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Ciudad de México.- El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que durante 2024 la extorsión provocó pérdidas por 91 mil 800 millones de pesos entre las familias mexicanas que se vieron obligadas a realizar pagos a cambio de protección o para evitar agresiones.

Ante este panorama, el legislador pidió que la extorsión en México sea considerada no solo como un problema de seguridad, sino también como una amenaza para la economía, la inversión, el campo, la construcción, la obra pública y las finanzas del Estado.

“En los hechos, la extorsión funciona como un impuesto criminal. Es dinero que sale de los bolsillos de trabajadores, comerciantes, empresarios y productores, pero que no llega a las finanzas públicas, ni se convierte en escuelas, hospitales, vivienda, infraestructura o programas sociales”, señaló Ramírez Cuéllar mediante un comunicado.

Extorsión impacta a productores y empresas

El diputado advirtió que este delito afecta directamente la estabilidad de empresas y productores rurales, además de generar incertidumbre entre las familias.

Como ejemplo, Grupo REFORMA informó que en Zacatecas algunos productores deben pagar hasta 2 mil pesos por cada cabeza de ganado que venden.

La cuota también se aplica a borregos y chivas y, en el caso de los becerros, el cobro equivale en los hechos a entregar al crimen organizado aproximadamente una de cada 10 cabezas comercializadas.

Ramírez Cuéllar señaló que estas prácticas afectan la rentabilidad de las actividades productivas y elevan los costos para quienes trabajan en sectores como la agricultura y la ganadería.

Costo de la extorsión podría alcanzar 1% del PIB

El vicecoordinador de Morena sostuvo que el impacto económico de este delito podría representar hasta 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Añadió que los cobros ilegales no solo reducen los ingresos de comerciantes, empresarios y productores, sino que también pueden frenar nuevas inversiones y debilitar distintas actividades económicas.

Por ello, insistió en que la extorsión debe atenderse como un fenómeno que afecta tanto la seguridad de las personas como el desarrollo económico del país.

Cae confianza para invertir en México por inseguridad y reformas, advierte Coparmex

El 3 de septiembre se publicó que solo dos de cada 10 empresarios en México consideran que es un buen momento para invertir, el nivel más bajo desde 2020, señaló Juan José Sierra, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En Guanajuato, la percepción es ligeramente mayor, con 28.6 % de los empresarios.

El dirigente empresarial atribuyó esta falta de confianza a tres factores: inseguridad, incertidumbre y falta de certeza jurídica y energética.

“México no crece porque no hay confianza, necesitamos que exista la confianza como condición indispensable para la inversión nacional y extranjera”, mencionó durante una rueda de prensa, tras la presentación del Encuentro Nacional Coparmex León.

Sierra consideró que las empresas en México pasaron de una etapa de expansión a una de subsistencia y que la ubicación geográfica del País ya no es suficiente para atraer nuevas inversiones.

Añadió que las expectativas de crecimiento entre las empresas socias de Coparmex bajaron de 62 % a 50 %.

“Los empresarios, lo que queremos es que no nos estén moviendo la mesa con más reformas. No necesitamos más reformas, necesitamos que las que existan sean claras y no cambien”, afirmó.

Explicó que una de las principales dudas de los inversionistas extranjeros es si sus recursos estarán protegidos y si las reglas se mantendrán.

“Eso es lo que nos preguntan en el extranjero. ¿Mi inversión se va a respetar?, ¿las reglas del juego no van a cambiar?”, señaló.

Durante el primer semestre del año, solo 7.8 % de la Inversión Extranjera Directa (IED) correspondió a nuevas inversiones, señaló Sierra.

Esto significa que alrededor de 92% fue dinero reinvertido por empresas que ya operan en México.

Recordó que durante el mismo periodo del año pasado las nuevas inversiones representaron 18% de la IED, mientras que en 2018 y 2019 alcanzaron 38%.

HLL

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