Hay eventos que se vuelven, de pronto, emblemas. Más que eso: resúmenes de situaciones más extensas, de conflictos subterráneos, de problemas acumulados, de tensiones irresueltas, de universos encerrados en sí mismos. Hay eventos que, in noche, concentran y acaso describen un país entero. La pasada consulta popular es uno de ellos: un extraño acontecimiento -un ovni político- que permite observar a México, todo nuestro México de 2021, en una sola secuencia de actos. Un holograma de nuestra parálisis, de nuestra descomposición interna, de nuestra incapacidad para hacer justicia.
Preguntado una y otra vez, durante la campaña, sobre si una vez en el poder enjuiciaría a los anteriores presidentes del PRI y del PAN, un incómodo Andrés Manuel López Obrador respondió que sí, siempre y cuando, en una consulta, el pueblo lo secundara. Insólita respuesta: en cualquier lugar donde prevalece el Estado de derecho, la búsqueda de la justicia no requiere de consulta alguna. Si se sospecha que hay un delito, se presenta la denuncia y, conforme a las reglas del debido proceso -presunción de inocencia incluida-, se investiga y en su caso se consigna al presunto delincuente ante un juez.
¿Por qué con los antiguos presidentes debía ser distinto? ¿Por qué distinguirlos de cualquier otro ciudadano? Falla de origen: exigir más que solicitar el apoyo popular para hacer justicia. Sobradas razones habría para denunciar a algunos de los expresidentes: lo que se habría necesitado entonces, igual que hoy, después de la consulta, es acreditar esas sospechas e iniciar un procedimiento.
Si la iniciativa resultaba cuestionable, al menos era clara. Una vez que pasó por el tamiz del Poder Judicial, se volvió, además de absurda, incomprensible. Aplicando ese lenguaje burocrático que empaña casi todas nuestras actuaciones legales, la Corte convirtió la pregunta en un batiburrillo que solo animaba a la confusión. ¿Actores políticos del pasado, de verdad? Si la consulta era innecesaria peor: un atentado mismo a la justicia, ésta se volvió, además, ridícula. Nadie hizo tanto para desacreditarla como la Corte.
¿Había que criticar la consulta? Sin duda: por su contradicción interna, que en vez de perseguir la justicia el enjuiciamiento de los expresidentes, terminaba por sabotearla. Solo que nuestra oposición formada justo por el PRI y el PAN, que resultaban asimismo enjuiciados fue incapaz de hacerlo. Durante todo el proceso se les vio sin argumentos, eludiendo torpemente su propia responsabilidad en los desastres del pasado, del Fobaproa a la guerra contra el narco, del fraude de 2006 a la Estafa Maestra. Y entonces los vimos descalificando el instrumento y, por tanto, despreciando a los ciudadanos que, más allá del enredo, sí querían participar. Hasta aquí: un gobierno al que no le importa la justicia en su supuesto intento por hacer justicia y una oposición sin la capacidad de responder al desafío por sus propias culpas históricas.
A lo anterior se suma la incomodidad del órgano encargado de realizar la consulta: un INE permanentemente asediado desde el gobierno por su supuesta complicidad con los regímenes anteriores, esos que se buscaba juzgar, hizo lo que pudo con los recursos existentes: organizar una consulta popular que buscaba una cosa pero que en su redacción decía otra. No la hizo mal, la hizo porque no tenía otra salida, a sabiendas de que su actuación generaría aún más ataques desde la Presidencia.
Al final, poco más del 7% del electorado acudió a responder, mayoritariamente que sí, a quién sabe qué. La valoración de las cifras demuestra, de nuevo, nuestra confusión pública. Para Morena y, a regañadientes, el INE, fue un éxito. Para todos los demás, un sonoro fracaso. Dos mentiras equivalentes: más bien un ejercicio fallido por culpa de todos nuestros actores políticos, a quienes lo que menos les importa es lo que estaba en el centro de las preocupaciones ciudadanas ese día: la justicia. Una justicia que, por su culpa, sigue sin existir en México. Ni para los expresidentes ni para ningún ciudadano común.
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