QUIENES no le creen a la FGR que encabeza Ernestina Godoy eso de que no encontraron al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, para que compareciera en el caso por huachicol fiscal en contra de sus sobrinos Manuel y Fernando Farías Laguna, cuentan que el exfuncionario no es tan difícil de hallar.
SEGÚN ESTO, lo que podría hacer la Fiscalía es buscarlo un sábado cerca del mediodía en el Club Campestre ubicado al sur de la Ciudad de México, a donde se asegura que suele ir a jugar golf cada semana.
AQUELLOS que dicen haberlo visto pegándole a la pelotita blanca afirman que pasa muchas horas en ese club en donde estaría sacándole jugo a su membresía.
Y ES QUE, para poder ser socio con derecho a usar el campo de golf, hay que comprar una acción que cuesta unos 2 millones de pesos, además de cubrir una cuota mensual de 30 mil pesos. Fore!
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EN AGOSTO fue Baja California y en septiembre le tocó a Sonora que desde Estados Unidos se emitieran alertas por posibles actos de violencia del crimen organizado.
Y, AUNQUE al final los alertamientos consulares fueron levantados días después sin que ocurriera alguna tragedia, vaya sustos que les han metido a los habitantes de Mexicali, el 25 de agosto, y a los de Nogales el 5 de septiembre.
EN AMBAS ocasiones, la embajada de EU a cargo de Ronald Johnson ha ordenado la suspensión de labores de sus empleados consulares y ha recomendado a los ciudadanos de ese país no acercarse a edificios de gobierno citando como motivo “amenazas de seguridad”, sin dar detalles.
DICEN que, en esas cuestiones, más vale pecar de exceso que de falta, pero hay quienes opinan que las autoridades norteamericanas les acaban haciendo el juego a los narcoterroristas a los que quieren combatir, al difundir amenazas que lo que generan es, justamente, terror entre la población civil.
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PREOCUPANTE resulta que la Auditoría Superior de la Federación presentara una denuncia por falsificación de documentos que han sido usados para extorsionar a funcionarios públicos.
SE DIERON cuenta de que hay gente que se hace pasar por personal de ese organismo que fiscaliza a todas las dependencias del gobierno federal.
PARA ELLO, usan membretes, sellos y firmas falsos y exigen dinero a burócratas a cambio de evitarles consecuencias administrativas y penales por irregularidades y actos ilegales.
QUIÉN sabe qué resulta peor, si el hecho de que alguien haga “negocio” extorsionando a empleados públicos o que los empleados públicos estén dispuestos a pagar a quienes ellos piensan que sí son autoridades para tapar sus malos manejos.
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