Guanajuato.- La fracción de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local propuso fortalecer el registro de deudores alimentarios del estado, para que no solo exista, sino que funcione.
Este miércoles, durante una mesa de trabajo de la Comisión de Justicia, la diputada Sandra Pedroza propuso que dicho registro ya no lo opere el Registro Público de la Propiedad, sino el Registro Civil del Estado, para que sea tratado como un tema de protección de derechos y no como un asunto patrimonial. También planteó que haya sanciones para las personas morosas.
De acuerdo con la diputada de MC, se busca fortalecer el registro de personas deudoras alimentarias morosas “porque actualmente hay un registro que ya existe, pero las estadísticas nos dan a entender que no funciona. No se están registrando a las personas deudoras alimentarias de manera adecuada”.
El objetivo de la bancada naranja es crear la Ley del Registro de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, para establecer con claridad las coordinaciones y atribuciones de cada dependencia involucrada.
Pedroza aclaró que el Registro Público de la Propiedad seguiría participando por el tema de los bienes.
Me parece que esas preocupaciones vienen por no haber un apartado donde se establecen, precisamente, las atribuciones de todas las autoridades. Es un tema de fortalecimiento institucional que busca garantizar el interés superior de las infancias, particularmente en lo correspondiente a su derecho a los alimentos”.
Señalan subregistro
Durante la mesa de trabajo se reveló que en este registro hay apenas 105 personas inscritas: 102 hombres y tres mujeres, pese a que existen miles de denuncias y reportes.
“Entre todo esto, suman miles y miles, y resulta muy ilógico que solamente haya 105 personas en el registro”, cuestionó.
Ante la resistencia de representantes de la Fiscalía General del Estado y del Poder Ejecutivo para crear la ley de personas deudoras alimentarias, Sandra Pedroza respondió que esta iniciativa, como muchas otras que se presentan, tiene áreas de oportunidad.
“Hubo coincidencia en que es viable, y esas resistencias van enfocadas a esfuerzos, a esfuerzos administrativos, a esfuerzos económicos. Pero me parece que en un tema que se refiere a protección de niñas y niños, las erogaciones, los esfuerzos, no son un gasto ni un derroche, son una inversión”, acotó.
Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano resaltó que se han hecho diversos esfuerzos en la materia y se ha dejado claro que no se pueden restringir derechos. Indicó que, en términos generales, se coincide con lo expuesto, pero señaló que no se cuenta con un estudio de impacto presupuestal y que debe analizarse la posibilidad de aplicar restricciones.
Sobre la propuesta de impedir que quienes se encuentren en el registro puedan obtener licencias y permisos de conducir, o participar en procedimientos de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos o servicios, Bermúdez Cano señaló que debe considerarse que limitar estos derechos podría impedir que el deudor alimentario acceda a una forma de trabajo y, con ello, coartar su capacidad para cumplir con la obligación de proveer alimentos.
AVG
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