Perspectiva
Cuando los números no dan.
Uno de los negocios más florecientes para los políticos son las concesiones. Todo comenzó cuando la alta burocracia comprendió que era más caro operar y administrar con empleados públicos que delegar tareas a particulares.
Sobran ejemplos de las enormes fortunas que se crearon al amparo de las concesiones que se otorgaban y se otorgan los políticos a sí mismos a través de compadres prestanombres. Incluso antes no había siquiera rubor de los negocios. Uno de los más ilustrativos fue Carlos Hank González. Con su inteligencia y carisma político, no solo hizo un gran obra sino que tuvo acceso a contratos de distribución con PEMEX y toda clase de concesiones de construcción y un mundo de negocios alrededor del poder. Hoy sus herederos son parte de las 10 familias más ricas del país. Acuñó la frase de triste memoria: “un político pobre es un pobre político”.
Las cosas no cambiaron mucho con el paso del tiempo y la población se enteraba solo de rebote de la corrupción y los usos del poder. Cuando José López Portillo estrenó una casa descubierta por la revista Proceso, la gente la conoció como la “Colina del Perro”. Un complejo en Cuajimalpa que le había construido como “regalo” el propio profesor Hank González. Para López Portillo era asunto normal. Casi un derecho. Entonces se especulaba que el ex presidente habría robado unos 2 mil millones de pesos, pero nunca se supo de mayor fortuna aparte de su colina.
Entre la alta burocracia era y es socialmente aceptable repartirse los bienes públicos y concesiones a la vista de todos sin que pase nada. Luis H. Ducoing, cuando gobernador del estado, sustrajo de los bienes públicos una fortuna y tuvo el descaro de “regalar” La Casa Colorada en Guanajuato a Luis Echeverría. La sinvergüenzada estaba oculta en la infame Universidad del Tercer Mundo. Un cuento del viejo Echeverría para robar. Al tiempo la vendió y se empacó dos millones de dólares que eran de guanajuatenses.
Hoy nos podemos enterar de casi todo si revisamos por “transparencia” los contratos y las concesiones, sus precios y la forma de adjudicarlos. No fue difícil descubrir el modus operandi de Bárbara Botello cuando llegó a la presidencia de León. Facturas balín, empresas fantasmas, concursos desiertos que luego se convertían en concursos asignados en directo con sobreprecio; contratos cocinados con anticipación en simulación fantástica donde los más egregios constructores se convertían en cómplices. Era tanto el abuso de tantos funcionarios, que brotaba como pus en un cuerpo descompuesto. El ejemplo cundía. Nadie decía nada.
Tampoco fue complicado enterarnos de las compras de Juan Manuel Oliva, que le dejaron riqueza suficiente para construir vivienda con mordidas a la luz del día. Es tanta su impunidad que un buen día compró una casa con fondos públicos junto a am al doble de precio con el solo objeto de lastimar. El propio Héctor López Santillana firmó la escritura de compra que no tenía el menor sentido de utilidad pública.
Pero, ¿por qué los diputados de oposición, los observatorios ciudadanos y toda una burocracia que pagamos para revisar el gasto no dice ni hace nada?
Si con la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto comenzó la caída del PRI y su casi defunción, ¿por qué en Guanajuato no pasa nada con todo lo que vemos y sabemos es abuso o negocio de compadres?(Continuará)