Acoso Secretaría de Salud Guanajuato

Atención urgente

La Secretaría de Salud de Guanajuato enfrenta un padecimiento grave que ninguno de los tres médicos que han estado a cargo en los últimos siete años ha podido aliviar.

El diagnóstico es claro: el acoso sexual y laboral aqueja a la depedencia en todos sus niveles pero ni Daniel Díaz Martínez, ni Ligia Arce Padilla, ni Gabriel Cortés Alcalá, los últimos tres secretarios, han podido erradicar este mal.

Esta semana AM publicó que en los últimos ocho años, al menos 288 trabajadoras y trabajadores de la Secretaría han denunciado la violencia laboral o sexual por parte de alguno de sus compañeros o hasta jefes, la respuesta ha sido la revictimización, el silencio y la impunidad en la mayoría de los casos.

Por si fuera poco un funcionario de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Mario de Alba de La Tejera, enfrenta un proceso legal luego de presuntamente amenazar de muerte a otro exfuncionario que se atrevió a denunciar lo que estaba ocurriendo en la dependencia con los casos de acoso.

Ante la evidencia contundente, al secretario Gabriel Cortés Alcalá no le quedó de otra que solicitarle al funcionario la renuncia, para que enfrente el proceso por su cuenta sin ningún respaldo del Estado.

La salida que dio el Gobierno del Estado para este caso en específico parece la más apropiada, aunque tampoco es que tuvieran muchas opciones, sin embargo la Secretaría de Salud no debe olvidarse del tema de fondo, atender los casos de acoso sexual y laboral que han ocurrido durante años en esa depedencia.

Víctimas de acoso sexual y laboral esperan que sus casos se atiendan bajo un protocolo efectivo, pero sobre todo que haya consecuencias sin importar el cargo del funcionario señalado.

Por años las víctimas se han tenido que conformar con las reubicaciones ya sea de ellas o de los señalados en las denuncias, pero esa medida no era suficiente, hay casos documentados de reincidencia, sobre todo el acoso laboral.

Pero lo más delicado es la impunidad que se percibe entre trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Salud que en algún momento se atrevieron a denunciar.

En marzo, cuando AM solicitó una postura de la Secretaría de Salud sobre las denuncias de acoso que había hasta ese momento, hubo la promesa de la dependencia de revisar todos los casos que se habían presentado hasta ese momento, pero no lo hicieron.

Siete meses después el secretario Gabriel Cortés Alcalá afirma que se pueden volver a revisar pero solo si la víctima lo solicita.

Cortés Alcalá tiene la oportunidad de hacer un cambio en la atención a los casos de acoso en la Secretaría de Salud, o bien mantener la estrategia de protección institucional que siguieron sus antecesores Ligia Arce Padilla y Daniel Díaz.

Es una prueba de fuego también para la gobernadora Libia García y su discurso de cero tolerancia contra la violencia hacia las mujeres. Bajo esta política es que presentó el 30 de septiembre tres iniciativas al Congreso del Estado: la creación el Registro Público de Personas Agresoras, una reforma al Código Penal en materia de violencia familiar y la que señala que el acoso sexual cometido por personas servidoras públicas se considere una falta grave.

Esto es un avance, pero lo más importante será lograr que en cada espacio de la administración pública de todos los niveles de gobierno las víctimas se sepan protegidas y los acosadores no tengan lugar.

Silao, Cabildo

en ebullición

El Ayuntamiento de Silao que encabeza la panista Melanie Murillo está que arde. Una sesión sí y la otra también, asuntos de todo tipo son motivo de conflicto.

Esta vez la bronca se originó por la negativa de la Presidenta a enlistar en el orden del día la solicitud formal de remoción del tesorero Ricardo Corona y del secretario del Ayuntamiento, Jorge Octavio Sopeña, presentada por la mayoría de 7 regidores (4 de Morena, uno del Verde, uno de MC e incluso uno de la fracción panista).

En la sesión del 11 de septiembre el bloque opositor a Melanie presentó la solicitud de remoción de estos funcionarios, y dicho punto fue enlistado en el orden del día de la sesión extraordinaria, aprobado por unanimidad el día 12. En la sesión la Alcaldesa bajó el punto argumentando que debía tratarse en una sesión privada.

Y no fue todo, una mayoría también votó la revocación del acuerdo que faculta a la Presidenta y al Secretario para celebrar actos jurídicos a nombres del Ayuntamiento y las facultades del síndico para delegar sus funciones de representación legal. Para la oposición el acta de sesión no plasmó el acuerdo tomado y ahí siguen atorados.

Es hora que a la sesión privada para tratar el punto de la remoción del Tesorero y el Secretario del Ayuntamiento no se ha convocado. Frente a este “olvido” oficial los regidores opositores (que ya vimos son 7, es decir la mayoría en un Cabildo de 12) el 29 de septiembre solicitaron que se fijara fecha y hora para la sesión. Y nada.

En una posterior convocatoria a sesión, en la que tampoco se incluyó el punto de la remoción de los funcionarios, se pretendía discutir una cuarta modificación presupuestal, la modificación al programa de obra y la iniciativa de Ley de Ingresos 2026. Los siete opositores votaron en contra de aprobar el orden del día.

Tras esta sesión se dieron una serie de despidos de trabajadores municipales, que se señalan era personal vinculado con los regidores ‘rebeldes’, sin una justificación.

Alerta para el PAN

Entre los argumentos opositores para pedir la remoción del Tesorero están: la inconformidad con el procedimiento para comprar el terreno para la Feria Municipal por 80 millones de pesos vía adjudicación directa, sin un procedimiento de adquisición formal. También señalan ocultamiento de información en las modificaciones presupuestales, negativa reiterada a cumplir laudos laborales, entre otros.

En el caso del Secretario del Ayuntamiento (el segundo en el cargo, ya en abril pasado había sido removida Karina Chagoya también por broncas con la oposición), los demandantes consideran que actúa con parcialidad en la conducción del Cabildo, envía convocatorias incompletas y hace uso político del cargo para beneficiar a la Presidenta y obstaculizar la labor fiscalizadora de los regidores.

La preocupación del conflicto político en Silao, escaló ya al PAN estatal y a Palacio de Gobierno. Por eso el pasado 23 de octubre trascendió una reunión del secretario de Gobierno, Jorge Jiménez; el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Espadas; y el jefe estatal azul, Aldo Márquez; con el regidor Alejandro Peña Gallo, quien ha hecho equipo con la oposición en Silao alzando la voz para exigir cuentas.

Morenos a la carga

en el Legislativo

Aunque ya no es el coordinador, el diputado “moreno” David Martínez Mendizábal fue quien llevó el timón en la presentación de la agenda legislativa de la fracción.

El largo temario que anunció incluyó: van a seguir insistiendo en la creación del Centro Autónomo de Identificación Forense, la modificación de la forma cómo se elige al Fiscal, la creación de la Fiscalía para Niñas, Niños y Adolescentes porque somos el estado donde más niños desaparecen.

El fortalecimiento de la educación inicial, bajar el cupo de 30 a 25 alumnos, que es un compromiso que hicieron con los profesores. En derechos humanos, insistirán en tener un Consejo para la Prevención de la Discriminación (Conapred) local “y no una oficinita que ahí está, sin recursos”. Insistirán en que se atienda a las migrantes jornaleras con perspectiva de género, en las que mencionó que han insistido sus compañeras diputadas Maribel Aguilar González y Plásida Calzada.

Creación de los Centros de Justicia para Mujeres la volverán a presentar porque la rechazaron la mayoría anteriormente. Volverán a buscar que se modifique la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y que se cree la pensión universal para personas con discapacidad.

En cuanto a nuevas iniciativas, todo lo que tiene que ver con violencias. En la Ley de Víctimas propondrán la creación de un programa emergente para niños y adolescentes. La revisión de la Ley de Participación Ciudadana. Los derechos culturales para “desmercantilizar” toda la producción cultural.

Modificar la Ley para el Ejercicio y Control del Gasto Público, para tener mayor claridad para los subejercicios anuales, la Ley Electoral local, reformar ooootra vez, porque lo acaban de hacer apenas en junio, la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

De lo poco de agenda legislativa que ya les dejó Martínez Mendizábal a sus compañeros fue la insistencia en despenalizar el aborto, por parte de Antonio Chaurand; Plásida Calzada seguirá abordando asuntos indígenas, como lo ha venido haciendo hasta ahora.

Miriam Reyes impulsará reformas en materia de salud y para que se reconozca a los seres sintientes, aunque esa disposición ya existe desde hace varios años, promovida por la panista Alejandra Gutiérrez, en la Legislatura de 2018 a 2021.

Hades Aguilar advirtió que seguirán insistiendo en que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios públicos, que se regule la publicidad oficial y que “se acabe la opacidad en la Ley de Contrataciones Públicas”.

Por cierto, fue un gran error de protocolo que al coordinador parlamentario Ricardo Ferro Baeza lo hayan dejado hablar hasta el último, cuando debería haber sido el primero. ¿Es que no tienen asesores que les digan eso?

Tal pareció que por ese mismo “acaparamiento” del micrófono y los temas de David Martínez, el propio diputado Carlos Ramos le comentó a Ferro, en plena conferencia, frente a todos los periodistas: “Te quedaste dormido, coordinador”, frase que visiblemente sorprendió a Ferro, porque enseguida lo volteó a ver con cara de: “¿qué quieres decir con eso?”

Lo que queda del PRI

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha enfrentado una serie de cambios significativos en su estructura y posición política en Guanajuato, en franco declive. A pesar de su historia y poder, el PRI ha perdido terreno y ha quedado fuera de competición en la entidad.

Con miras a las elecciones intermedias de 2027, en el expartidazo se afirma que trabaja en Guanajuato para fortalecer sus estructuras y generar condiciones que le permitan competir de forma independiente, aunque sin descartar del todo la posibilidad de alianzas.

“El PRI está en la etapa de generar condiciones para competir solos en las elecciones. No estamos en contra de las coaliciones, pero ese es el segundo escenario. El primer escenario es que nuestras y nuestros candidatos salgan de la militancia del partido”, afirmó Jorge Meade Ocaranza, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, en una esporádica visita a Guanajuato en junio pasado.

Recientemente, la dirigente estatal del PRI, Ruth Tiscareño, afirmó que en la alianza electoral del 2024 con el PAN y el PRD, les hubiera ido mejor solos. Apuntó que la coalición le sirvió mucho más a Acción Nacional y con ello retuvo el Gobierno del Estado, y que en el caso del tricolor, perdió más de lo que ganó.

Ahora se perfilan para contender solos en la elección del 2027, aunque tampoco descartó una posible alianza.

No obstante, quienes manejan al PRI de Guanajuato hoy en día, dejaron a múltiples damnificados en el camino. Primero cortaron con el ala gerardista que tenía en posesión el edificio de Paseo de la Presa, en tanto que la dupla Arias-Tiscareño se apoderaron de los principales puestos a los que podría aspirar el tricolor, en dos legislaturas.

Múltiples cuestionamientos le llovieron a Tiscareño, por no ser de Guanajuato, desplazando a las pocas mujeres priistas que quedaban.

El coordinador de la fracción del PRI, Alejandro Arias, señaló que hoy no es tiempo de alianzas, sino de fortalecer las estructuras partidarias, en construir sus comités municipales, sus consejos políticos, sus comités seccionales en los 46 municipios.

Descartó la posibilidad de que el PRI pierda su registro como partido político, en caso de ir solo. Aunque no sería descabellado. Para muestra, habría que revisar los resultados de la elección de 2024, contienda en la que el tricolor, en alianza con el PAN y el PRD, consiguió 145 mil 32 votos en los 22 distritos locales, equivalentes al 5.86 % de la votación total en Guanajuato.

Fue en los municipios de San Miguel de Allende, San Luis de la Paz y San Francisco del Rincón, donde mejor les fue. Se podría decir que ahora son sus bastiones.

En Pénjamo, Valle de Santiago, Acámbaro, Dolores Hidalgo, Cortazar y Yuriria, cuentan con cierta estructura para permanecer vigente, no obstante hay municipios donde no los calienta ni el sol, como León, Celaya, Irapuato y Guanajuato capital.

Así es que lo que queda del PRI en Guanajuato, estará en juego en el 2027.