El fiscal a cuentas
El Congreso de Guanajuato abre hoy 15 el segundo periodo del segundo año de esta Legislatura con una agenda de temas claves para la marcha del estado.
De entrada tendrán lo que debe ser la rendición de cuentas del fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste y su II Informe (aunque en realidad es el primero en que reporta su gestión, en el anterior le tocó informar de cuando aún no estaba); y después del II Informe de la gobernadora Libia García Muñoz Ledo.
En el caso del fiscal, ya fue convocado a una reunión de trabajo para el análisis de su Informe para el día 10 de marzo a las 10 horas en el salón de usos múltiples del Congreso. El fiscal presentará su informe de actividades el jueves 26 de febrero, se entregará a los diputados para su análisis (eso esperamos que hagan) y se publicará en la página de internet del Congreso para la consulta de la ciudadanía.
Se habilitará un micrositio en la página del Congreso para que la ciudadanía, a más tardar el 3 de marzo a las 16 horas, remita las preguntas sobre el contenido del informe, otorgándole un plazo de hasta el 6 de marzo para su contestación. Los mismos plazos están fijados para las preguntas que hagan los diputados al fiscal.
Al encuentro presencial del día 10 están convocados los 36 legisladores. El fiscal realiza una presentación inicial, después hay hasta 4 rondas de preguntas con nueve participaciones cada una, y las respuestas del fiscal a cada una al finalizar cada ronda. No hay espacios para réplicas diputados-fiscal ni un diálogo real. El mismo Gerardo dijo hace un año que no le gustó el formato, pero no cambió.
Tampoco durante todo el año pasado los legisladores llamaron a cuentas al fiscal y a su equipo para evaluar con indicadores concretos los avances de su gestión. Esa sería chamba de la Comisión de Justicia que encabeza el morenista Abraham Ramos y que en 2025 presidió su compañera de partido María Eugenia García.
La hora de explicar
Hace un año Vázquez Alatriste compareció ante legisladores apenas desempacado en la Fiscalía y para informar un ejercicio (el del 2024) que no fue suyo. Así que no fue para explicar y menos defender resultados, pero ahora sí.
En esa comparecencia coincidió con un caso que se hizo viral de una mujer de Celaya, quien fue agredida sexualmente y a quien no se le tomó la denuncia. Y ante eso dijo: “Qué bueno que sucedió, porque nos permitió confirmar lo que ya sabíamos: que la ciudadanía no está atendida de manera correcta y eficiente”. Ahora tendrá que demostrar con datos, no con dichos, que eso sí está cambiando.
Habló entonces del modelo italiano del combate a las extorsiones, que nunca se explicó, y que será un tema fundamental ahora pues este delito sigue a la alza en las denuncias y en los hechos (aunque la respuesta sea que ahora sí se denuncia).
También refirió que no se publicitarían detenidos sino ya que fueran vinculados a proceso, porque luego terminan quedando en libertad, y vaya decepción ciudadana.
En este capítulo necesariamente tendrá que hablar de sus diferencias con la Secretaría de Seguridad que comanda Juan Mauro González, que él mismo hizo públicas ante medios porque la dependencia estatal informó sobre al menos tres detenidos por los hechos de la masacre en un campo de futbol en Salamanca.
También urge aclarar las diferencias de datos entre las víctimas de homicidio doloso entre los que la Fiscalía local reporta al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y el propio conteo de AM, donde en enero por ejemplo los datos oficiales presumieron 138 y el de AM 222, una distancia que sí amerita explicar.
Así como los resultados en el trabajo de búsqueda con casi 5 mil personas desaparecidas y colectivos que siguen reclamando omisiones de autoridades.
En fin, las preguntas serán muchas, pero el Legislativo no debe perder el enfoque puesto que todo se concentra en una sola respuesta: el combate a la impunidad.
En cuanto al Informe de Libia García, por ley debe entregar el documento el primer jueves de marzo (que tocará el día 5), esa semana se convoca al acostumbrado evento o eventos masivos para presentarlo (eso ya no lo dice la ley). A ella le tocará, ahora sí, rendir cuentas de su primer año completo de gestión.
Al Congreso le toca fijar una metodología para la Glosa de análisis, a la que no acude la Gobernadora sino su gabinete en tres días de laaargas jornadas, en las que también todos coinciden que son poco productivas, pero que no modifican.
Aborto, transparencia, reforma judicial, y más
Además hay varios asuntos pendientes sobre reformas constitucionales o legales federales a las que hay que entrarles para la armonización en lo local. Y aquí hay temas de la mayor relevancia, empezando por poner las reglas del juego para el histórico proceso de renovación del Poder Judicial de Guanajuato en junio de 2027.
Aquí hay que recordar que en 2025 se dio la reforma constitucional local y algunos de sus artículos fueron impugnados por la CNDH, Morena y el Ejecutivo federal, y su constitucionalidad está por resolver la Corte. Lo cierto es que eso no puede ni debe inhibir a los legisladores de aprobar una legislación secundaria que establezca todos los candidatos posibles para cuidar a quienes aspiran a ser juzgadores.
A partir de hoy empieza también la cuenta regresiva de 90 días naturales que les fijó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Congreso de Guanajuato para eliminar los artículos que criminalizan el aborto en el Código Penal de Guanajuato.
En este tema ya sabemos que hay dos postura que no se van a mover: por un lado el PAN de Jorge Espadas y sus 17 votos, más los de la Verde Itzel Mendoza y la priista Rocío Cervantes, los suficientes 19 para dejar el tema como está. Y por otro lado la oposición con iniciativas de MC y Morena que insistirán en acatar la resolución. Al final lo que se prevé es que todo quede igual, y, en este escenario, tendría que ser la Corte la que termine por declarar la invalidez de esos artículos.
Y otro tema urgente por legislar es la nueva Ley de Transparencia que, bajo la camisa de fuerza que entre otras cosa obliga a desaparecer el organismo autónomo del IACIP (Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato), veremos si nuestros legisladores tiene voluntad e imaginación para generar reglas que cuiden en lo posible el derecho ciudadano a la información.
En la agenda de pendientes apunte usted una serie de reformas para la protección de las mujeres que desde el Senado han pedido a los congresos locales atender, algunas de ellas iniciativas presentadas ya por la gobernadora Libia, como las de fortalecer las sanciones contra los delitos de violencia familiar y de abuso sexual.
El periodo ordinario concluye el 30 de junio. Cada una de las bancadas y representantes parlamentarias (PAN, Morena, PRI, Movimiento Ciudadano, Verde, PT y PRD) tiene su agenda propia con iniciativas por presentar o pendientes a las que urge darles trámite. Y de eso ya les estaré platicando la siguiente semana.
Juan Miguel y la reelección
La confirmación de que el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, tiene deseos de reelegirse, abre la puerta la puerta rumbo al proceso electoral de Celaya.
Sin haber llegado a la mitad de las administraciones municipales, el panorama político con miras al 2027 se ve cada vez más cerca y en el caso de Celaya recobra mayor relevancia por la alternancia política.
Hace unos días, el presidente municipal de Celaya reveló que le gustaría reelegirse en el cargo siempre y cuando tenga el respaldo ciudadano y la decisión la tomará a finales de este año.
Las declaraciones del ex rector del campus de la Universidad de Guanajuato no pasaron desapercibidas al interior de Morena ya que con el arrastre que han conseguido más de uno suspira por el cargo.
A pesar de todo, la alternancia en Celaya, con Ramírez Sánchez al frente, ha salido mejor de lo que se esperaba, con una reducción en los homicidios dolosos y con un Gobierno Federal que ha consentido con diferentes proyectos.
Para nadie es un secreto que Morena ve en Celaya una carta que podría presumir en el tablero político a nivel nacional si se consolida su estrategia de reducir los índices delictivos y cristalizar proyectos como el Polo de Desarrollo, el paso del tren de pasajeros e incluso la construcción del hospital del IMSS.
Sin embargo, el proyecto político de Juan Miguel Ramírez no termina por asentarse y las rivalidades e intrigas se apoderan al interior de su administración, lo que ha causado serios problemas en la entrega de apoyos sociales que les permitirá consolidar una base sólida de cara a las elecciones.
A casi un año de que se defina una candidatura, los nombres siguen sonando, incluso al interior del gobierno, como es el caso del secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto Martínez, o del regidor Miguel Villanueva Floesvillar.
Otros perfiles que no se pueden descartar son el de los diputados locales, Edith Moreno Valencia y Antonio Chaurand Sorzano quien ha sido un eterno aspirante a llegar a la presidencia municipal y quien ya dijo que no lo descarten en caso de que su amigo Juan Miguel Ramírez no vaya por la reelección.
Lo que es una realidad es prácticamente todos los candidatos de Morena a la presidencia municipal han sido inesperados, incluso el propio Juan Miguel, quien tuvo que entrarle al quite tras el lamentable asesinato de Gisela Gaytán en su primer día de campaña.
Irapuato y los parquímetros
En los pasillos de Presidencia Municipal de Irapuato comienza a respirarse un aire de duda, aunque no es una crítica frontal ni un señalamiento abierto, sino una pregunta que se repite en voz baja ¿por qué la intención de modificar el reglamento de movilidad justo ahora? (en concreto una regulación para los parquímetros).
La inquietud, para regidores contrarios al PAN, y algunos que son aliados, pero ya pueden no serlo en el 2027, no surge en el vacío.
Llega en un contexto marcado por la suspicacia que dejó la forma en que se concretó el esquema de renta de patrullas para la Policía Municipal, un tema que, aunque legalmente respaldado, generó cuestionamientos en cuanto al proceso exprés de licitación y los compromisos financieros que implican a futuro.
En política, las formas importan tanto como el fondo, y cuando las decisiones estratégicas no se explican con amplitud, el terreno se llena de especulación.
Hoy, a la alcaldesa Lorena Alfaro le restan alrededor de 20 meses al frente del gobierno municipal y es un periodo relativamente corto para impulsar cambios estructurales profundos, especialmente en materia de movilidad, un rubro que impacta directamente a comerciantes, transportistas, peatones y automovilistas, sobre todo en el Centro Histórico de Irapuato.
Cualquier modificación normativa no solo redefine la circulación o el uso del espacio público; también puede generar costos políticos y administrativos que, si no se implementan con consenso, podrían heredar tensiones a la siguiente administración.
En ese sentido, algunos actores dentro del propio Ayuntamiento cuestionan la viabilidad de dejar en puerta decisiones que podrían convertirse en “problemas heredados”.
Reformar un reglamento con miras a transformar la dinámica del primer cuadro de la ciudad implica planeación técnica, diálogo social y claridad financiera. De lo contrario, el riesgo es abrir frentes innecesarios cuando el margen de maniobra política se acorta.
El antecedente de 2024 también vuelve a la conversación. Ese año, Lorena Alfaro solicitó licencia por casi cinco meses: los primeros dos para buscar su reelección, que finalmente consiguió, y los otros tres mientras se discutía el aumento a la tarifa del transporte urbano.
Durante ese periodo, la responsabilidad recayó en los regidores y en el alcalde interino Rodolfo Gómez Cervantes, quien además ha sido secretario del Ayuntamiento desde el trienio anterior.
Aquella coyuntura dejó claro que, en momentos clave, las decisiones pueden terminar en manos de terceros cuando la figura principal se ausenta.
Esa memoria política alimenta hoy la cautela. No se trata de frenar la modernización ni de negar la necesidad de ordenar la movilidad urbana, un tema pendiente en muchas ciudades medianas del país, sino de preguntarse si el momento es el adecuado y si el proceso será transparente y ampliamente socializado.
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