Andrea González Polak
Expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción
La amnesia institucional no es un accidente: es, muchas veces, una práctica. Friedrich Nietzsche advertía que el olvido puede ser necesario para la vida, pero también peligroso cuando se convierte en evasión.
En el ámbito público, esa evasión adopta una forma conocida: cada escándalo en compras públicas se presenta como si fuera el primero, como si no existiera una historia reciente de diagnósticos, advertencias y reformas que prometieron corregir exactamente lo mismo.
En 2022, alumnos del Tecnológico de Monterrey llevaron a cabo un ejercicio académico que terminaría por evidenciar esa repetición. A través de la metodología “Rally Karewa”, revisaron nueve contratos públicos municipales: analizaron documentos oficiales, solicitaron información y, sobre todo, se formularon preguntas esenciales: ¿era el mejor proveedor?, ¿se obtuvo el mejor precio?, ¿la calidad correspondía a lo contratado?
Las respuestas no se quedaron en el papel. Los estudiantes llevaron su investigación al terreno, visitando los domicilios fiscales de los proveedores. Lo que encontraron fue, en muchos casos, sorprendente: casas residenciales registradas como empresas constructoras, inmuebles abandonados, proveedores con decenas de adjudicaciones directas —hasta 80, en algunos casos— y vínculos que alcanzaban incluso el financiamiento político.
Lo que inició como un ejercicio académico terminó por desbordar el aula. Se convirtió en un espacio de cuestionamiento real, donde el contraste entre el discurso institucional y la realidad observada obligó a una decisión incómoda, pero coherente: documentar y presentar los resultados ante la Contraloría Municipal de León.
La reacción fue inmediata, al menos en el discurso. Se anunciaron denuncias, investigaciones y el eventual fincamiento de responsabilidades. Se habló de fortalecer procedimientos, de elevar los estándares de evaluación, de transparentar los procesos y de reforzar la normativa. Promesas, todas.
Paralelamente, y partiendo de una pregunta fundamental —¿cómo garantizar la mejor compra, con el mejor proveedor, al mejor precio y con la calidad adecuada?—, se emprendió un trabajo sostenido durante cuatro años. Participaron representantes del sector empresarial, académico y colegios de profesionistas, incluso en mesas conjuntas con funcionarios públicos responsables de la compra y su supervisión. El resultado fue una propuesta de reforma legislativa orientada a simplificar procesos, transparentar las adquisiciones y fortalecer los mecanismos de evaluación.
La propuesta fue acogida en su momento por la bancada del Partido Acción Nacional. Durante un año se llevaron a cabo mesas de trabajo en las que, una y otra vez, se nos aseguró que el proyecto estaba siendo analizado, mejorado y fortalecido. Sin embargo, un día antes de la última sesión legislativa del año, se nos presentó una versión reducida que solo se limitaba a reformar la ley para crear un padrón de proveedores.
A pesar del recorte, la esperanza no cedió. Si ese era el único avance posible, habría que hacerlo valer. Fue entonces cuando se comenzó a trabajar con Transparencia Mexicana para construir una propuesta que realmente generara mejoras en la proveeduría pública.
El desenlace, sin embargo, no pudo ser más revelador. El día de su discusión, la impotencia se hizo evidente: la iniciativa, impulsada por los propios diputados, fue rechazada al llegar al pleno del Congreso. La misma bancada que la había presentado votó en contra.
¿Incongruencia? ¿O, más bien, una forma de coherencia con prácticas que nunca se han querido abandonar?
Hoy, los titulares vuelven a exhibir lo mismo: el municipio de León otorgó 12 contratos a una empresa cuya representante legal es una mujer de origen humilde, que no sabe leer ni escribir y que desconoce figurar como titular de contratos millonarios.
Se suele decir, y se atribuye a Mark Twain, que la historia no se repite, pero rima. En materia de compras públicas, la rima es cada vez más evidente: cambian los nombres, cambian los titulares, pero las prácticas, los silencios y las omisiones permanecen.
¿Hasta cuándo? Ojalá, esta vez, la memoria los alcance.
RAA
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