El Secretario de Turismo de nuestro país, seguramente convencido, como hay muchos, de que el combate al narcotráfico y específicamente al cultivo, uso y tráfico de mariguana está perdido y que esa actividad es la que provoca el alto índice de violencia en casi todo el territorio mexicano, propuso la conveniencia de “legalizarla” cuando menos en dos estados de la república Baja California uno de ellos y Quintana Roo el otro, para de esa manera disminuir esa violencia y evitar que en los centros de turismo existentes en esas entidades disminuya la afluencia de turistas por el temor a esa situación. Parece, pues, que ante la imposibilidad de que las autoridades estatales, municipales y federales puedan pacificar esos territorios aplicando la ley a los integrantes de las bandas de delincuencia organizada, sobre todo en lo relativo el narcotráfico, propone unirse a ellos y que, deje de ser delito que los particulares se dediquen a la producción de mariguana o cuando menos que puedan consumirla no sólo para efectos medicinales sino también de placer.
Sorprende esa declaración. Si bien, el autor de la misma dice haberla hecho a título personal, el tema nada o muy poco tiene que ver con sus funciones, pues está considerado como de seguridad no solamente pública sino incluso nacional. Dice que la hace teniendo en cuenta el peligro de que el turismo se afecte. Pero no deja de ser raro que teniendo en cuenta cómo funciona el sistema político mexicano, específicamente en el ámbito presidencialista, el funcionario referido haya hecho esa declaración sin, aparentemente, consultar, ya no digo al el propio Presidente del país, pero ni siquiera con los encargados de la seguridad pública y de la salud en México. Ello, máxime, que el presidente Peña Nieto se ha mostrado renuente a lo que ahora sugiere el secretario de turismo. ¿Habrá en ella algo oculto que esté vinculado a la situación electoral o a la economía? La pregunta surge por qué es evidente que el problema del narcotráfico y de la violencia no se centra ya en la mariguana, pues realmente ésta ha pasado a segundo término sobre todo ahora que el principal lugar de consumo – Estados Unidos- ya la produce en distintos lugares de su territorio sin ningún obstáculo legal. En este momento, dicen los expertos, lo fuerte son otras drogas que se llevan desde México a aquel país, algunas producidas aquí. Por tanto, es evidente que la pelea por los territorios que los cárteles han estado sosteniendo desde hace años no cesara. No creo, por otra parte, que al secretario de turismo verdaderamente le importe la cuestión de si la mariguana es menos nociva que el alcohol y que en todo caso es un derecho de libertad de decidir sobre su consumo, puesto que con ello no se causa daño a otros, ni mucho menos el aspecto de si permitir el consumo indiscriminado de esa sustancia puede causar, en mediano o largo plazo, daño a la sociedad; como tampoco parece tener en cuenta que se trata de un delito federal que involucra a todo el territorio, por lo que sería difícil justificar por qué en algunos estados si podría consumirse mariguana aún para efectos “lúdicos” y en otros no, puesto que en esencia la violencia está en casi todo México. Curiosamente, aquí podría decirse sin mucho exagerar que se violaría el derecho individual de igualdad en cuanto a la posibilidad de consumir la mariguana.
Hablando de violencia. En el estado de Guanajuato, quizá de un año para acá, pero sobre todo en las últimas semanas, la delincuencia ha aumentado de manera muy considerable, casi en todos los órdenes. Pero lo que más impacto causa es que el número de homicidios violentos se ha incrementado de manera muy, pero muy, preocupante. Las autoridades ante los últimos reclamos de la sociedad han insistido en lo que han dicho en diferentes ocasiones. Que las reformas al sistema penal han incrementado los delitos y violencia pues muchos de los que son detenidos como presuntos delincuentes son rápidamente puestos en libertad porque no se le sujeta a proceso o por qué no se aplica la medida de prisión preventiva y vuelven a cometer delitos. Que en consecuencia hay que agravar penas y extender la prisión preventiva. Esas afirmaciones, que ya arrastran a muchos, no tienen base real ni pueden ser tomadas seriamente, pues no hay ningún dato estadístico que nos diga cuántos de los que se han puesto en libertad por las razones señaladas han vuelto a delinquir. Si las autoridades tienen esa estadística bueno sería que la dieran a conocer. También se afirma que la mayoría de los delitos son federales y que son esas autoridades las que no los atienden. Ciertamente, una gran parte lo son, pero también hay muchos que pertenecen a la jurisdicción local y que tampoco son investigados, como son los robos, secuestros, extorsiones y también bastantes homicidios. Delitos que en realidad son los que mantienen la percepción de inseguridad de la ciudadanía.
Creo que no son aceptables esas excusas y lo único admisible serían buenos resultados. Aquí podría aplicarse una frase atribuida a la Madre Teresa: No hables de los dolores del parto; presenta al niño.
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