México y Estados Unidos tienen serios problemas con el intercambio de información sobre el tema de tráfico de armas porque de este lado de la frontera se considera que la contraparte no practica la reciprocidad.
En un documento interno de la PGR se establece como directriz negar las solicitudes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de EU para interrogar a detenidos en México por este delito, pues los estadounidenses tampoco se lo permiten a las autoridades mexicanas.
“Se sugiere señalar la imposibilidad de atender la petición de los Estados Unidos, toda vez que no hay una reciprocidad de los Estados Unidos, debido a que se ha detectado lo siguiente:
“La SEIDO ha señalado que cuando un comprador de armas múltiple se encuentra bajo investigación o arresto en los Estados Unidos, en la mayoría de los casos, no hay posibilidad de entrevistar al sospechoso o detenido.
“Asimismo, cuando es reciente la fecha de compra de un arma en los Estados Unidos, respecto de su aseguramiento en México, no se tiene la posibilidad de contar con asistencia inmediata de los Estados Unidos para localizar a dichos compradores”, dice el documento de 2014.
En los últimos meses, la Procuradora Arely Gómez y el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Felipe Muñoz Vázquez, se reunieron en privado con el entonces Embajador Anthony Wayne para destrabar este problema.
Sobre un encuentro que sostuvieron el 29 de mayo de 2015, el tono de los funcionarios mexicanos ante Wayne fue más diplomático, según el documento.
“Se hizo del conocimiento del Embajador Wayne que los trabajos en este tema están atrasados, por lo que sugirió mayor colaboración en el desahogo de las asistencias jurídicas solicitadas por México a los EU.
“El titular de la SEIDO insistió en la relevancia que tiene la colaboración de los EU, consistente en que se pueda entrevistar a los detenidos en ese país, lo que permitirá fortalecer las indagatorias que tiene en proceso la SEIDO”, dice el texto.
Pese a lo anterior, el documento consultado establece que para la Procuraduría General de la República la atención de las asistencias jurídicas solicitadas a los Estados Unidos sobre tráfico de armas son muy lentas.
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