Sólo falta un paso, la aprobación del Pleno del Congreso local para que la facultad de nombrar al Procurador de los Derechos Humanos sea una facultad ya únicamente del Poder Legislativo.
Hasta el último proceso de designación del ombudsman, José Raúl Montero de Alba, el Gobernador seguía teniendo la facultad de intervenir en el proceso. Su participación consistía en enviar un terna, para que de entre los propuestos los diputados designaran a uno.
Con una reforma a la Constitución local, el Gobernador ya no tendrá está intervención, la terna y la designación será facultad del Legislativo, determinaron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucional, quienes emitieron un dictamen a favor y el cuál podría ser puesto a votación en la sesión de Pleno del próximo jueves.
La iniciativa de reforma también contempla que la designación se avalada por dos terceras partes del Pleno del Congreso, esto es el voto a favor de 24 diputados.
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