Existen muchas formas de compartir información entre dos gobiernos. En el famoso cable de Wikileaks del 17 de diciembre de 2009, Carlos Pascual, el entonces embajador de Estados Unidos en México, informó a sus superiores de las dificultades de tener de socios a las fuerzas armadas mexicanas. Cada vez que se le comunicaba algo al Ejército, a la Marina, o la Policía Federal, el primero se desentendía por “risk-aversion”, la segunda mataba a todo el mundo, y la tercera avisaba a los narcos del golpe inminente. Tuvo que irse de México cuando el cable se hizo público, pero su destierro no invalida sus reflexiones.
Por ello, desde entonces y hasta hace muy poco, las autoridades norteamericanas se habían mostrado renuentes a entregar datos a sus contrapartes mexicanas. Además del temor siempre existente de revelar fuentes y métodos, los estadounidenses vacilaban al actuar de la mano de los mexicanos si estos se dedicaban a dar pitazos a los narcos. Cierta o no, la acusación y la sospecha perduraron.
Una solución al problema consistió en colocar a los mexicanos frente a sus responsabilidades, al más alto nivel. Con un integrante del gabinete, pero sobre todo con el jefe (la jefa) del Ejecutivo, informar es comprometer. Si algo sale mal, o no sucede nada, el contubernio queda manifiesto. Con las capturas del “Chapo” —en dos ocasiones con Peña Nieto— o de Caro Quintero con López Obrador, es posible que eso haya sucedido.
De buena fuente se sabe que el detalle de la información en manos de Washington sobre los narcos en México ha llegado a un detalle, una precisión, una oportunidad y una certeza asombrosas. Entre los drones de altura elevada, las intervenciones telefónicas de todo tipo, los y sobre todo las espías infiltradas en las filas de los cárteles cerca de los capos, las agencias estadounidenses saben dónde se encuentra cada quien, en tiempo real, y con escasas probabilidades de equivocarse. Es muy factible que eso haya sucedido con el “Mencho”: los servicios norteamericanos lo localizaron y le presentaron la información a Sheinbaum, o Trevilla, o García Harfuch, o a los tres. Sheinbaum no tuvo más remedio que proceder, quizás pensando que podía limitar el daño a la investidura al alejarse de la operación.
Digo todo esto porque se puede sospechar que la decisión no fue fácil para las autoridades mexicanas, ni desprovista de costos. Como bien lo han dicho dos allegados a Calderón —Valdés y Zavala— se trata de un “calderonazo”, o regreso a la estrategia anti-kingpin puesta en práctica entre 2007 y 2012. Sheinbaum y López Obrador expresaron en innumerables ocasiones sus críticas al enfoque de “guerra”, y a la táctica de ir por los capos. De repente, ella hace … exactamente eso.
Un número tan elevado de decesos militares golpea a cualquiera, como vimos con el secretario de la Defensa. No puede sentirse cómoda la presidenta, con todo y que esto entrañe una probable subida en su menguada popularidad.
Asimismo, la intensidad y la extensión de la violencia generada por el cártel del “Mencho”, aun si no va más allá de lo que vimos el domingo, puede dañar enormemente la tranquilidad de la ciudadanía ante la inseguridad. Ni hablemos de las consecuencias en el exterior: no va a ser fácil convencer a los operadores, a las federaciones de futbol, a los turistas y a las embajadas que todo concluyó el domingo y que México es ya de vuelta un país tan (in)seguro como antes. Esto lo sabía el gobierno.
De modo que uno puede imaginar que al momento de tomar la decisión de actuar en función de la inteligencia entregada por Estados Unidos, deben haber dudado, aunque fuera un segundo si era realmente una gran idea. Pero solo un segundo: el riesgo de una acción unilateral norteamericana, con misiles o efectivos, o de una ventaneada vergonzosa y demoledora, puso fin a cualquier introspección o titubeo. Solo Sheinbaum, Trevilla o García Harfuch saben si todo esto es pura especulación, o no tanto.
@JorgeGCastaneda
* Excanciller de México
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