Cuando en una familia los hijos no cumplen con las indicaciones que los padres les dan para lograr que en el futuro sean personas responsables, seguramente que buscarán los medios pertinentes para que lo que quieren de aquellos pueda realizarse. Analizarán si esas indicaciones son las pertinentes y si están al alcance de aquellos conforme a sus circunstancias particulares. Harán pues las modificaciones necesarias para obtener las metas que se han propuesto en la educación de sus hijos. Cuando en una empresa las cosas no marchan bien los directivos modificarán lo necesario para que la situación cambie para bien. Si es indispensable contratarán nuevo personal o si no está ahí el mal pues seguirán nuevas estrategias de producción o de ventas de sus productos. Pero en ambos casos es seguro, que si en un tiempo prudente las cosas no se componen habrán de implementar nuevas soluciones. Es claro que no se quedarán esperando indefinidamente a que la situación mejore.
Fue en el sexenio de Felipe Calderón cuando, ante el desbordamiento de la violencia en varios estados de la República, pero sustancialmente en Chihuahua y Michoacán, aquél tomó la determinación de suplir la ineficacia de las policías y en general de los cuerpos de seguridad civiles llamando al Ejército para que los apoyara y en algunos casos los sustituyera. Pero tener a los militares en la calle haciendo labores de policía no sirvió de gran cosa, pues el ejército no estaba capacitado para su nueva tarea dada su estructura y limitaciones legales, pero además porque es evidente que las tácticas y estrategias policiales no son las mismas que en casos de guerra. Se contuvo pues en cierta medida la violencia de los grupos armados como parte de la delincuencia organizada, pero no fue suficiente. Cuando entró el actual presidente Peña Nieto se dijo que pronto o quizá en un plazo mediano, el ejército volvería a los cuarteles y a realizar las labores propias del mismo. Pero eso tampoco sucedió, no obstante que se dio mayor capacitación al ejército para el desempeño de sus nuevas tareas y se le dotó también de armamento que no desmereciera ante el que tienen los delincuentes. La realidad es que esa violencia siguió y llegó a otros estados o regiones de nuestro país que antes no la tenían, o que si bien existía era realmente baja. Como consecuencia el ejército sigue las calles aún en mayor número y no tiene para cuando regresar a los cuarteles, porque si lo hace esa violencia sería aún mayor, pues las policías que debieron haber sido preparadas y suficientes, según se dijo hace años que lo iban que iban a ser, tampoco lo son en la actualidad. Incluso las policías federales que se aumentaron en efectivos, elementos tecnológicos y armamento no han dado el resultado apetecido, mucho menos las policías municipales o estatales. Si nos atenemos a que los elementos materiales que ahora tienen el ejército y las policías federales supera al que tienen los delincuentes y que también los superan en número según lo que se ha publicado en los periódicos, la pregunta que surge es ¿por qué no se gana la batalla al crimen organizado fundamentalmente, pero también a los delincuentes locales? La respuesta no puede ser otra, sino que la estrategia no ha sido la correcta y que, aunque ha habido algunos cambios en los mandos la estrategia sigue siendo la misma. Lógico es preguntar por qué no se cambia; pero también, si los mandos que, desde hace años, con algunas modificaciones, permanecen en sus puestos y sostienen esa estrategia que no da resultado por qué siguen ahí. ¿Qué no habrá en México personas capaces de sustituirlos? ¿Qué es lo que produce su casi inamovilidad? Realmente es inexplicable, cuando menos para mí, cómo es posible que el estado mexicano en su conjunto no haya podido hacer que las bandas del crimen organizado vuelvan a la clandestinidad y dejen la violencia no sólo entre ellos, sino sobre todo en contra de los habitantes de nuestro país, pues es evidente que los recursos que el Estado puede destinar son superiores a los del crimen organizado, no obstante, los miles de millones que recibe por su actividad. Parece urgente cambiar de estrategia y de hombres que la pongan en práctica.
No pueden seguirse perdiendo vidas y recursos. Sin embargo, quienes pueden decir ¡ya basta! no se deciden a hacerlo.
Cambio de tema. -En Guanajuato, siguiendo a otras entidades, quieren suprimir del Código Penal los delitos de difamación y calumnia, clásicamente conocidos como delitos contra el honor. Se dice que las víctimas podrán en la vía civil reclamar la correspondiente indemnización, es decir el pago de los daños y perjuicios que se les haya causado. Se pretende reducir, pues, la lesión al honor de las personas a una cuestión monetaria, meramente individualista. ¿Será la lesión al honor de interés sólo por dinero en los tiempos actuales? Los casos de difamación y calumnia en los tribunales son realmente escasos. Los hechos que los tipifican sí abundan en las redes sociales.
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