Guanajuato.- Aunque la Secretaría de la Honestidad no pudo corroborar un vínculo entre el empresario Daniel Esquenazi Beraha y la empresa Seguritech, una investigación de POPLab y la plataforma periodística CONNECTAS reveló que recibió más de 680 millones de pesos como gestor y comisionista de la empresa Seguritech entre 2021 y 2022.
Esquenazi es propietario de la casa por la que el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo celebró un contrato de arrendamiento en el fraccionamiento Woodlands en Houston, Texas.
Esta tarde POPLab y CONNECTAS publicaron el reportaje de investigación “La Rentabilidad del Miedo”, que detalla cómo Seguritech se convirtió en el mayor proveedor de tecnología de seguridad para gobiernos en México, desde 2012 ha recibido más de 52 mil millones de pesos en contratos con al menos 37 gobiernos municipales y estatales, entre ellos el Gobierno de Guanajuato.
La administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo contrató a Seguritech Privada por más de 4 mil millones de pesos. La noticia fue publicada por POPLab en junio de 2025.
Aunque el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción presentó una denuncia por presunto conflicto de interés por estos hallazgos, la Secretaría de la Honestidad —ya en el gobierno encabezado por la sucesora de Diego Sinhue, Libia Dennise García Muñoz Ledo— acordó el pasado 23 de enero el archivo de la querella.
La Secretaría de la Honestidad determinó entonces que no había vínculos demostrables entre el exgobernador y la empresa Seguritech a través de su residencia en Texas, pues Daniel Esquenazi ‘no aparece como apoderado o accionista’ de Seguritech.
“Con base en estas indagatorias, no se acreditó que el exgobernador del Estado de Guanajuato haya obtenido, directa o indirectamente, un beneficio económico, patrimonial o de cualquier otra naturaleza derivado de los contratos que en su sexenio se firmaron con “Seguritech Privada, S.A. de C.V.”, por lo cual se dictó el acuerdo de conclusión y archivo del expediente administrativo de la citada investigación”.
“Al respecto, es preciso hacer notar que en los contratos firmados por el Poder Ejecutivo en el sexenio anterior con Seguritech Privada, S.A. de C.V., la representación legal de esta última no fue ostentada por Daniel Esquenazi Beraha”, informó en enero la Secretaría tras una investigación.
Nuevos hallazgos contradicen esta decisión
Documentos emitidos por la Secretaría de Hacienda, obtenido por POPLab y CONNECTAS, muestran que Seguritech Privada emitió a nombre de Daniel Esquenazi Beraha comprobantes de nómina en 2024.
La investigación periodística revela también la inversión de miles de millones de pesos de dinero público destinados a combatir la violencia, en cámaras, drones y arcos carreteros, distribuidos en calles, avenidas y autopistas de todo el país, pero con resultados cuestionables en el combate a la violencia en los estados y municipios en los que han sido contratados.
Se basó en el análisis de miles de registros fiscales, contratos públicos, actas corporativas y documentos financieros de Seguritech Privada, el mayor proveedor de tecnología de seguridad para gobiernos en México
(Tras la revelación de la casa de Diego en Houston) la presión pública llevó a la actual administración estatal —encabezada por Libia García — a publicar los contratos reservados desde 2012. Sin embargo, las cláusulas relacionadas con responsabilidades del proveedor fueron ocultadas en las versiones públicas”, indica el texto firmado por Kennia Velázquez, Mónica Cerbón y Arnoldo Cuéllar.
“De acuerdo con contratos obtenidos vía transparencia, el gobierno de Guanajuato y siete municipios firmaron convenios con el grupo Seguritech Privada por al menos 13 mil 593 millones de pesos entre 2012 y 2025 para seguridad, y 543 millones de pesos adicionales para conectividad digital”.
Los periodistas indican que los documentos fueron recibidos a través de fuentes confidenciales y verificados de forma independiente mediante solicitudes de acceso a la información, registros públicos y contraste con fuentes primarias.
Historia de Seguritech
A catorce años de que el gobierno de Guanajuato firmó su primer contrato con la empresa Seguritech Privada para proteger al estado de la violencia en las entidades vecinas mediante videovigilancia y otros tipos de tecnología, la medida se ha convertido en un incentivo político y económico, afirma el reportaje.
Reseña que Seguritech Privada nació en 1995 como una empresa inmobiliaria que después comercializó sistemas de alarmas vecinales. Fue fundada por Simón Picker Gottlieb, padre de Ariel Picker Schatz. En 2009, tres años después del inicio de la estrategia federal contra el crimen organizado, la empresa incorporó servicios de seguridad para instituciones públicas y privadas. En los años siguientes amplió sus operaciones hacia seguridad industrial, capacitación especializada y soporte técnico para Centros de Comando y Control (C5), plataformas que concentran cámaras de vigilancia, llamadas de emergencia y bases de datos policiales en distintos estados del país.
En la investigación se identificaron al menos 63 compañías creadas entre 1995 y 2024 por miembros de la familia Picker Schatz y colaboradores cercanos. Solo 29 de ellas son parte del corporativo Seguritech Integral Security. El resto corresponde a empresas con giros diversos —telecomunicaciones, servicios aéreos, inmobiliarias, turísticos y proyectos agrícolas, como el viñedo Omún en Guanajuato— en las que figuran Ariel Picker, su madre Olga Schatz, el empresario Daniel Esquenazi, entre otros colaboradores del grupo.
En el reportaje expone que en los contratos firmados con los gobiernos, entre ellos, el de Guanajuato, se combina alto gasto público, opacidad y mecanismos que dificultan la rendición de cuentas.
“Solo entre 2021 y 2025, 17 municipios y el Ejecutivo estatal realizaron pagos por 6 mil 405 millones de pesos a la empresa, equivalentes a cerca del 20 por ciento de los ingresos del grupo en ese periodo. Estos pagos fueron documentados a través de comprobantes fiscales verificados, algunos de los cuales corresponden a gobiernos que respondieron no tener contratos con Seguritech”.
Además, siete municipios reservaron la información de sus convenios bajo el argumento de que divulgar cualquier dato relacionado con los montos o condiciones de contratación pondría en riesgo la seguridad pública, indica el informe.
Esto, pese a que la entidad ha presentado los índices más altos de violencia en la última década, los resultados de esta estrategia de “ciberseguridad” —con centros de control, sistemas de videovigilancia, plataformas de monitoreo y redes de conectividad digital– para fortalecer la prevención y “blindar Guanajuato” siguen siendo limitados.
Esquenazi y la red de empresas
De acuerdo al informe de POPLab y CONNECTAS, Seguritech forma parte de una red de empresas vinculadas entre sí por accionistas comunes, entre las que se encuentran empleados de la compañía.
Mediante un análisis de flujos financieros, registros corporativos y contratos se encontró que entre 2021 y 2025, Seguritech Privada y Comunicación Segura —otra empresa del grupo—, tuvieron ingresos por más de 34 mil millones de pesos a nivel nacional. El 95% proveniente de fondos públicos.
Una porción se destinó a varias personas y empresas contratadas como intermediarios, algunos de los cuales recibieron comisiones significativamente más altas que las del mercado, que a su vez vuelven a ser transferidas, lo que dificulta el rastreo de los beneficiarios finales e imposibilita determinar si los costos de los contratos con los gobiernos son proporcionales al servicio recibido.
Entre 2021 y 2025, el grupo asignó más de 2 mil 400 millones de pesos para cubrir conceptos como “éxito de proyecto”, “gestión”, “consultoría” o “intermediación”, por el pago de comisiones y asesorías vinculadas a contratos públicos.
El mayor receptor de comisiones es Cadval Servicios Estrategias y Proyectos, que acumuló 912 millones de pesos provenientes de múltiples empresas del grupo, bajo el concepto de “comisión por éxito de proyecto” etiquetada con el nombre del contrato gubernamental del que provenía: Guanajuato y al menos otros 24 estados y municipios.
En esos años, la empresa subcontrató a 28 compañías “hermanas” a las que pagó 12 mil 700 millones de pesos por servicios tan diversos como la adquisición de tornillos y gasolina, arrendamientos, o asesorías en proyectos gubernamentales, y el capital circula de una empresa a otra y de regreso, según el reportaje.
También se indica que aunque la legislación mexicana permite subcontratar parcialmente servicios, establece que debe existir autorización de las entidades contratantes, pero en los convenios analizados no fue posible verificar si estas autorizaciones fueron otorgadas, debido a que la información ha sido reservada total o parcialmente bajo argumentos de seguridad pública.
El perfil de varias de las empresas que reciben estos pagos presenta indicios de los que Luis Pérez de Acha, exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, identifica como señales de alerta: comparten rasgos estructurales recurrentes —mismos apoderados, representantes legales o notarios en distintas compañías; empresas constituidas el mismo día por el mismo fedatario— y objetos sociales tan amplios que lo mismo construyen aeropuertos y venden helicópteros que comercializan ropa y calzado, incluso abarrotes.
En el listado se ubicó a Vozh Consultoría Administrativa y Humana S.C., que recibió de Cadval 27 millones 394 mil pesos bajo conceptos como “intermediación de contrato” y “comisión por éxito” en nueve estados, entre ellos Guanajuato. La empresa figura en el listado global definitivo de contribuyentes con operaciones simuladas.
El esquema, advierte la investigación, se repite en el caso de Esquenazi, cuya sociedad transfirió cerca de la mitad de las comisiones recibidas —335 millones de pesos— a Servicios Integrales TRMG, cuyo certificado fiscal fue revocado por el Servicio de Administración Tributaria, lo que le impide emitir facturas.
En 2022, un bufete de abogados de Florida intentó retirar notas periodísticas del Semanario Zeta de Tijuana que identificaban a Daniel Esquenazi Beraha como ejecutivo de Seguritech Privada con el argumento de que no tenía relación con la empresa. Ese mismo año, su representado cobró más de 600 millones de pesos en comisiones de distintas compañías del conglomerado.
Especialistas en el sector señalan que las comisiones convencionales suelen ubicarse por debajo del 3 por ciento. En 23 de 45 pagos que los gobiernos realizaron, las comisiones oscilaron entre el 4 y el 50 por ciento, muy por encima del rango convencional del sector.
El activista anticorrupción, Luis Pérez de Acha, plantea que, en algunos casos, el esquema de subcontratación en capas puede estar asociado a la necesidad de fragmentar los flujos de dinero: “No hay razón de pagar comisiones por arriba de un 10% que ya están fuera de mercado”.
El desglose por estado revela la magnitud del esquema. Las comisiones más altas fueron pagadas por la empresa en contratos del Estado de México, seguido por Guanajuato, en conjunto suman más de 845 millones de pesos por este concepto. Otros pagos de comisiones por más de mil millones de pesos no pudieron asociarse a un contrato público específico, lo que impidió rastrear el origen de esos recursos.
El análisis de contratos disponibles indica que Guanajuato es uno de los principales clientes del grupo. De al menos 25 contratos identificados en el estado y varios municipios, 19 fueron adjudicados de manera directa. En los restantes, la información disponible no permite determinar el mecanismo de asignación.
Dos ejemplos: el gobierno municipal de León adjudicó directamente un contrato a Seguritech tras declarar desierta una licitación. La Contraloría municipal señaló en una auditoría que no justificó que fuera la mejor oferta. Las observaciones no fueron corregidas. Mientras que en Dolores Hidalgo, las autoridades informaron que no localizaron el contrato en sus archivos, aunque confirmaron un pago adjudicado de manera directa por 86 millones de pesos más IVA.
Violencia y percepción de inseguridad
La investigación de POPLab y CONNECTAS resalta que “si bien la autoridad celebra la disminución de la tasa de homicidios, a las organizaciones defensoras de derechos humanos les preocupa el alza de las desapariciones. La extorsión a los negocios paraliza industrias completas en varios estados y los feminicidios y la violencia de género aumentan sus registros, sobre todo por una mayor visibilización. Frente a todo ello, la respuesta preferida de los gobiernos es aumentar el gasto en tecnología”.
Guanajuato reportó en 2014 —año en que inició el programa Escudo, con Seguritech— 778 víctimas de homicidios dolosos, en 2020 alcanzó su punto más alto, con 4,490 víctimas Aunque en 2025 la cifra descendió a 2,539, el estado se mantiene con el mayor número de víctimas de este delito en el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Otro aspecto que considera el reportaje son los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que en la entidad creció más de 30 puntos desde 2012, además de que ha permanecido en el sótano del Índice de Paz México, una medición que evalúa la intensidad de la violencia a partir de indicadores como delitos violentos, crimen organizado y eficiencia del sistema judicial.
En esta medición, los puntajes cercanos al 1 indican un estado pacífico y los cercanos a 5 señalan menor nivel de paz. Guanajuato pasó de un índice de 3.856 en 2021 a 4.403 en 2025, lo que refleja un deterioro en sus condiciones de seguridad.
En teoría, la expansión de los sistemas de vigilancia debía prevenir la violencia y fortalecer las investigaciones criminales, algo que suele fallar en la práctica. Familiares de personas desaparecidas y sus representantes legales consultados para dicha investigación describieron un patrón recurrente: cuando solicitan a los fiscales que requieran las grabaciones del trayecto de sus seres queridos, el trámite puede tardar meses. Al concretarse, la respuesta habitual es que las cámaras no funcionaban o que el video ya no existe.
Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del INEGI, entre 2020 y 2024 Guanajuato contaba con 4,281 cámaras en operación, pero en ese mismo periodo se entregaron solo 191 videos para causas penales. En el estado de Hidalgo, con un número similar de cámaras, se entregaron 56,870 videos en el mismo periodo; en Querétaro 18,099. En ambos estados los homicidios aumentaron 130% y 95.5% respectivamente del 2012 —año en que comenzaron los primeros contratos con el grupo— al 2024. En Guanajuato el alza fue de 490%.
Para el consultor en seguridad y exfuncionario en áreas de seguridad e inteligencia, Bernardo León Olea, estas tecnologías conllevan tres riesgos estructurales: son muy caras, lo que las convierte en terreno fértil para hacer negocios; sus compras se realizan con amplias excepciones a la transparencia bajo el argumento de seguridad; y permiten acceder a información de muchas personas, lo que abre la puerta a usos distintos de los prometidos. “Cuando no hay controles democráticos, efectivamente es un riesgo”.
El reportaje indica que se buscó a Ariel Picker y a Daniel Esquenazi para conocer el modelo de negocio de Seguritech, la trayectoria de la empresa, sus contratos con gobiernos estatales y municipales y su visión sobre el sector de seguridad tecnológica en México. A petición de Esquenazi, se remitieron cuestionarios por escrito; la empresa indicó que sus abogados revisarían las preguntas, pero al cierre de la edición, no había respuesta.
¿Quién es Daniel Esquenazi Beraha?
El nombre de Daniel Esquenazi Beraha, arquitecto, gestor comercial y comisionista de la empresa Seguritech Privada, se hizo público hace poco menos de un año, cuando una investigación del portal de noticias POPLab reveló que era dueño de la casa que el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, rentó en Houston, Texas, tras concluir su sexenio.
En aquel reportaje, publicado el 23 de junio de 2025, se indica que la propiedad -ubicada en una zona residencial y valuada en unos 20 millones de pesos- fue comprada por la empresa DAI LLC, de donde Esquenazi es gerente.
Ahí, POPLab reveló que el exgobernador de Guanajuato vivía con su esposa y sus dos hijas en Estados Unidos, específicamente en The Woodlands, una exclusiva zona residencial en Houston. La investigación fue retomada por varios medios de comunicación, incluyendo AM.
La casa fue comprada por la firma DAI LLC y registrada en el estado de Colorado en marzo de 2020. En uno de los documentos de la transacción aparece la firma de Daniel Ezquenazi Beraha como gerente.
Seguritech es una empresa que llegó a Guanajuato en el sexenio de Miguel Márquez Márquez y continuó durante el sexenio de Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo para desarrollar el Programa de Seguridad Escudo. Dicho programa y contratación continúan vigentes en el actual gobierno que encabeza Libia Dennise García Muñoz Ledo. El monto acumulado de los contratos firmados desde 2012 superan los 12 mil millones de pesos.
De acuerdo a un perfil disponible en LinkedIn a nombre de Daniel Esquenazi Beraha, se indica que es arquitecto por la Universidad Iberoamericana campus Ciudad de México, además de inversionista en Centro de Artes y Prácticas Artísticas Mineral de Pozos, una escuela de artes y oficios ubicada en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.
Postura del Gobierno de Guanajuato
El Gobierno de la Gente reitera su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la seguridad de las familias guanajuatenses. El Sistema Estatal de Tecnologías para la Seguridad forma parte de una estrategia integral para la prevención y atención del delito, y sus procesos de contratación están sujetos a mecanismos de control, supervisión y revisión institucional.
Con el propósito de privilegiar el acceso a la información y la máxima publicidad, esta administración puso a disposición de la ciudadanía la información relacionada con el Sistema Estatal de Tecnologías para la Seguridad, como parte de una política de apertura y transparencia gubernamental.
Los datos históricos muestran desafíos reales que no ignoramos. Sin embargo, los indicadores más recientes muestran cambios relevantes en la violencia homicida: hay una disminución del 68% en víctimas de homicidio doloso de febrero de 2025 a mayo de 2026, pasando de un promedio de 12.7 víctimas a 4. Esta reducción sostenida coloca a Guanajuato en niveles observados hace nueve años.
El reto ahora es lograr que esa mejora objetiva se mantenga y se traduzca también en una mayor percepción de seguridad y en una mayor confianza ciudadana.
Respecto a los señalamientos difundidos en distintos espacios informativos, es importante precisar que los hechos referidos fueron revisados en su momento por la autoridad competente en materia de control interno, la cual emitió las determinaciones correspondientes conforme a sus atribuciones y con base en los elementos que integraron el expediente respectivo.
El Gobierno de la Gente seguirá actuando con responsabilidad institucional, apego a la legalidad y compromiso permanente con la transparencia, la rendición de cuentas, la seguridad y el interés públic
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