Salió la cifra en la que los leoneses pagaríamos el estadio que nos robaron: 735 millones de pesos. Es el precio del error de extinguir, sin un claro motivo, el fideicomiso creado para asegurar la propiedad municipal del inmueble.

Para el alcalde Héctor López Santillana; la síndica Leticia Villegas, presidente del Comité de Adquisiciones y la regidora Ana Coco Carpio, integrante del mismo, sería una firma envenenada. Si cumplen el capricho estatal de gastar fondos públicos en "reparar" un error garrafal, quedará para la historia que no tienen principios ni respeto por el fruto del trabajo de sus gobernados. 

No importa de dónde venga el dinero público. Ni el estado ni el municipio o la federación  tienen derecho a dilapidar recursos en favor de especuladores sin principios, de beneficiarios de triquiñuelas legales que sustrajeron nuestro estadio (los dueños de palcos y plateas también somos dueños). 

En esta época de apreturas, desempleo y grandes  necesidades sociales, resulta irresponsable destinar dinero de los leoneses o los guanajuatenses a un capricho deportivo. Premiar trucos legales que desembocaron en la pérdida del estadio es no tener principios. Si les importa más a nuestros representantes en el Ayuntamiento el fútbol, el circo y el teatro político que no aceptar extorsiones de ese tamaño, sabremos de qué están hechos. 

Para Diego Sinhue Rodríguez es una prueba de fuego:  se da el gusto de recuperar un estadio o mantiene firme la convicción de que los gobernantes no pueden aceptar chantajes y extorsiones de oportunistas que despojaron a la afición. Pagar por el estadio sería abrir las puertas a otros vivales a que despojen de bienes públicos a los ciudadanos para luego pagarlos a precio de oro. 

Sabemos que el alcalde López Santillana no está de acuerdo y es una oportunidad para él de mostrar el carácter que a veces le ha faltado para no seguir decisiones "superiores" que afectan las arcas públicas. Las tierras que compró con una empresa fantasma llamada Pastas Finas en Salamanca bajo las órdenes de Juan Manuel Oliva, es uno de los grandes dispendios de dinero público de nuestra historia. Una inversión que sigue sin rendir frutos a los guanajuatenses. Sería vergonzoso que admitiera otro despropósito a su trayectoria que tanto cuida como alcalde. Después de seis años tendría un triste registro en su recta  final como presidente municipal. 

El Gobierno del Estado  pagó la compra de un terreno con  280  millones para el nuevo estadio. Aunque lo reembolsará el dueño actual del equipo, sin intereses, el financiamiento corrió por cuenta de nosotros, los contribuyentes. 

Bien dicen empresarios fundadores del Club, dueños de palcos y plateas, "¿por qué tanta prisa en comprarlo?". Otra pregunta simple: ¿por qué el actual dueño del equipo no es el interesado en adquirirlo? 

Seguro que hay alternativas para no ceder al chantaje y extorsión. El Gobierno tiene muchas formas de inhibir las ambiciones desmedidas de quienes nos despojaron. El uso del suelo, por ejemplo. El Ayuntamiento puede definir como utilidad pública que esos terrenos sólo tengan fines recreativos o de parque. Cierto que no puede arrebatar la "legal" posesión a Héctor González y a Roberto Zermeño, pero tiene todas las palancas para presionar durante muchos años para que el equipo siga jugando con una renta razonable, mientras el nuevo estadio se construye. 

Además el pago es obsceno. A 12 mil pesos el metro cuadrado en ese tamaño de terreno resulta una locura. Dudamos que haya algún empresario dispuesto a pagar ese monto.