Guanajuato.- Aunque es difícil estimar el número de personas afectadas por el desplazamiento forzado interno (DFI), el fenómeno sí existe en Guanajuato: el Consejo Nacional de Población (Conapo) señaló que en 2023 habían salido de la entidad 6,515 personas, producto de la inseguridad delictiva o violencia.
El dato lo revela el libro “Desplazamiento Forzado Interno y violencias en México: causas, trayectorias y efectos”, publicado por la UNAM y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, donde se mencionan al menos nueve casos de familias buscadoras expulsadas de la entidad entre 2021 y 2023. Este contexto se suma a las atrocidades en Guanajuato que lideran estadísticas nacionales.
Uno de los casos más extremos es el de los profesores retirados Javier Barajas y María del Tránsito Piña, padres de Lupita y Francisco Javier, en Salvatierra. La familia espera que tras años de lucha, finalmente se logre obtener justicia por desaparición y muerte de sus hijos.
En febrero de 2020, Lupita fue reportada como desaparecida y su hermano Francisco Javier se dedicó a buscarla. Ella fue ubicada en 2021 en una fosa clandestina junto con los restos de unas 80 personas y él, asesinado en mayo de ese mismo año.
El grupo delictivo sigue operando y esa es una de las principales causas por las que la gente no se anima a pedir verdad y justicia. Los amenazan… no nos interesó dejar el confort, únicamente pedimos verdad y justicia por nuestros hijos”, afirmó Javier Barajas.
Su esposa confirmó que hay temor fundado: en el caso por la desaparición de su hija Lupita hay un imputado que está prófugo, quien de acuerdo a testimonios de integrantes del colectivo “Ángeles de Pie por Ti”, se pasea impunemente en el Barrio de San Juan, donde se ubica la fosa clandestina más grande encontrada en el estado.
Esta persona estaría vinculada a otros hechos delictivos recientes, siendo catalogado como “generador de violencia”, pero ambos padres y sus asesores jurídicos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez cuestionan el trabajo de la Fiscalía General del Estado: si es ampliamente conocido dónde está, ¿por qué no lo detienen?
Como este, hay al menos otros tres casos (dos en Celaya y uno de Acámbaro) de personas buscadoras y su núcleo familiar desplazadas, sin condiciones para que retornen. A nivel nacional, desde 2020 legisladores mantienen una ley de protección congelada para estos casos.
Estos casos de desplazamiento forzado, así como las amenazas y asesinatos de buscadoras, han sido documentados desde 2020 por la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, cuyo fundador, Raymundo Sandoval, investigó el capítulo correspondiente a la entidad.
Esto, siguiendo los Principios Rectores planteados por la ONU, que indican la violación de derechos humanos como uno de los factores para el desplazamiento, algo que, dijo, sí se cumple en el estado.
La publicación “busca, a partir de casos concretos, asociar el desplazamiento forzado a partir de las amenazas que han vivido las personas buscadoras y sus familias en diferentes municipios”, dijo Raymundo Sandoval.
Detalló que la publicación recupera lo que ya se ha documentado para enmarcarlo en una investigación nacional que da cuenta de dimensiones estructurales pero también de realidades locales sobre el fenómeno.
Retornar, sin garantías
Norma Patricia Barrón, fundadora del colectivo “Una Luz en mi Camino”, tuvo que dejar su casa en Irapuato. Su esposo y su hijo fueron secuestrados el 1 de junio de 2019, pero aunque se realizó el pago para su liberación, siguen desaparecidos.
No obstante, Norma Patricia se dedicó a investigar a las personas que se sospechaba estaban detrás de su desaparición y gracias a ello se pudo consignar y sentenciar a tres de los secuestradores.
De ahí recibí muchas amenazas que me hicieron salir del país. Estuve un mes en Estados Unidos pero me regresé y comencé a cambiar de domicilio en la misma ciudad, solo llevaba mis cosas personales”.
Agrega que aunque sus familiares en EUA le apoyaban económicamente, las autoridades no le dieron ninguna garantía: “Fue hasta que se realizó el juicio de mi hijo, ahí el juez federal me otorgó protección con Guardia Nacional, ya que en dos ocasiones saliendo del juicio ya estaban por asesinarme”.
Las amenazas no pararon tras conseguir las sentencias condenatorias, pero ella ha decidido continuar buscando a su hijo y a su pareja, y exigiendo justicia, pues tres de los secuestradores aún están prófugos.
Definición de desplazamiento forzado
Naciones Unidas emitió en 1998 los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos: “Se entiende por desplazados internos a las personas o grupos que se han visto forzados a escapar de su hogar como resultado de un conflicto armado, violencia generalizada o violaciones de los derechos humanos”.
Hay dos tipos de desplazamiento: en forma individual o en pequeños grupos familiares, llamado “desplazamiento por goteo”, o en grandes grupos (de veinte personas o más), lo que se denomina “desplazamiento masivo”.
Este último tipo es el que mejor puede ser monitoreado por las autoridades, debido a que posee una mayor visibilidad y una creciente frecuencia en diversas regiones del país.
“Cualquier error podría costarnos la vida”
Javier Barajas, padre de Lupita y de Francisco Javier, cuenta que tras el asesinato de su hijo, el 29 de mayo de 2021, fue que se presentaron las amenazas directas.
Al salir del panteón “fuimos acompañados por muchos colectivos y una persona me habla por teléfono y me dice ‘Profe no salgas del panteón, ya están esperando los sicarios aquí a la salida’. Salimos en otro vehículo a un estado vecino”.
A partir de ese momento, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos comenzó a tomar cartas en el asunto al percatarse de la magnitud de la situación de riesgo.
A la fecha, él y su esposa María del Tránsito reciben la protección del Mecanismo y no han podido volver a su hogar en Guanajuato debido a la falta de garantías de seguridad.
AAK
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