Préstamo en puerta

Las obras no llegan

El Gobierno del Estado alista la solicitud de deuda por 5 mil millones para proyectos de infraestructura.
La alerta de recesión del sector constructor apresura la decisión que estaba tomada sobre la conveniencia de solicitar un préstamo y ejecutar obras que hoy no tienen recurso Estatal ni Federal.
Todavía no se define la fecha para que el Ejecutivo envíe la solicitud formal al Congreso del Estado, ni el destino del recurso, pero lo más probable es que se haga apenas arranque el periodo ordinario de sesiones del segundo año de la Legislatura, es decir, después del 25 de septiembre.
Al cierre de marzo Guanajuato tiene un endeudamiento de $5 mil 112 millones. Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y para las calificadoras internacionales, tenemos finanzas sanas.
La estimación de la Secretaría de Finanzas, que comanda Héctor Salgado Banda, es que un endeudamiento de entre 5 mil a 6 mil millones de pesos no pondría en riesgo la estabilidad financiera.
Los proyectos saldrán de los que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez gestiona directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además de otros que la Secretaría de Infraestructura del Estado presentó para concurso ante la Federación. De ambas vías no llega un peso.
De los proyectos que gestiona Diego en la Federación están: los puentes vehiculares Téllez Cruces e Hilario Medina en su cruce con Libramiento Morelos (de la Vía Rápida Bicentenario), León; el distribuidor Santa Fe, segunda etapa, en la Capital; puente Eje León-Silao con bulevar la Luz, en León; paso deprimido Cuarto Cinturón Vial, Irapuato; ampliación de Libramiento Empalme Escobedo, Comonfort.
Punto aparte es la autopista Silao-San Miguel de Allende, la cual el Estado pidió a la Federación la cesión de la concesión y los derechos de vía para hacerse cargo de su construcción, y nada se concreta.
Mientras que de los proyectos que concursaron por bolsas federales (sin éxito hasta hoy) están los de la modernización de la carretera Silao-San Felipe y de la carretera Acámbaro-Salvatierra. También la modernización del entronque a desnivel en la carretera federal 45 ramal a Comanjilla, en la León-Silao.
Otras más son reconstrucciones de carreteras regionales: Silao-Santa Rosa-Manuel Doblado; Malvas-San Juan Temascatío, en Irapuato; carretera E Pueblito-Coroneo; Jerécuaro-El Clarín, entre otras.
En la inminente nueva deuda se revisa considerar inversión en el rubro de la infraestructura básica para las zonas Impulso Social. Hay que recordar que este año esos polígonos pasaron de 339 a 429.
Otra necesidad de presupuesto -por al menos $300 millones- es lo que se requiere para rehabilitar el inmueble del Hospital de León, que dejará de funcionar en la calle 20 de Enero, y poder darle el uso que se tiene proyectado, que es para un Centro de Trauma. Pero no se tiene todavía ese recurso.
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2014 aprobado en la Cámara de Diputados tampoco es claro respecto a los proyectos de infraestructura regionales y estatales, es más bien un mensaje político. En su discurso del Zócalo AMLO prometió, otra vez, retomar el proyecto de El Zapotillo, que días antes acordaron los gobernadores de Guanajuato y Jalisco empujar para que el Presidente cumpla su palabra.
Un indicador de que sí hay un problema con la inversión pública es que la Secretaría de Infraestructura del Estado, que encabeza el jalisciense Tarcisio Rodríguez, contrató este año 530 millones de pesos estatales, cuando en el primer semestre del año pasado el monto era por 1 mil 663 millones de pesos. Si lo comparamos con otro arranque de sexenio, como fue en el 2013, eran 646.8 millones de pesos.
Al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,  el celayense Javier Padilla Guerrero, no le quedó de otra que salir a exponer la preocupación de sus asociados: “No habíamos tenido recesión así desde 2013, en seis años la industria había tenido un comportamiento positivo, altibajos como siempre, pero nunca en dos trimestres consecutivos como lo reporta el Inegi”, dijo.
Diego señala un recorte de 12 mil millones en fondos federales, entre ellos para infraestructura.
En el Presupuesto de Egresos del Estado para 2019 la hoy Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad recibió menos recurso a lo que ejercía la anterior Secretaría de Obra Pública. En 2018 la asignación inicial fue de 1 mil 992 millones de pesos y para 2019 de 1 mil 437 millones.
El dinero se destina principalmente al mantenimiento carretero y queda muy poco para nuevas obras.
También está el caso del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato que pasó de 1 mil 025 millones de pesos en su presupuesto inicial 2018 a 461 millones 989 mil pesos para 2019.
Hay pues recortes federales evidentes que están golpeando al sector, e incertidumbre en el futuro.
En lo que toca al presupuesto estatal 2019 la ejecución de infraestructura no tuvo la más alta prioridad, el dinero fue para seguridad y justicia, como desde un principio lo dejó claro el Gobernador.
Diego estuvo con los socios de la Construcción en su foro de noviembre 2018, en Puerto Vallarta, Jalisco. Ahí realizó un compromiso que ahora deberá de cumplir: “Vamos a invertir más en infraestructura”.
Esa vez anunció que “cocinaba” un novedoso esquema para aprovechar los millonarios fondos de pensiones de los trabajadores que administra el ISSEG en el desarrollo de proyectos de infraestructura.
“Son 14 mil millones de pesos que tenemos de pensiones invertidos en Cetes, Bolsa, Papel, que traen un rendimiento de 4 ó 5% real cuando, si lo ponemos a trabajar en un Puerto Interior II, en obras de logística, en una carretera, podemos generar mucho mayor riqueza, ganancia para los pensionados y generar empleos”, afirmó el 8 de noviembre. Luego de eso la idea no termina por aterrizar.
La solicitud de deuda es pues inminente, lo mismo que su aprobación. La oposición (o algunos) lo rechazarán y será oportuno aprovechar para arrancar al Estado compromisos con la austeridad.

Tarifa, viene lo bueno

Las cartas están sobre la mesa en la negociación de la tarifa del transporte público. Es hora de decidir.
Hay tres posturas: de los transportistas con peticiones de incrementar la tarifa en efectivo de $11 a $14, con la tarjeta PagoBus de $9.50 a $12.50 y la preferencial de $4.20 a $7. El Municipio plantea el ajuste en $12, $11 y $5.20, en cada una de las tres tarifas. Y para la oposición es un rotundo “no” a la alza.
La Comisión Mixta Tarifaria tendrá que fijar una postura, aunque la última palabra la tiene el Cabildo.
El director general de Movilidad, Luis Enrique Moreno, asegura que de esa propuesta no se mueven. Entre la oposición temen que ambas posturas polaricen para luego llegar a un punto medio de “ajuste”.
El alcalde Héctor López ha sido el ausente en las reuniones de la Comisión que por reglamento preside.
El secretario del Ayuntamiento, Chuy López Gómez, ya se enfrentó con la oposición por impedirle el uso de la voz al regidor tricolor, Poncho Orozco, quien no es integrante de esa Comisión, pero sí es un integrante del máximo órgano colegiado y, si bien ahí no tiene voto, es un exceso impedirle hablar.
 La revisión de tarifas despierta siempre a la débil oposición a quien los transportistas, en voz de Gustavo Ascencio, acusan de “querer sacar raja política” y les reprochan no estudiar sobre transporte.
El presidente de Transportistas Coordinados de León, David Villaseñor, le pone picante: “Tiene razón la ciudadanía,  tampoco queremos incremento, no queremos que nos suban el agua, la luz, las tortillas, el aguacate que últimamente ha subido muchísimo, pero estos se regulan por otro tipo de factores”.
El representante panista, el regidor Chava Sánchez, jura que no es defensor de los empresarios, tampoco el malo de la película por estar de lado del partido gobernante, decidirá con responsabilidad.
El Consejo Ciudadano de la Contraloría Social invita en redes sociales a dar propuestas del servicio.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) también se pronunció en la semana para demandar que la negociación y decisión se tome con garantía total de transparencia.
La efervescencia del tema revive la idea de contar con un Observatorio de Movilidad en León en el que participen autoridades, transportistas, organizaciones civiles, usuarios, sociedad civil que le interese aportar. Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, empuja el proyecto.
Está claro que hay un incremento en los costos de todos los insumos desde el último tarifario de diciembre de 2016, pero falta transparentar la famosa “utilidad razonable” que marca el Reglamento de Transporte.
Palomean sus avances en el cumplimiento de los compromisos, pero ahí también se reconoce que es necesario, en un nuevo acuerdo, que sea un tercero (no transportistas ni autoridad) el que los evalúe.
Los usuarios se siguen quejando de la frecuencia y saturación de rutas y la inseguridad en el Sistema.
Toca que empresarios, y sobre todo políticos, revisen los números bajo la lupa de la sensibilidad social.
La Comisión Mixta Tarifaria está convocada para este martes 12:30 horas.  Atentos.

Explosión, el “yo no fui”

Desde el pasado lunes, cuando se dio la noticia de que un ducto  de gas de Pemex había explotado en el río Laja, las especulaciones surgieron.
El Gobierno Municipal de Celaya poco informó y la especulación siguió. De dos muertos se habló pero nadie lo desmintió.
Más tarde se informó sobre un desaparecido y apareció la gravedad del caso: la explosión fue derivada de un accidente provocado por un trabajador del Municipio que se encontraba realizando maniobras con maquinaria pesada en la zona. La versión final surgió con la cifra de un fallecido que aparentemente sería el operador de la máquina, pero nada se ha confirmado, mientras en la Administración Municipal se procura el silencio. Tres lesionados más fueron el resultado del accidente.
La presidenta municipal, Elvira Paniagua ya informó que los afectados no contaban con seguro, pero que recibirán apoyo de los celayenses, aunque quien los contrató fue el gobierno.
Además, la Alcaldesa dijo que sí conocían que había ductos en la zona, pero luego habló de que no había señalización de que había. Entonces, ¿sabían o no?, si sí, es un asunto delicado, pues de ser así el trabajador no tuvo porqué exponerse de tal manera. Y si no, también es delicado, pues no tomaron en cuenta los posibles riesgos que podrían conllevar el movimiento de la maquinaria pesada. Cualquiera de las dos cosas evidencia la falta de planeación del Gobierno Municipal.
La Alcaldesa se ha cansado de presumir que es la primera vez en 30 años, dato que es incorrecto, que se hacen trabajos en la ribera del río Laja.
Como vemos hay más dudas que certezas. El caso ya lo investiga el Ministerio Público federal y del mismo pueden salir varios raspados, eso el tiempo lo dirá también la justicia

Ricardo habla y habla

Hablar de la aparición de un nuevo “mini cártel” delictivo no ayudó a calmar los ánimos de los irapuatenses. El alcalde Ricardo Ortiz dijo lo primero que se le ocurrió tratando de buscar una explicación al hallazgo de cuerpos desmembrados en Silao y a los homicidios ocurridos a principios de semana en la entidad.
A Ricardo Ortiz se le salió decir que aparentemente, un mini cártel llegó a Guanajuato a pelearse con los carteles delictivos ya conocidos, a disputarse la plaza. Eso sí, aunque dijo que el Corredor Industrial de Guanajuato es una misma plaza, quiso dejar claro que en Irapuato no hay presencia de ese cártel, que es en “otra localidad”.