Guanajuato.- En mesa de trabajo de la comisión de Derechos Humanos, se avanzó en el análisis de la iniciativa de Morena sobre dignidad póstuma y respeto a la identidad de género.

Activistas y representantes de organizaciones civiles de la diversidad sexual y de género, opinaron a favor de la propuesta que busca garantizar el reconocimiento y respeto a la identidad, expresión de género y dignidad póstuma, especialmente de las personas trans.

En muchos casos, tras su fallecimiento, son registradas, nombradas o presentadas con su nombre legal de nacimiento, desconociendo su verdadera identidad.

Con esta iniciativa queremos reforzar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas que forman parte de la diversidad sexual, previniendo prácticas discriminatorias en procesos legales, administrativos e incluso simbólicos.

Resulta primordial garantizar la dignidad póstuma de quienes históricamente han enfrentado violencia estructural y exclusión por su identidad”, expresó la diputada Eugenia García Oliveros.

Durante la mesa de trabajo, el activista Miguel Ángel Alfaro destacó que es bueno que se reconozcan los derechos postmortem sobre todo a las personas trans, a quienes no se reconoce su identidad, ni en vida, y mucho menos al fallecer.

Siento que nada más darle atribuciones a la Fiscalía en ese ámbito se queda corto, creo que también tendría que entrar la Secretaría de Salud, porque cuando fallece una persona quien tiene una identidad de género diferente, vale la pena que se sume al tema de las garantías”, dijo.

En cuanto a la iniciativa para visibilizar el concepto de identidad de género, dijo que de acuerdo con reportes periodísticos, aproximadamente el 50% de las personas activistas y defensoras de derechos humanos asesinadas en Guanajuato pertenecen a la Diversidad Sexual y de Género, por lo cual urgió a fortalecer los mecanismos de protección. 

El perfil siempre ha sido personas buscadoras, y personas de la diversidad sexual, específicamente mujeres trans, aplaudo que la Secretaría de Gobierno sea autoridad obliga en esta ley, pero percibo que se quedan cortas las facultades de la Secretaría”, dijo. 

Asimismo, solicitó que el Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado incorpore a personas representantes de la diversidad sexual. 

La activista Nallely Tello, de la Red de Acompañantes de León, subrayó la importancia de asegurar la dignidad después de la muerte.

Asimismo, propuso ampliar las facultades de la Subsecretaría de la Diversidad Sexual y de Género, para que pueda generar acciones efectivas más allá de la capacitación y el acompañamiento.

Llaman a evitar revictimización

En tanto, Isaac Banda, integrante de Gto Libre, reconoció la relevancia de la iniciativa y propuso ajustes que fortalezcan su viabilidad jurídica. 

Planteó que, ante los homicidios de personas de la Diversidad Sexual y de Género, la Fiscalía del Estado active el Protocolo Nacional de Actuación y realice investigaciones con perspectiva de derechos humanos, evitando la revictimización.

También hizo un llamado a establecer mecanismos legales que permitan a las “familias sociales” reclamar los cuerpos de personas fallecidas, en casos donde la familia biológica no lo haga, creando vías de resolución para posibles conflictos.

Además, se sugirió que la Fiscalía General del Estado tenga la obligación expresa de registrar los delitos con perspectiva de orientación sexual e identidad de género, con el fin de prevenir el subregistro de transfeminicidios y crímenes de odio.

Durante su intervención, Mayra Bórquez, representante de Yumana A.C., compartió que, en su trabajo con adolescencias trans, muchas veces estas personas son excluidas de sus núcleos familiares de origen, por lo que resulta necesario reconocer legalmente las redes de apoyo y núcleos sociales como sujetos legitimados para la reclamación de cuerpos en caso de fallecimiento.

La diputada Ana María Esquivel Arrona señaló que la participación de los representantes de organizaciones de la sociedad civil les ayuda a clarificar diversos temas y a comprender de mejor manera la visión y las perspectivas de las personas que están involucradas en las problemáticas de los distintos sectores de la sociedad.

El diputado David Martínez Mendizábal hizo un llamado a revisar integralmente la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género para ver qué se puede mejorar.

Comunidad LGBTIQ+ en México

En México, la violencia contra la comunidad LGBTIQ+ ha mostrado una tendencia persistente, donde las personas trans, y particularmente las mujeres trans, son el grupo más vulnerable ante los crímenes de odio y la violencia estructural. Según datos de organizaciones civiles y observatorios nacionales, México se ha posicionado históricamente como uno de los países con mayores índices de transfeminicidios en América Latina, una cifra que no ha logrado descender de manera significativa en el último lustro.

Las estadísticas del INEGI, a través de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), señalan que aproximadamente 5 millones de personas en el país se identifican como parte de esta comunidad, de las cuales un alto porcentaje reporta haber sufrido discriminación en espacios públicos, servicios de salud y entornos laborales. Esta exclusión social se traduce en que, al momento de morir, muchas personas de la diversidad sexual carecen de un respaldo familiar biológico, quedando en un limbo legal que la iniciativa busca subsanar.

A nivel nacional, el alza en la visibilidad de estos colectivos ha traído consigo una mayor exigencia de justicia, pues se estima que la cifra negra de delitos cometidos por orientación sexual o identidad de género supera el 90 %, debido principalmente a la falta de protocolos de investigación con perspectiva de género y al temor a la revictimización por parte de las autoridades. La situación actual demanda no solo leyes que protejan la vida, sino también marcos jurídicos que aseguren que la identidad construida con valentía en vida no sea borrada por la burocracia o el prejuicio tras la muerte, consolidando así un esquema de derechos humanos integrales que reconozca la pluralidad de las familias y las redes de apoyo social en el México contemporáneo

El panorama nacional indica que aproximadamente el 50 % de las personas de la diversidad sexual han experimentado algún tipo de discriminación en el ámbito laboral o de salud, pero el punto crítico se encuentra en la seguridad, ya que la violencia contra activistas y buscadoras pertenecientes a la diversidad ha mostrado un repunte significativo en estados como Guanajuato.

LF

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