En esta semana que inicia, será aprobada la iniciativa de reforma a la Ley Minera, mediante la cual se obligará a las empresas mineras a pagar el 5% sobre su producción. De este porcentaje, 3.5% se destinará a los municipios donde está asentada la mina, anunció el diputado federal capitalino Francisco Arroyo Vieyra.
“Vamos a legislar el 5% por aprovechamientos y ya con las deducciones, a las zonas les quedará el 3.5%”, anticipó.
Precisó que el dictamen de la reforma establecerá que el 3.5% del cobro se deberá quedar en los municipios donde se está la mina.
La iniciativa establece que el 80% se destinará para constituir el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.
Y el restante 20% de la recaudación pasará a formar parte del Fondo General de Participaciones, que maneja la Federación pero el cual se reparte a los estados.
Aunque todavía no se ha definido si el cobro del 5% será sobre el volumen de mineral extraído o por el valor del mismo. Ese pago sería a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En entrevista, comentó que ese dinero se podrá destinar, en el caso del municipio de Guanajuato, a beneficiar a las comunidades mineras como El Cubo o Llanos de Santa Ana.
“Pueden arreglar la carretera a las zonas mineras o puede haber más unidades del Seguro Social”, sugirió Arroyo Vieyra.
“Las empresas mineras están verdaderamente molestas porque no se les ha calculado cuánto sacan. Los mineros me decían: ‘ya estamos pagando ISR’”.
La reforma que se aprobará será de la iniciativa de modificaciones a la Ley Minera presentada el 12 de marzo pasado por los diputados Adolfo Bonilla Gómez, de Zacatecas y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, ambos del PRI.
El documento propone que se conformará en cada estado un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras integrado por un representante de la administración pública federal, en este caso, por parte del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo del comité; un representante del Gobierno del Estado, un representante de el o los municipios en donde se localicen las actividades de las empresas mineras, en los casos en donde se ubiquen en comunidades indígenas se incluirá un representante de dichos grupos étnicos; y dos representantes de la empresa minera.
“Este comité definirá las obras que las empresas deban realizar en infraestructura y servicios públicos en beneficio de las comunidades vecinas a la actividad minera, las cuales son las que exclusivamente serán acreditables al pago del derecho establecido en este artículo”, planteó la iniciativa, pero habrá que esperar la aprobación por parte de los diputados para saber si fue aceptada o no esta propuesta.
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