CDMX.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos anunció sanciones contra una red de fraude relacionada con los tiempos compartidos y vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La estructura criminal opera principalmente en Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit.
Las medidas incluyen al complejo turístico Kovay Gardens, situado en La Cruz de Huanacaxtle, así como a cinco personas y 17 empresas mexicanas.
Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el CJNG utiliza estafas de tiempo compartido para victimizar a ciudadanos estadounidenses y obtener beneficios ilícitos.
Kovay Gardens es señalado por utilizar tácticas deshonestas, como llamadas automáticas y prácticas de venta engañosas.
También fue sancionada la firma Administradora y Comercializadora del Mar, que procesa reservaciones para el complejo controlado por el cártel.
Entre los sancionados destacan Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador de Kovay Gardens; Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas“; y José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolin“, vinculado familiarmente con Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho“.
Se señaló a Jonathan Faustino Ríos González y José Eduardo Palacios Rodríguez como operadores de salas de venta agresiva para los tiempos compartidos DEL CJNG.
La red empresarial de Rivera Miramontes abarca 13 compañías en sectores turísticos, inmobiliarios y financieros. Tales como Punto 54, High Land Park, Ornitorrinco Inmobiliaria y la gasolinera Solugas. El FBI estima que unas 6 mil víctimas estadounidenses perdieron casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 por estas estafas.
Tan solo en 2024, se recibieron casi 900 denuncias con pérdidas superiores a los 50 millones de dólares. No obstante, las autoridades advierten que las cifras podrían ser mayores, ya que muchas víctimas no denuncian por vergüenza ante el fraude.
Bloquea UIF cuentas de 7 hombres vinculados al CJNG
De manera complementaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales. Son seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación de tiempos compartidos vinculados con el CJNG.
La acción anunciada por el Departamento del Tesoro se inscribe en los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional. Particularmente en zonas turísticas del occidente del País, incluyendo Jalisco y Nayarit”, dijo Hacienda en un comunicado.
En el ámbito nacional, resaltó, la UIF ha desarrollado análisis financieros, fiscales y corporativos respecto de los sujetos involucrados. Identificando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del País.
De este modo, la ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación internacional como las implementadas a nivel nacional, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos, explicó.
Hacienda dijo que también se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República. Por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a sus atribuciones legales.
“La SHCP, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales. En apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional”, comentó.
AM
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