación catastral no cambió en ese momento. El inmueble continuó reportando cero metros construidos durante 2024 y también en 2025, pese a que las imágenes satelitales posteriores muestran una finca cada vez más desarrollada.
La nota publicada por MCCI precisa que incluso en el quinto bimestre de 2025, correspondiente a septiembre-octubre, el predio seguía con registro oficial de cero metros construidos y con la misma cuota mínima anual de 413 pesos.
Para marzo de 2025, las imágenes satelitales ya mostraban una propiedad con mayores amenidades. En la finca se apreciaban canchas deportivas, un área de juegos infantiles, una alberca techada, una casa de servicio, plantación de olivos y un camino interior adoquinado de más de 500 metros.
La superficie bardeada, además, se había extendido hacia un terreno contiguo de al menos 2 mil 800 metros cuadrados. Todo ello formó parte de la evidencia utilizada en la denuncia pública sobre la discrepancia entre el estado físico del inmueble y su registro fiscal.
La regularización llegó después del reportaje
El cambio catastral se concretó hasta el 20 de octubre de 2025, tres semanas después de que MCCI publicara, el 29 de septiembre, el reportaje sobre los ranchos levantados en parcelas ejidales por exgobernadores y la actual mandataria de Guanajuato.
Ese ajuste reconoció por primera vez 585.7 metros cuadrados de construcción dentro del predio y elevó el valor fiscal a 3 millones 403 mil 410.98 pesos. A partir de esa actualización, el impuesto cambió de 413 pesos anuales a 1,021 pesos por bimestre.
Esa nueva cuota equivale a 6 mil 126 pesos al año. El recibo actualizado marcó el reconocimiento formal de las edificaciones en los documentos tributarios del municipio de Silao, luego de un largo periodo en el que la finca apareció como si estuviera vacía.
Según la propia cronología del caso, ya existía un avalúo con fecha del 19 de septiembre de 2025, aunque sus efectos fiscales no se reflejaron de inmediato. La modificación catastral quedó asentada hasta octubre, después de la publicación del reportaje periodístico.
El valor declarado y el valor pagado
La investigación también exhibe la distancia entre el valor de la finca y el predial efectivamente cubierto. Un avalúo presentado por la gobernadora, realizado en marzo de 2024, fijó el precio del inmueble en 8.9 millones de pesos.
Ese mismo año, sin embargo, el predial pagado ante el municipio fue de apenas 412.81 pesos. El documento valuatorio atribuyó a tres construcciones un valor conjunto de 8 millones 526 mil 998.40 pesos, aunque organizaciones locales cuestionaron que el cálculo omitiera diversas amenidades visibles en el lugar.
Integrantes de Silaoenses Unidos Contra la Corrupción señalaron en rueda de prensa que el avalúo no incluyó dos canchas deportivas, la alberca techada ni el área de juegos infantiles. Sostuvieron que, de incorporar esos elementos, el valor total del inmueble sería mayor.
La denuncia pública
El abogado Rogelio Santoyo Guevara, integrante de Silaoenses Unidos Contra la Corrupción, revisó los documentos y sostuvo que la secuencia administrativa muestra inconsistencias prolongadas en el registro fiscal de la propiedad campestre de la gobernadora.
“La actualización catastral se aplicó hasta finales de 2025 y después se registraron variaciones poco claras en la tasa del impuesto. La secuencia bimestral, quinto bimestre sin construcción y regularización posterior, resulta técnicamente incongruente”, señaló.
También afirmó que esa línea temporal genera dudas sobre la oportunidad y consistencia del proceso administrativo. Su observación se apoyó en la coexistencia de imágenes satelitales, recibos de pago y registros catastrales del municipio de Silao.
La respuesta oficial del Gobierno de Guanajuato
Tras la publicación del reportaje, el área de Comunicación del Gobierno de Guanajuato respondió a un cuestionario enviado por MCCI. La postura oficial fue que la actualización del valor fiscal no era atribuible a la gobernadora, sino al procedimiento municipal.
La administración estatal citó el artículo 172 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. De acuerdo con esa norma, una vez concluida una obra, la autoridad municipal debe ordenar el avalúo correspondiente para determinar la nueva base gravable del impuesto predial.
Según esa explicación, la actualización no ocurre mientras la obra está en proceso, sino cuando la autoridad realiza el avalúo y notifica formalmente el nuevo valor catastral al contribuyente. Solo a partir de ese momento entra en vigor la nueva base para el cobro del impuesto.
El Gobierno de Guanajuato sostuvo que el aviso de terminación de obra fue expedido por la autoridad municipal el 12 de enero de 2024. Por ello, argumentó, el pago del 19 de enero de ese año se cubrió con el valor catastral que seguía vigente en el registro municipal.
Sobre la permanencia del predio con cero metros construidos hasta septiembre de 2025, la respuesta oficial indicó que el avalúo fiscal y la notificación del nuevo valor son facultades administrativas del municipio, no de la titular del Ejecutivo estatal.
“El momento en que se concretó la actualización del valor fiscal no es atribuible a la C. Gobernadora del Estado”, respondió el gobierno. Añadió que la mandataria “cumplió con informar oportunamente la terminación de la obra” y pagó conforme a los montos fijados por la autoridad municipal.
La administración estatal también puntualizó que el impuesto predial se calcula con base en el valor fiscal del inmueble y no con base en su valor comercial. Bajo ese criterio, defendió que el cobro de 2025 se determinó cuando el valor actualizado quedó formalmente asentado.
AAK
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