León.- Acámbaro llevó a León su rechazo al acueducto Solís-León y acusó al Gobierno estatal de promover una “narrativa de cuentas alegres” sobre una obra de 15 mil millones de pesos que, advirtieron sus opositores, endeudará a Guanajuato sin resolver de fondo la crisis de agua que enfrenta la ciudad.
El pronunciamiento se dio durante el conversatorio “Pan y Agua: Diálogos entre León-Acámbaro”, realizado el sábado 23 de mayo a las 5:00 de la tarde en el Foro Bóveda, donde integrantes de colectivos y organizaciones expusieron las razones por las que consideran inviable el megaproyecto.
Los ponentes de Acámbaro señalaron que el Estado ha difundido encuentros sobre el tema, aunque aseguraron desconocer con quién se han realizado. También insistieron en que la obra no representa una solución real al problema de agua que padece León.
“Es necesario que escuchen a los acambarenses”, expresaron durante el diálogo.
Advierten afectaciones al sureste

El presídium estuvo integrado por el profesor Juan Manuel Ayala López, representante del Observatorio Acambarense de Derechos Humanos Raúl Vera; Rodrigo Hernández Medina, de la Red de Asociaciones en Defensa de la Presa Solís, y la urbanista Carla Miranda Chinguido, representante del colectivo Resistencia Anfibia.
Desde distintas ópticas, los participantes abordaron el proyecto y sus posibles consecuencias. Juan Manuel Ayala habló del derecho al agua y de la relación entre el ser humano y la naturaleza, con intervenciones centradas en el impacto social y comunitario.
Rodrigo Hernández Medina expuso antecedentes históricos de la zona de Acámbaro, su vocación agrícola y el vínculo que sus habitantes han mantenido con la presa Solís. También respondió a una pregunta sobre la campaña estatal y el impacto del tema en la niñez.
“Hubo desfiles, donde los pequeños gritaban a toda voz: ‘No al acueducto’”, dijo.
Carla Miranda Chinguido llamó a tender puentes con otros grupos y comunidades para defender el derecho al agua y advertir sobre las afectaciones que, sostuvo, tendría el proyecto en la zona sureste del estado. También subrayó lo que representa la presa Solís para los acambarenses.
Entre los asistentes, algunos reflexionaron sobre los alcances de la megaobra, mientras otros expresaron su intención de participar activamente en el movimiento social contra el acueducto.
“Es costoso e inviable”

Al final del conversatorio, la urbanista Carla Miranda, integrante del colectivo Resistencia Anfibia, habló con AM sobre la viabilidad del proyecto y fue directa: “Es costoso e inviable”.
“Estamos informando a las personas cómo este proyecto puede tener repercusiones terribles en una región del estado, que es la zona sureste, conformada por cuatro municipios: Acámbaro, Taranda, Coroneo y Jerécuaro”, señaló.
Miranda explicó que la propuesta se ha presentado como parte del Plan Nacional Hídrico, aunque dijo que sus antecedentes vienen de tiempo atrás, debido a la crisis hídrica que enfrenta León y la zona industrial.
De acuerdo con la urbanista, desde hace aproximadamente 20 años se han buscado distintas alternativas para abastecer de agua a esa región, pero varios proyectos no han prosperado. En ese contexto, dijo, en 2025 se retoma la opción de llevar agua mediante un acueducto de casi 200 kilómetros.
“Lo impresionante es que es un proyecto caro, con una inversión de 15 mil millones de pesos, e inclusive aprobados por el Congreso del Estado. Será superior, así son este tipo de obras”, expresó.
La entrevistada sostuvo que el presupuesto implica endeudar al Estado y que, con el paso del tiempo, los guanajuatenses terminarían pagando el costo de un megaproyecto que, por su diseño, no resolvería ni siquiera a largo plazo los problemas de agua en León.
“Desde la perspectiva de los municipios del sureste, una de las cosas más lamentables es que no se ha considerado el punto de vista de los habitantes ni de qué manera puede afectarlos”, agregó.
Miranda advirtió que, si se quita agua de la presa, se afectaría la vocación agrícola que ha sostenido económicamente a la región durante décadas.
También criticó que el Gobierno no conozca a fondo el tema y calificó el proyecto como parte de “programas de escritorio”.
“Es necesario que escuche a los acambarenses. Estaremos en lucha en defensa del derecho al agua, lo que sea necesario”, afirmó.
La urbanista recordó que el movimiento inició en la segunda mitad del año pasado y comparó las cifras actuales con las que se planteaban para el acueducto Zapotillo-León.
“Es muy interesante ver que las cifras que pretendían obtener con el acueducto Zapotillo-León son las mismas cantidades que se presentan hoy. Parecen calcadas”, dijo
“El hecho de estar aquí es buscar estos lazos de comunicación”, concluyó.
Reconfiguran trazo del acueducto Solís-León por interferencias federales
El gobierno de Guanajuato realiza ajustes técnicos en el proyecto ejecutivo del acueducto Solís-León para evitar interferencias físicas a lo largo de su trayectoria de 187 kilómetros.
El titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, José Lara Lona, explicó que el diseño original choca directamente con gasoductos, cableado de alta tensión de la CFE y redes de distribución de Pemex.
Estas variaciones estructurales complican el cálculo hidráulico, alterando las presiones de trabajo y los caudales previstos para el abasto regional.
La magna obra de infraestructura, valuada en 15 mil millones de pesos, contempla conducir agua ahorrada mediante la tecnificación del Distrito de Riego 011 hacia cinco ciudades principales de la entidad.
No obstante, el proyecto ejecutivo coordinado por la Comisión Nacional del Agua acumula retrasos significativos y no dispone de una fecha de arranque definitiva.
Las adecuaciones comenzaron desde inicios de año y requieren la aprobación de etapas entregables por parte de la federación.
En paralelo a las complicaciones de ingeniería, el proyecto enfrenta una creciente resistencia social encabezada por más de 500 productores agrícolas y ejidatarios en el municipio de Acámbaro.
Los manifestantes acusan un impacto negativo al Río Lerma y denuncian la falta de canales oficiales de concertación con los usuarios locales de la presa.
Asimismo, autoridades de Conagua admitieron deficiencias en la socialización de la distribución tras registrarse amparos promovidos por alcaldes del estado de Jalisco.
La última protesta
El 12 de abril, más de 500 ejidatarios, productores agrícolas y defensores ambientales realizaron una nutrida manifestación en Acámbaro para manifestar su rechazo absoluto al acueducto Solís-León.
A pie, a caballo y acompañados por agrupaciones musicales locales, los inconformes recorrieron las principales avenidas bajo la consigna de que el agua de la región debe priorizar el sustento del campo.
Los líderes del movimiento civil acusaron que la millonaria obra hídrica representa un proyecto injusto orientado a descobijar las necesidades de las comunidades sureñas.
Los integrantes del Módulo de Riego 011 señalaron que las mesas de diálogo convocadas previamente por las autoridades no ofrecieron soluciones reales a sus pliegos petitorios.
Agricultores con décadas de experiencia advirtieron que reducir el caudal disponible para el sector agropecuario agudizará el desempleo y el encarecimiento de los granos básicos.
Adicionalmente, guardabosques de la Sierra de los Agustinos denunciaron que el proyecto ejecutivo carece de planes adecuados para mitigar la fragmentación de los hábitats silvestres.
Por su parte, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo reiteró la apertura de su administración para sostener encuentros técnicos e informativos con los grupos inconformes.
La mandataria estatal aclaró que el acueducto no confiscará el líquido asignado originalmente a la producción agrícola, sino que aprovechará los excedentes derivados de los programas de tecnificación.
Las autoridades llamaron a evitar la politización del desabasto hídrico y a revisar formalmente los beneficios ecológicos integrales proyectados.
AAK