El Partido Verde y sus legisladores han gastado al menos 462 millones de pesos en más de 192 mil spots transmitidos por TV de la campaña “Verde Sí Cumple”, denunció ayer Pablo Gómez, representante del PRD ante el INE.
Debido a que el Verde habría rebasado el tope legal de recursos para promocionar los informes legislativos, el partido del sol azteca presentó una nueva queja ante el INE para solicitar que se suspenda la transmisión de los mensajes.
De continuar con esta campaña, advirtió Gómez, hasta que arranquen las campañas rumbo a los comicios de 2015, los spots contratados por el Verde en Televisa y TVAzteca podrían representar un gasto superior a los mil 238 millones de pesos.
Si se suma el dinero que anualmente reciben las bancadas del PVEM y las dietas completas de sus 28 diputados y siete senadores, llegarían a casi 150 millones de pesos, una décima parte de lo gastado.
El artículo 134, apuntó el perredista, establece que los informes de servidores públicos se deben financiar con recursos públicos.
“El Verde va a tener que responder por estos spots ilegales, por la propaganda personalizada; va a tener que responder en materia de fiscalización y ante las autoridades administrativas del Poder Legislativo porque está haciendo el gasto a nombre de los diputados.
“Es evidente que la campaña debió detenerse, la negativa está haciendo mucho daño al proceso electoral”, afirmó Gómez.
Por considerar que se trata de un fraude a la ley, el PRD y otros partidos como MC y Morena ya habían presentado quejas contra la campaña “Verde Sí Cumple”.
Sin embargo, el Consejo General del INE y el Trife rechazaron dictar medidas cautelares, con el argumento de que los informes legislativos estaban dentro del marco legal.
Además, la Unidad de lo Contencioso del INE, que debería haber integrado el expediente de la queja en siete días a más tardar para enviarlo a la Sala Especializada del Trife en el Proceso Especial Sancionador, lleva ya 47 días sin turnar el caso.
Gómez anunció que también presentó ante la Contraloría del INE una queja administrativa contra Carlos Alberto Ferrer Silva, titular de la Unidad de lo Contencioso.