En 2011, un joven de Iztapalapa es injustamente acusado de homicidio; en 2021, cuatro jóvenes de Tabasco son injustamente acusados de secuestro. En los diez años que median entre Presunto culpable, el primer documental de Roberto Hernández, y Duda razonable, su nueva serie televisiva, el principal cambio que se produjo en nuestro ámbito judicial fue la implementación del sistema penal acusatorio a partir de 2016: una celebrada reforma que parecía destinada a contener tanto la extrema lentitud como las infinitas arbitrariedades cometidas durante el viejo sistema, cobijadas en la opacidad de las actuaciones ministeriales y judiciales llevadas a cabo por escrito. La aparición de los juicios orales anticipaba el fin de incontables atropellos, pues ahora todos los procesos serían ventilados en público.
Esa era, por supuesto, la teoría; y, si bien es imposible negar las ventajas del nuevo modelo, Duda razonable. Historia de dos secuestros constata que los vicios heredados del pasado no solo no han desaparecido, sino que se han reconcentrado: pese a la publicidad de las actuaciones -que además son grabadas-, la falta de garantías para los acusados continúa siendo obscena. Las estadísticas no mienten: si en el antiguo sistema menos del uno por ciento de los delitos cometidos se resolvían, con el nuevo esa cifra apenas se ha incrementado en unas décimas. En 2011 -y en todos los años anteriores- México era un país sin justicia; en 2021, lo sigue siendo.
Tras un accidente automovilístico en una gasolinera de Macuspana, Tabasco -el municipio donde nació el Presidente-, cuatro jóvenes, Gonzalo, Darwin, Héctor y Juan Luis, son acusados por un hombre de identidad reservada de intentar secuestrarlo y de haberlo conseguido con su hermana. La policía los detiene con lujo de fuerza, los tortura brutalmente y el Ministerio Público no tarda en hacer suya la causa. Fuera de las declaraciones de la presunta víctima, no existe prueba alguna de su participación en los hechos, pero en un país que confía a ciegas en la prisión preventiva -una medida impulsada por el gobierno de Calderón que el de López Obrador ha ampliado hasta límites insospechados- basta con ser acusado de un delito “de alto impacto” para que las autoridades desdeñen la presunción de inocencia y los inculpados no tengan más remedio que defenderse desde la cárcel.
Frente a la decisión del poder de imputar a alguien -y el deseo de publicitar su éxito en la lucha contra el crimen-, la supuesta transparencia de los juicios orales no sirve de nada. La apasionada defensa de estos jóvenes se enfrenta a la corrupción y mala fe del Ministerio Público y la burda complicidad de los jueces: la única diferencia es que, mientras en Presunto culpable éstos se resistían a ser grabados, en Duda razonable ahora todos podemos observar transparentemente su desfachatez. Tras ser condenados en primera instancia a tres años y medio de prisión -lo cual los dejaría libres muy pronto-, el Ministerio Público actúa perversamente para apelar la decisión y un juez de control aumentará la insensata sentencia a cincuenta años.
Mientras veía la serie, no podía dejar de pensar en Israel Vallarta y Florence Cassez: por más que la acusación contra ellos tuviera mucho mayor impacto político y mediático, en esencia son casos idénticos. En ambos el poder no dudó en torturar, manipular testigos, inventar pruebas (y desdeñar las de la defensa), a fin de crear culpables a modo y presumir así su eficacia en la lucha contra el secuestro. Dos vertientes, separadas por tres lustros, de lo que es una regla y no una excepción: la podredumbre de nuestro sistema de justicia que no ha mejorado con los juicios orales.
México requiere una transformación radical que, más allá de la oralidad y la supuesta transparencia, impida que cualquier poder actúe arbitrariamente: para ello se requiere, entre muchas otras cosas, que todas las actuaciones policiales sean grabadas, que se introduzca la figura del jurado popular y que se elimine la presión preventiva oficiosa que tanto ha defendido la 4T.
