Un tribunal federal echó abajo en forma definitiva la primera sentencia condenatoria que había sido dictada en el caso de la Estafa Maestra.
Se trata de una condena de seis meses de prisión y una multa de 2 mil 103 pesos impuesta en 2023 a Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros de la desaparecida Sedesol.
En primera instancia, un juez federal halló culpable a la ex funcionaria por haber pagado en forma ilegal 7.8 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), pero el castigo ya fue revocado.
Ahora el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ha puesto el punto final en el asunto, al negar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el amparo con el que pretendía que la acusada nuevamente fuera declarada culpable y condenada.
Por unanimidad, los magistrados absolvieron a Montoya porque estimaron que el juez responsable del juicio modificó los hechos para sentenciarla a seis meses de cárcel.
El tribunal llegó a esta conclusión porque la FGR acusó a la ex funcionaria de pagar ilegalmente una factura y el juez la condenó por el hecho de otorgar una autorización de contenido económico.
“El ‘pagar’ y el ‘otorgar autorización para pagar’ implica la actualización de hechos diferentes, tan es así que cada una de esas hipótesis tiene prevista su propia descripción legal, pero al estimar el juez que los atribuidos a la justiciable cuadran en la segunda de ellas, modificó la base fáctica establecida en la acusación, lo que atenta contra los principios de división de funciones o acusatorio, con el de imparcialidad y de defensa”, sentenció.
Montoya fue acusada en este juicio de pagar ilegalmente la factura 3624, serie A, del 5 de junio de 2015, por un monto de 7 millones 850 mil 140 pesos, los cuales eran parte de un convenio en el que la Sedesol pagó un total de 60 millones 952 mil 400 pesos a la UNACH.
El contrato en cuestión había sido suscrito para que la Universidad constituyera unos comités comunitarios que iban a instrumentar proyectos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
La FGR acusó de ilegal este pago porque en principio el servicio no fue prestado, no hubo una solicitud del área usuaria o requirente y el oficio de proveedores fue elaborado el 21 de septiembre de 2015, es decir, 100 días después del depósito.
Montoya también libró el proceso en el que pagó 400 millones de pesos en 2015 a la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), que a su vez subcontrató a Productos Serel, una empresa de Grupo Kosmos de Jack Landsmanas Stern y tiene pendiente uno más de 20 millones a la Universidad Politécnica de Quintana Roo.
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