Bogotá.- El pedido de una congresista para que el presidente Gustavo Petro sea suspendido de su cargo temporalmente ha causado una polémica en Colombia y discusiones jurídicas sobre su alcance, al tiempo que fue rechazado por el propio mandatario.
En el documento se solicita que Petro sea suspendido hasta el 21 de junio, día en que se celebrará la segunda vuelta presidencial entre el oficialista Iván Cepeda y el conservador Abelardo de la Espriella, en medio de una investigación disciplinaria por presunta participación indebida en política.
La investigación se refiere especialmente a publicaciones en X en las que Petro hizo referencia a los candidatos o usa expresiones como “el gato/tigre seguirá cazando ratones”, en lo que parece una alusión a De la Espriella, quien se apoda “El Tigre”.
El documento divulgado el miércoles por la prensa local fue firmado por Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes con funciones judiciales y encargada de tratar las denuncias contra el presidente y otros aforados. Arizabaleta pertenece al oficialista Pacto Histórico.
Petro dijo que la congresista que intenta suspenderlo le hace oposición —pese a ser de su ala política— y negó haber “hecho intervención en política”, en declaraciones a la prensa en Nueva York, donde llevó a cabo una exposición ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Agregó que sus menciones a De la Espriella son para defender su “buen nombre”, porque el candidato quiere acusarlo frente a la justicia estadounidense.
Jorge Alejandro Ocampo, congresista miembro de la Comisión, aclaró en un video divulgado a la prensa que “no hay ninguna decisión tomada contra el presidente” por lo que continúa en funciones. Aseguró que la Comisión se reunirá el miércoles, pero indicó que el documento no está en la agenda a discutir.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la medida al argumentar que jurídicamente la Comisión no tiene la potestad por sí sola de suspender al presidente del país, menos aún cuando es un pedido de una sola congresista. “Sólo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara (baja) actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente”, explicó en la red social X.
En el mismo sentido se pronunció el expresidente Iván Duque (2018-2022), opositor al gobierno de Petro, quien recalcó que un congresista no puede suspender al presidente.
A su vez cuestionó que un pedido de ese calibre coincida con la campaña electoral. “¿Qué se busca? ¿Un mecanismo de victimización para que Petro intervenga de manera más vulgar en las elecciones?”, publicó en X.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry dijo a The Associated Press que la suspensión puede proceder al aplicarse el “código disciplinario al control político”, pero debe someterse a consulta ante la Comisión reunida con todos sus miembros, quienes pueden revocar o confirmar la decisión en busca de garantizar el debido proceso.
Para mí es un hecho sin antecedentes de una comisión que casi nunca hace nada y nos sorprende con…una medida cautelar, no una sanción”, agregó Charry.
De la Espriella, abogado simpatizante del presidente estadounidense Donald Trump y del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, coincidió en que la Comisión no puede suspender al presidente en funciones y agregó en un comunicado, sin enseñar pruebas, que se trata de una maniobra de Petro para “robar las elecciones”.
Petro dijo ante el Consejo de Seguridad que sería su última intervención como presidente, dado que está prohibida la reelección en su país. “Se ha dicho que voy a permanecer en mi gobierno por fuera de la Constitución de Colombia, no es así”. Luego reprochó a Trump por dar su apoyo explícito a De la Espriella y aseguró que lo hizo “rompiendo su Constitución”.
Según el procedimiento estipulado en las normas colombianas, en la Comisión de Investigación y Acusación los congresistas que la integran deben decidir si archivan las causas o si presentan un proyecto de acusación contra el presidente ante el pleno de la Cámara de Representantes. Ahí se estudia la acusación y, si es aprobada, se traslada al Senado que se encarga de enjuiciarlo.
Ese proceso de juicio político, en caso de completarse, tendría como última consecuencia la destitución presidencial, tras la cual, el Senado puede remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia para que lo investigue judicialmente.
JRL
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