Guanajuato.- La crisis de inseguridad que prevaleció durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, representó una oportunidad de negocios para la empresa privada Seguritech. 

Durante los seis años del priista, obtuvo más de diez convenios millonarios con gobiernos estatales, para la instalación y funcionamiento de centros de inteligencia y video vigilancia. 

Opacidad, incumplimientos a las leyes de adquisiciones, sobreprecios y resultados deficientes, son algunas de las inconsistencias que comparten estos contratos

En diciembre del 2012, el panista Felipe Calderón concluía su encargo como presidente de México, con más de 120 mil homicidios a consecuencia -principalmente- de la fallida “guerra contra el narcotráfico” que impulsó apenas iniciado su gobierno.

Fosas clandestinas, balaceras, narcomantas y cadáveres ensangrentados colgando de puentes o tirados como basura en las vialidades públicas, fue el escenario que se volvió parte de la vida cotidiana en distintas regiones del país.

La sociedad pidió un “golpe de timón” ante la crisis de inseguridad y, por ello, otorgó su voto de confianza al abanderado del partido opositor, el priista Enrique Peña Nieto. Sin embargo, su estrategia no varió mucho a la de su antecesor.

En medio del entorno de violencia del país, surgió la urgencia de modernizar los esquemas de inteligencia y videovigilancia, como parte de la estrategia del combate a la inseguridad.

En este contexto, apareció en el mapa la empresa Seguritech Privada, S. A. de C.V., fundada en 1995 en la Ciudad de México, como un pequeño comercio dedicado a la venta de alarmas vecinales, pero bajo el cobijo del gobierno priista se convirtió en una marca sumamente redituable al monopolizar los contratos de los principales proyectos de vigilancia e inteligencia del país, llamado centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i). 

Y la promesa, ser una herramienta para combatir la inseguridad y reducir la incidencia delictiva.

Más de 10 unidades C5i fueron inauguradas o se empezaron a construir en el sexenio de Peña Nieto, entre ellas Baja California y Guanajuato. 

Las entidades federativas comprometieron presupuestos millonarios en medio de la opacidad, violentaron procesos parlamentarios y requisitos administrativos. Se autorizaba la compra de equipo tecnológico obsoleto con sobreprecio, ocultando información pretextando la protección de la seguridad nacional.

En este proceso, la violencia criminal no fue mermada, Peña Nieto terminó su gobierno con más de 156 mil muertes violentas, un 29% más que su antecesor. 2018, su último año de gobierno, se convirtió en el peor en la historia de México hasta ese año, promediando 100 asesinatos diarios.

En ese esquema, Guanajuato, Estado de México y Baja California se asentaron como las entidades más violentas. Situación que no ha mejorado en dos años del presidente Andrés Manuel López Obrador, con más de 60 mil asesinatos.

Sigue ocultamiento

El contrato por 2 mil 700 millones (250 millones de dólares del 2013) de pesos que otorgó el Gobierno estatal a  Seguritech para crear el plan de seguridad “Escudo”, sigue oculto.

La nueva reserva es por 6 meses, hasta el 24 de junio de este año.

También esconden el nuevo contrato firmado con la misma empresa en 2019 por concepto de “Servicio Integral de Enlace y Monitoreo”, reservado hasta diciembre del 2024. 

Pero el semanario Zeta consiguió una copia del contrato, que señala que el proyecto tuvo un costo de 2 mil 727 millones de pesos, se adjudicó de manera directa y sin un estudio de viabilidad financiera.

Sinónimo de tranquilidad

“Guanajuato es sinónimo de tranquilidad y todos queremos que así siga siendo, por ello, mi Gobierno ha sido especialmente sensible a la demanda de los ciudadanos para reforzar la seguridad. Desde el inicio de la Administración Estatal, hicimos de ésta una prioridad, porque sabemos que las familias merecen vivir en paz”.

Así lo señaló Miguel Márquez, gobernador de Guanajuato, durante la puesta en marcha del Programa de Seguridad Escudo con la inauguración del Sistema Estatal de Coordinación, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia -C5i- en Guanajuato Puerto Interior, en una ceremonia celebrada el 15 de abril de 2014.

El contrato secreto SeguriTech-Guanajuato 

Entre Guanajuato y Estado de México erogaron más de 8 mil millones de pesos en la implementación de los C5i.

Días después de que el priista Enrique Peña Nieto asumió el cargo como presidente de la república, el recién nombrado gobernador de Guanajuato, el panista Miguel Márquez Márquez, firmó el contrato SSP/C4/001/2012 para la adquisición del proyecto C5i.

El plan consistió en instalar un moderno esquema de videovigilancia, fibra óptica y arcos carreteros que se convertirían en los “ojos de Guanajuato” y así evitar que la violencia de entidades vecinas como San Luis Potosí, Nuevo León, Michoacán, Querétaro y Jalisco, influyera en la criminalidad.

El proyecto tuvo un costo de 2 mil 727 millones 893 mil 413 pesos a pagarse durante todo el sexenio de Márquez Márquez. El contrato se adjudicó de manera directa y sin llevar a cabo un estudio de viabilidad financiera.

Pese a las múltiples negativas, Semanario ZETA obtuvo una copia del contrato firmado entre el Gobierno del Estado y la empresa SeguriTech Privada, en el año 2012.

El documento firmado por Alvar Cabeza de Vaca, Gabriel Anguiano Delgado y Manuel de Jesús Villarreal Romero, por parte de la Secretaría de Seguridad, y por René Bustos Soler, por parte de la empresa, consta de 53 páginas.

Una de las irregularidades detectadas es que pese a lo elevado del costo se trata de un arrendamiento donde todo el equipo es propiedad del “prestador del servicio”, por lo que debía devolverse en octubre del 2018.

Aunque había una opción de compra si el Ejecutivo Estatal decide comprarlo, para lo que tendría que pagar el 2% del total, lo que representa poco menos de 50 millones de pesos.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió extender el servicio y a la fecha ha erogado más de 100 millones de pesos.

El acuerdo de voluntades también obliga a la empresa a obtener un seguro de daño, robo o extravío, para el equipo de vigilancia, pero no establece mayores detalles sobre cuándo se haría responsable cada uno en el caso de que esto ocurra.

El auditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, Tomás Martín Hernández Gaytán, respaldó las acciones realizadas por la dependencia a su cargo y aseguró que durante los primeros años se contabilizaron 28 observaciones en torno al contrato y los servicios del proyecto C5i, de las cuales fueron solventadas un 80%.

“De estas se solventaron el 80% de las observaciones, un 11% están parcialmente solventadas. Digamos que hay una atención muy buena del 90% y queda por ahí un “saldito” del 10% de las observaciones, como no atendidas o no solventadas”, calificó el funcionario.

Aunque la mayoría de las irregularidades fueron solventadas, las pendientes resultaron ser las más graves, como la firma del contrato sin la autorización del Poder Legislativo.

Por parte de la Auditoría hubo un reclamo, pero nunca una sanción del Congreso hacia el Ejecutivo, pese a que se presentó una denuncia administrativa en febrero de 2014.

Los informes de la auditoría también refieren que los arcos carreteros no pueden detectar placas de vehículos robados si transitan por el acotamiento de las vialidades; que los videos captados por el equipo de SeguriTech son borrados a los 30 días, por lo que en caso de no solicitarse a tiempo la información de un hecho ocurrido en determinado día, ya no puede ser cotejable; que existen errores en la instalación de los postes donde descansan las cámaras de vigilancia y discrepancia en la tecnología utilizada con la ofertada, entre otras cuestiones.

Tampoco se llevó a cabo un proceso de licitación abierto, ni se establecieron precios unitarios de los bienes arrendados, omitieron compromisos de entrega de obra, al igual que información precisa sobre las sanciones en caso de incumplimiento de contrato.

Las observaciones de la auditoría especial fueron enviadas al Poder Ejecutivo, el cual se dio por enterado en agosto del 2016, es decir, casi 4 años después de asignado el contrato y a dos años de concluirlo.

En esa revisión se detectaron fallas en 46 de los 56 arcos carreteros revisados, solventando la mayoría varios años después de su instalación.

A juicio del ex legislador en Guanajuato, Sergio Contreras, el proyecto fue un fracaso, porque se registraron las peores cifras de incidencia delictiva durante este periodo y la tecnología no resultó ser lo que se había prometido.

Contreras aseguró que los informes de auditoría fueron insuficientes porque inicialmente sólo se revisó si se cumplía con lo adquirido, cuando por la naturaleza y complejidad del proyecto era necesario también evaluar la calidad del mismo.

Oculta Guanajuato gastos efectuados

El contrato por 2 mil 700 millones (250 millones de dólares del 2013) de pesos que otorgó el Gobierno estatal a Seguritech para crear el plan de seguridad “Escudo”, sigue oculto.

La nueva reserva es por 6 meses, hasta el 24 de junio de este año.

También esconden el nuevo contrato firmado con la misma empresa en 2019 

por concepto de “Servicio Integral de Enlace y Monitoreo”, reservado hasta diciembre del 2024. 

Del último contrato se pidió en otra solicitud de información solamente el monto, y el Estado lo negó “por seguridad”.

En diciembre de 2012, el gobierno de Miguel Márquez firmó el contrato de 2 mil 700 millones con la promesa de bajar la incidencia de delitos con el uso de tecnología avanzada.

“Escudo” fue parte del C-5i  que consiste en un centro de monitoreo con pantallas conectadas a cámaras instaladas en todo Guanajuato, y con comunicación a bases de emergencia y policíacas.

El 15 de abril de 2014 se puso en marcha “Escudo” con la presencia del comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García. El gobernador Miguel Márquez Márquez expresó en su mensaje: “Guanajuato es sinónimo de tranquilidad y todos queremos que así siga siendo”.

Desde esa fecha, el contrato fue reservado por “seguridad”. Pocos detalles se dieron a conocer como la instalación de “botones de pánico” y arcos de vigilancia. Los resultados de la gran inversión, nunca se vieron.

La primera negativa para dar a conocer los costos del C-5 se extendió por 5 años, de 2012 a 2017.

La segunda abarcó tres años, de 2017 hasta diciembre 2020.

Al vencer el plazo, AM solicitó por tercera vez los contratos y la respuesta de la Unidad de Transparencia fue que están reservados por otros 6 meses.

Solo ellos saben

Seguridad Privada, S.A. de C.V. (Seguritech), aún opera en Guanajuato el C-5, pero solo el Gobierno sabe cuánto nos cuesta a los ciudadanos, qué tareas realiza actualmente y los logros.

En dos sexenios diferentes, el Estado ha extendido las “reservas” para no dar a conocer los contratos con Seguritech. 

Vencido el segundo plazo, AM solicitó por acceso a la información, el 14 de enero pasado, copia de los contratos y convenios celebrados entre el Gobierno del Estado y Seguritech Privada S.A de C.V de 2010 al 2021.

La respuesta de la Secretaría de Seguridad fue la siguiente:

“Me permito informarle que el contrato a que hace referencia la solicitud de información, celebrado con la empresa Seguritech, se encuentra clasificada como información reservada, ello de conformidad al acuerdo dictado por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública para el estado de Guanajuato, emitido en fecha 16 dieciséis de diciembre del año 2020.

“En el que se determinó procedente la solicitud de prórroga del término de vigencia del Acuerdo de Clasificación de Información, elaborado y suscrito en fecha 24 de diciembre del año 2012, por el otrora Titular de la unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, ampliándolo por un periodo de 6 meses contado a partir del 24 veinticuatro de diciembre del año 2020, al 24 veinticuatro de junio de 2021&”.

La “reserva” incluye: “Bitácoras, reporte, informes, avances, oficios, circulares, memorándum, notas informativas, correos electrónicos y cualquier otra información generada o utilizada dentro de la ejecución, puesta en marcha y operación del proyecto. Así como los instrumentos legales generados con motivo del proyecto”.

Niega contratos recientes

En junio de este año, según Transparencia, el Estado sacará a la luz los contratos de 2012.

Sin embargo, se reservará un contrato de 2019 firmado por el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez.

Se trata del contrato por “Servicio Integral de Enlace y Monitoreo”, reservado durante cinco años, del 20 de diciembre de 2019 al 2024.

El Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo justifica la reserva así: “La difusión de la información en los términos en que se encuentra contenida representa un riesgo objetivo en el contexto social actual, debido a que puede ser utilizada por miembros de organizaciones delincuenciales para consumar conductas ilícitas”.

El acuerdo incluso reserva el nombre de la empresa que presta el servicio argumentando el riesgo de que personas del crimen organizado puedan extorsionar. No obstante, la Secretaría de Finanzas confirmó el contrato con esta empresa.

En otra solicitud de acceso a la información de AM, realizada el 27 de enero de 2021 para conocer el monto del contrato suscrito en 2019, la respuesta el 4 de febrero es que el contrato está reservado en su totalidad, incluido ese dato.

(Con información de Lorena Lamas, Rosario Mosso, Eduardo Villa Lugo, Sebastián Martínez, Cutberto Jiménez y Semanario Zeta)

MCMH