Bárbara Botello a juicio penal
La exalcaldesa Bárbara Botello pisó la cárcel. No hay fotografías de su entrada ni de su salida.
La noticia de la detención se dio a conocer horas antes de la primer audiencia y su liberación se supo cuando ya estaba en su casa.
Un cerco de seguridad impidió que alguien extraño se acercara a la escena.
De las audiencias del primer juicio -en los últimos 250 años- contra un Alcalde de León, sólo se conocen resoluciones.
Otros juicios ni siquiera han iniciado, otros ex funcionarios que también malgastaron o se enriquecieron con nuestros impuestos siguen ufanos por la vida gozando la protección de sus padrinos de lujo, como Juan Manuel Oliva, que le debe su libertad a Miguel Márquez&
Tan campante camina Oliva que actualmente es Secretario de Elecciones del PAN Nacional.
El dinero de los guanajuatenses es sagrado y quien meta mano, merece castigo.
Pero para que eso pase debe haber un Sistema Estatal Anticorrupción blindado, que funcione sin presiones ni compromisos.
Ella dejó la Presidencia de manera prematura (en febrero 2015), luego pasó tres años en la Cámara de Diputados, cargo que terminó en septiembre 2018, y es hora que no se hace justicia.
De lo que pasó en ese trienio y del contenido de las denuncias, hay mucho. Están los resultados de las auditorías tanto de la Contraloría Municipal y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), la Fiscalía Anticorrupción que investiga y acusa, y el Poder Judicial que resuelve.
En contra de la administración “barbarista” la Contraloría Municipal presentó 11 denuncias penales y de los informes de resultados de la ASEG se desprendieron 26 observaciones con responsabilidad penal. Cada una se refiere a diferentes hechos y se involucra a exfuncionarios y a algunos proveedores.
De todo eso al final la detención fue por 1.57 millones de pesos por contratos “fantasmas” de prestación de servicios aunque otros presuntos fraudes saltaron a la vista, como el sobreprecio del Timoteo Lozano o los juegos del millón; el taxi seguro y más.
La Procuraduría con el caso del 1.57 millones intentó desde 2017 su desafuero. Allá en el Congreso de la Unión no pasó nada porque los priistas la protegieron.
Del resto de los procesos penales contra la administración de Bárbara hace falta que uno a uno se precise su estatus legal.
Ese proceso se derivó de la primera denuncia que presentara la Contraloría con Beto Padilla, eso cuando el Contralor provenía de oposición, y no como lo es hoy por ley, un empleado del Alcalde.
En el caso de Oliva, la PGR nunca resolvió aquella denuncia del PRI por el despilfarro millonario en la compra de tierras para una fallida refinería (que hoy es un fallido Parque Agrotecnológico Xonotli), la construcción del Parque Bicentenario (hoy otro elefante blanco que cuesta 50 millones al año operarlo), o la compra de tierras para otro proyecto que está en las nubes, el Tren Interurbano, por ejemplo.
La detención de Bárbara fue momento propicio para que más de uno preguntara ¿y Oliva cuándo?
Y este fin de semana “destapamos” otro escándalo con el Informe de Resultados de Auditoría a los gastos de Comunicación Social en el sexenio anterior (que esta semana revisará el Congreso) y que suman 30.4 millones de gastos sin aclarar de la Secretaría de Turismo del Estado, supuestamente para difundir Guanajuato en revistas y espectaculares en ciudades de Estados Unidos y varias páginas web.
Con Bárbara y en Sectur se trata del mismo señalamiento, contratos que no probaron que existieron.
Pero ahí están otros escándalos en la fila: como el audio revelado de una llamada del exalcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, con un presunto integrante de un cártel, hablando de “negocios” con dinero público y del que la Fiscalía General tendría una averiguación abierta que no se sabe avances.
O las presuntas irregularidades que se exhibieron con la concesión del sistema de recolección de basura y otros pagos en la anterior administración de Salamanca que encabezó el panista Antonio Arredondo (hoy Subsecretario de Desarrollo Social del Estado) y cuya auditoría integral tiene la ASEG en proceso.
Todos esos casos, y muchos más, dan cuenta que el combate a la corrupción está lejos de la realidad.
Poder Judicial, rendir cuentas
Asaltan con violencia, los detienen, y los sueltan. ¿Cuántas historias de esas habrá en la ciudad?
La liberación de presuntos integrantes de un comando armado que asaltó un despacho en la Zona Centro por un Juez que declaró ilegal la detención, tiene, con toda la razón, molesto al propietario que exige al Poder Judicial de Guanajuato revisar a fondo la actuación y rinda cuentas a los ciudadanos.
El pasado 23 de mayo a las 6:15 de la tarde un grupo armado de 8 personas al menos, todos embozados, entraron al inmueble (ubicado en calle Díaz Mirón) y golpearon a clientes y familiares.
Una persona vio el hecho y al pasar una patrulla pidió refuerzos ingresó y detuvieron a seis. Pero el Juez argumenta que no creyó en la aparición de la Policía sin reporte y que no entedía cómo se brincaron la azotea y escaparan si los policías estaban resguardando la puerta de ingreso. Aunque ese despacho está totalmente rodeado por un estacionamiento con salida por Altamirano y Díaz Mirón.
Se trata de la carpeta de investigación 53994/2019 integrada por Fructuoso Santana, agente de la Fiscalía General del Estado, y de la cual conoció el juez José de Jesús Alcántara Almeida.
El propietario es el abogado Mario Alberto Morales Reynoso (excomisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato -IACIP-), quien de manera valiente denunció el hecho públicamente y sostiene su postura de que la actuación del Juez fue incorrecta.
Pero hasta ahora ha topado con pared. La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato, Claudia Barrera Rangel, cuestionada por los medios sobre ese caso al asistir a la inauguración del Congreso Internacional de Derecho, defendió la actuación del Juez, le “aventó la pelotita” a la Policía Municipal, y de paso al nuevo modelo de Justicia Penal que previlegia la presunción de inocencia.
Pero nunca se refirió, ante la exigencia que el hecho amerita, a revisar la actuación del Juez.
En respaldo del ciudadano se pronunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, al cuestionar que “con argumentos infantiles y ridículos, el Juez decretó la libertad de los imputados en el caso del robo con violencia en “Morales y Asociados”. Demandamos al Poder Judicial de Guanajuato apoyo y valentía para ayudar a combatir la inseguridad”.
Y también en sus redes sociales lanzó un exhorto a la Fiscalía General y a la Secretaría de Seguridad Pública de León a presentar una denuncia ante el Consejo del Poder Judicial por el actuar del juez.
“Así como a los ciudadanos nos piden denunciar, exigimos que sean congruentes y hagan lo mismo”, dijo. Pero ni la Fiscalía ni el Municipio de León alzaron la voz, inexplicablemente guardaron silencio.
El Consejo del Poder Judicial es el órgano de administración general, tiene a su cargo la carrera judicial, la capacitación, disciplina y evaluación de las y los servidores públicos del Poder Judicial. La presidenta es también Claudia Barrera y cuatro integrantes más (Pablo López Zuloaga, Ma. de los Ángeles Camarena Soria, Sergio López García y una silla está vacante, que es la propuesta que ya definió el Poder Legislativo de Jorge Jiménez Lona, el coordinador de asesores del PAN).
La víctima pidió a la magistrada Claudia Barrera una cita pública para que explique el actuar del Juez, y que se le investiguen sus cuentas bancarias y las llamadas telefónicas. Tampoco obtuvo respuesta.
“Hoy gracias al Poder Judicial de Guanajuato y en especial al juez José de Jesús Alcántara Almeida aprendí que permaneces más tiempo privado de libertad por manejar vehículo de motor ebrio que por asaltar a mano armada”, lamentó nuevamente en sus redes sociales sin encontrar las respuestas.
Por unas copitas no pasarás el alcoholímetro y ahí sí no la libras de 20 a 36 horas de arresto forzoso.
Una cosa entendible es el respeto entre las autoridades, y otra muuuy distinta que la Policía Preventiva y la Fiscalía General acepten con su silencio que su trabajo en este caso no sirvió de nada. Así pues no.
Este hecho es un botón de la necesidad de abrir al Poder Judicial ahora que tanto se habla del Gobierno Abierto, pero que tan concentrados estamos todos en las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo.
Otro ejemplo lo tenemos con “(In) justicia abierta, ranking de opacidad judicial en México”, realizado por la organización “Equis, justicia para las mujeres”, y que refleja que Guanajuato reprobó en transparencia con un 40% de calificación general sobre 100%, aunque aún así fue el quinto más alto.
Los 32 Poderes Judiciales locales están reprobados en transparencia. Hay que demandar rindan cuentas.
Consejos ciudadanos, el debate de su función
La obra que contrató el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) a la constructora del cuñado del presidente del Consejo Directivo, Jorge Ramírez Hernández, abre nuevamente el sano debate sobre el alcance de las responsabilidades de los consejeros ciudadanos en los gobiernos.
Es un contrato por $47 millones a dos empresas: Construcción y Servicios del Bajío (Coseba), propiedad de Enrique Aranda (el cuñado) para rehabilitar un colector sanitario, en sociedad con Guram.
El Presidente de SAPAL dejó clara su postura de que se trata de una licitación pública y una decisión tomada por el Comité de Obra y Proyectos (en el que participan cinco consejeros ciudadanos, un miembro del Ayuntamiento, representantes de la Contraloría Interna y Municipal y el equipo técnico y operativo del organismo), de la cual se excusó de opinar e incidir en la decisión final.
Y se dijo abierto a la revisión de procesos y a poner a disposición l os documentos de la adjudicación.
Hasta ahora nadie ha probado un impedimiento legal al ganar el concurso. Pero el tema va más allá.
Ahí están las posturas de dos empresarios que no son opositores al ex Presidente de Coparmex León, como José Arturo Sánchez, del Consejo Coordinador Empresarial, y el exalcalde Ricardo Alaniz, ambos consideraron que lo mejor sería que familiares se abstuvieran de participar en licitaciones.
El mismo Alaniz Posada señaló en su momento al llegar a la Alcaldía (2003) que “para no meterme en problemas les dije a todos mis familiares que tenían prohibido venderlo algo a la Presidencia”.
Hay que decir también que se trata de una constructora de larga trayectoria cuyo empresario podrá decir ¿qué culpa tiene de que su cuñado sea Presidente del organismo que más invierten en obra? Pero también es cierto que la participación en ese tipo de consejos implica costos que hay que asumir.
Hay que recordar que el año pasado el CCEL (del que formaba parte Jorge Ramírez) presentó un Código de Conducta para Consejeros Ciudadanos, luego de la polémica que derivó en la salida precisamente del anterior presidente del SAPAL, el empresario Pedro González, inhabilitado cinco meses por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado por un caso de conflicto de intereses.
El decálogo ético enlista, entre otros temas, que “los consejeros no podrán, directa o indirectamente ni a través de una empresa, vender o prestar servicios para el organismo o entidad en la que participen” y que “si existe una causa presumible de conflicto de interés deberá manifestar y abstenerse de votar”.
En el caso particular no es una empresa del Presidente del organismo operador y sí se abstuvo de votar.
Se agrega que de presentarse un caso que no estuviera debidamente contemplado por ese Código, debera ser presentado para su revisión al Consejo Directivo del CCEL. Así que pudiera discutirse ahí, aunque Jorge Ramírez no llegó como propuesta empresarial sino de la Universidad Tecnológica de León (algo que también fue debatible).
Otros fueron más rudos con el Presidente de SAPAL, como la legisladora federal del Verde, Beatriz Manrique, quien señaló en su cuenta de Twitter: “¡son una chulada!, siguen pagando el apoyo anticipado de Jorge Ramírez, entonces presidente de Coparmex en León, al actual presidente @hlsantillana ¿Se acuerdan con qué alegría y jolgorio Jorge sugería apoyar la continuidad (reelección)?
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