Guanajuato, Gto. El juez federal Hernán Bardón Juárez ordenó al Ministerio Público Federal que, en un término de tres días, determine si procede o no ejercer acción penal en la denuncia por el presunto delito de ataque a las vías de comunicación cometido presuntamente por el expresidente municipal y el exdirector de Desarrollo Urbano de Guanajuato capital en 2021.
Esto ocurre luego de que el 24 de abril de 2025, Mario Torres Marín, abogado de la empresa Telecable —afectada por ambos funcionarios en 2021—, solicitó al Ministerio Público Federal informar si había actos pendientes en la investigación, pues considera que el caso ya está concluido; sin embargo, no había recibido respuesta.
No puede paralizarse esta investigación. Debe de dar respuesta de dictar o no acción penal. (…) Y le digo que tome la decisión que juzgue procedente: acción penal y en su caso programar la audiencia inicial o la improcedencia”, ordenó el juez a los dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato.
La resolución se tomó este miércoles en una audiencia judicial federal, a la cual no se presentaron los dos exfuncionarios involucrados, repitiendo la inasistencia registrada el 26 de noviembre de 2025. El juez señaló que sus nombres no pueden ser publicados bajo el amparo del artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Origen del conflicto: el corte de cables en 2021
El caso por presunto ataque a las vías de comunicación se remonta al 14 de julio de 2021. En esa fecha, el entonces presidente municipal de Guanajuato encabezó trabajos donde personal de la administración cortó los cables de televisión e internet de la empresa Telecable en diversos puntos de la ciudad.
El argumento de la autoridad municipal fue un presunto adeudo de 35 millones de pesos por derecho de vía pública. No obstante, la acción dejó sin servicio a miles de ciudadanos, bomberos, dependencias gubernamentales y al Congreso del Estado.
Los hechos fueron transmitidos en vivo a través de la cuenta de Facebook del entonces alcalde.
En el operativo participó la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Por su parte, Megacable aseguró que las acciones carecían de sustento jurídico y notificación previa.
Acusan negligencia del Ministerio Público
Durante la audiencia de este 7 de enero, el abogado Mario Torres afirmó que el Ministerio Público Federal ha sido omiso y negligente. “Considero que hay suficientes datos de prueba y la autoridad ha dejado de conducir la investigación, que debe ser continua y oportuna”, señaló.
Mencionó que, tras el corte, el personal de la empresa intentó restablecer el servicio a los 13 mil usuarios afectados, pero la Policía Municipal lo impidió.
En respuesta, la agente del Ministerio Público, Lizeth García, explicó que el proceso se detuvo porque, tras la denuncia inicial del 15 de julio de 2021, el apoderado legal de la empresa compareció al día siguiente para retirarla, mostrando un acuerdo entre la empresa y el municipio.
Sin embargo, el abogado Torres replicó que el Gobierno Municipal los obligó a firmar dicho convenio para donar bienes y servicios. Precisó además que quien firmó fue Megacable, mientras que la empresa afectada es Telecable, tratándose de dos figuras jurídicas distintas.
Periódico AM buscó al expresidente municipal y al exdirector de Desarrollo Urbano para conocer su postura, pero no se obtuvo respuesta.
JB
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