Investigaciones como estas son posibles gracias a la contribución de los suscriptores de AM
Guanajuato.- La empresa Balenmex, Marketing y Publicidad, S.A. de C.V., vinculada a una red de empresas “fachada” recibió contratos del Gobierno de Guanajuato así como de los municipios de León, Silao, Irapuato y San Miguel de Allende en los últimos tres años.
Balenmex fue creada en 2022 y se usó lo mismo para facturar servicios de publicidad de programas y acciones de Gobierno del Estado de Guanajuato, en el medio de comunicación digital Quadratín Bajío, que para facturar servicios por la venta de playeras, uniformes e impresiones para diversas dependencias en los municipios de Silao y León.
Actualmente en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guanajuato, existen cuatro carpetas de investigación relacionadas con la operación de esta empresa y los contratos con gobiernos.
A través de solicitudes vía la Ley de Transparencia y una búsqueda en las bases de datos de los sitios de transparencia de los municipios y el Gobierno del Estado de Guanajuato, se localizaron al menos 44 facturas y contratos que suman 3.5 millones de pesos con esta empresa que no tiene un domicilio verificable y de la cual los socios que aparecen en las actas constitutivas no reconocen la propiedad y los contratos, ni tampoco a los representantes que hicieron los negocios con el gobierno.
Del total de contratos y facturas a los que se tuvo acceso, 31 fueron con el Gobierno del Estado de Guanajuato por un monto de un millón 382 mil 154 pesos.
En el padrón de proveedores del Gobierno del Estado, se muestran fotografías de la fachada de la empresa y de sus instalaciones, pero las fotografías de los interiores del inmueble no corresponden a las instalaciones del edificio que Balenmex reportó como su domicilio fiscal. AM corroboró en una visita al lugar que la empresa tampoco se encuentra en este lugar.
Representa a Quadratín Bajío
Balenmex, Marketing y Publicidad, S.A. de C.V., se constituyó el 15 de agosto del 2022 en León por el corredor público número seis, Luis Fernando Sanromán Martínez, y en Guanajuato se usó para facturar servicios de publicidad en Quadratín Bajío.
Quadratín Bajío es una franquicia de Quadratín Michoacán, medio de comunicación digital que existe desde 2002 y actualmente tiene presencia en 25 estados de la República, pero en cada entidad funciona como modelo de franquicia.
Francisco García Davish, director general de Quadratín Michoacán, se deslindó de los negocios con Balenmex en Guanajuato, pues afirmó que debido al modelo de franquicia, en cada entidad hay otras personas involucradas.
Yo soy el dueño de la marca Quadratín, yo no tengo ninguna relación con esa empresa (Balenmex), ni la marca Quadratín, porque además es Quadratín Bajío, ni Francisco García Davish, ni la marca Quadratín tienen ninguna relación con esa empresa”, afirmó.
Al preguntarle quién o quiénes fueron los particulares con los que Quadratín Michoacán firmó para que la franquicia llegara a Guanajuato, indicó que esos datos representan información interna de la empresa y reiteró que él no tiene injerencia en la operación de la franquicia en este estado.
El director general de Quadratín Bajío es Jorge Robledo Vega y es a quien los gobiernos tanto estatal como municipales ubican como el representante de la empresa, aunque él no es quien firma los contratos.
AM lo buscó para solicitarle una entrevista. Él no aceptó que fuera en persona y dijo que únicamente respondería un cuestionario por escrito. El martes 14 de julio se le envió un cuestionario en el que se le preguntaba sobre la constitución de la empresa, los socios, su domicilio y si contaba con activos para ofrecer otros productos como uniformes e impresos, también su relación con la empresa TLGR.
Hasta el cierre de esta edición, Jorge Robledo no había enviado sus respuestas a pesar de que se solicitó en cuatro ocasiones en diferentes días; siempre respondió que las enviaría pero no lo hizo.
“No puedo hablar”
En los contratos con el gobierno, el representante legal que firma es José Ricardo Martínez Ponce, vecino de la colonia La Florida en León.
El 3 de julio AM lo buscó en su domicilio para solicitarle una entrevista sobre la constitución y operaciones de la empresa Balenmex, pero se negó a dar una entrevista.
Es que yo no puedo hablar nada de eso”, se limitó a responder.
Se le preguntó si conocía algún funcionario municipal y si la persona que lo contrató fue el director de Quadratín Bajío, Jorge Enrique Robledo Vega, pero evadió responder.
También se le cuestionó dónde estaban ubicadas las instalaciones de la empresa y qué relación tenía con el resto de apoderados y socios, pero dijo que no podía dar información para evitar un conflicto, y cuando se le preguntó con quién tendría problemas, afirmó que no podía responder.
Simplemente yo no puedo hablar nada de eso para evitar un conflicto o algo, con los medios no hablo de esto. No, para evitar un conflicto mejor así”, sostuvo.
Los socios desconocen la empresa
Una de las socias que aparece en el acta constitutiva de Balenmex es Antonia Cisneros Gómez, de 61 años, vecina de la colonia León II, ama de casa que ha laborado como auxiliar educadora, mientras que José Armando López Adame, el otro socio, es comerciante de frutas y verduras en Chapalita, tiene 26 años.
El 2 de julio AM realizó una visita a sus domicilios. En entrevista, ambos afirmaron no conocerse entre sí y no haber constituido ninguna empresa.
Antonia Cisneros detalló que es simpatizante del PAN y que “ya lleva años” siendo enlace del partido en su zona, apoya en la entrega de playeras, mochilas u otros souvenirs y lleva a personas a los mítines y eventos políticos.
Aseguró que no acudió a firmar ningún documento relacionado con la empresa, y explicó, sin precisar fechas, que extravió su INE, además que en años recientes pidió un préstamo y en ese trámite le requirieron su documentación personal. Antes de eso, señaló que solo cuando acudía a los eventos del partido es que entregaba su credencial y cree que pudo ser ahí donde recopilaron sus datos.
Cuando vamos a llevar a gente (a los eventos) sí te piden la credencial, solo que haya sido en un momento de llevar gente a los mítines (…) a lo mejor y puede ser eso, es que siempre que me piden lo hago”, indicó.
Afirmó que personalmente no tenía contacto directo con funcionarios del gobierno municipal, estatales o del partido, sino que una vecina que trabajaba para Casa Enlace de candidatos o servidores públicos vinculados al PAN era el nexo entre ella y la organización.
Por otro lado, José López Adame se desconcertó al conocer que formaba parte de una empresa proveedora del municipio. Señaló que desde el 2022 se independizó y abrió su propio negocio de frutas y verduras, pero negó tener más empresas.
Indicó además que su firma es sencilla, pero dijo que desconoce quién entregó su documentación, ya que en ningún momento acudió a una notaría para constituir una empresa o conoció a las demás personas relacionadas con la misma.
Para conocer detalles de la constitución de la empresa, se buscó al corredor público Luis Fernando Sanromán Martínez, pero no aceptó ser entrevistado; argumentó que era un tema que no era de su competencia.
Tanto Antonia Cisneros Gómez como José Armando López Adame aseguraron que no conocían a Jorge Robledo, director de Quadratín Bajío, tampoco a José Ricardo Martínez Ponce, a quien de acuerdo con los documentos registrados ante el Registro Público de Comercio (SIGER) le entregaron un poder en 2022 para representarlos legalmente en cualquier negociación comercial.
Desaparece empresa
Supuestas oficinas de la empresa, ubicadas en Blvd. Manuel Ávila Camacho, número 182, en la Ciudad de México. Foto: Shayra Albañil. No se observa presencia de la empresa en el edificio. Foto: Shayra Albañil. Recepción del piso 6 de la la torre Yarden, en la CMDX. Foto: Shayra Albañil. Recepción del piso 6 de la la torre Yarden, en la CMDX. Foto: Shayra Albañil.
En los contratos firmados con el gobierno estatal y con los municipios de Silao, León, Irapuato y San Miguel de Allende, y en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado, Balenmex registró como su domicilio fiscal en bulevar Manuel Ávila Camacho 182, piso 6, colonia Reforma Social en Ciudad de México, pero la empresa no existe en este sitio.
El 24 de junio de 2026, en una visita al lugar se pudo constatar que en esa dirección se ubica un edificio en el que conviven varias empresas, pero ninguna es Balenmex.
En los documentos que forman parte de los anexos de los contratos, la empresa también proporcionó un domicilio en bulevar Juan Alonso de Torres número 427, Colonia San Jerónimo, en León. También es un edificio en que hay varios negocios, pero la recepcionista y otras personas que trabajan en ese lugar confirmaron que ninguno de ellos es Balenmex y tampoco ha estado ahí al menos en los últimos tres años.
También se preguntó si en algunas de las oficinas del lugar laboraba José Ricardo Martínez Ponce o Jorge Enrique Robledo Vega, pero también negaron conocerlos.
Esta misma dirección fue registrada en 2024 por Centro Publicitario y de Marketing TLGR S.A.P.I. de C.V., empresa que actualmente está siendo investigada por la Contraloría de León y la Fiscalía General de Guanajuato luego de que AM publicó que le vendió 11.9 millones al municipio de León y desapareció.
El primero de junio de ese año, un reportaje de AM reveló que TLGR, representada por Raquel Cocha Guevara, es una empresa que a pesar de que fue proveedora del Municipio de León entre 2022 y 2024, no tiene un domicilio identificable y los socios no reconocen su participación en la constitución y operaciones de esta empresa.
De medio de comunicación a proveedor de uniformes
Entre 2024 y 2025, Balenmex fue proveedor de servicios de comunicación con banners y campañas de gobierno del Estado que se difundieron en el portal digital Quadratín Bajío.
El primer contrato de esta empresa con el Gobierno del Estado de Guanajuato, al que AM tuvo acceso, se firmó el 30 de agosto de 2024, a finales del sexenio pasado, por los servicios de banners en Quadratín Bajío, el contrato por 300 mil pesos y con vigencia al 31 de diciembre de 2024 fue firmado por Claudio Jorge Blanco, que en esa fecha era coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal.
Luego, ya en este sexenio, vinieron más campañas del gobierno estatal en el mismo portal de noticias, pero igualmente a través de Balenmex, los contratos y facturas fueron firmados por el actual titular de Comunicación Social, Miguel Ángel Mendiola Sánchez.
Los contratos fueron para campañas de programas y acciones de 15 diferentes dependencias como Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, Secretaría del Campo, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, Secretaría de la Mujer, Cofoce y el Museo Iconográfico del Quijote, el monto total de los contratos es de 1 millón 382 mil pesos.
AM solicitó a la Coordinación Social de Comunicación Social del gobierno del Estado entrevistas con Claudio Blanco y Miguel Mendiola, así como los titulares de la secretaría que firmaron los contratos, para saber los detalles de la contratación de una empresa que no tiene un domicilio ubicable y tampoco la reconocen los socios fundadores.
El funcionario explicó que los contratos con cada medio de comunicación se negocian desde la Coordinación General de Comunicación Social y envió una postura institucional.
“Es importante precisar que no existe evidencia de que servidor público alguno del Gobierno del Estado haya participado, de manera directa o indirecta, en la constitución, operación o administración de la empresa referida.
Las contrataciones realizadas se efectuaron con base en la documentación oficial presentada por el proveedor y conforme a la normatividad vigente al momento de su celebración. Asimismo, una vez que se hicieron públicos los señalamientos relacionados con esa razón social en otros ámbitos, el Gobierno del Estado dejó de celebrar nuevas contrataciones con dicho proveedor”, señala la postura por escrito enviada por Miguel Mendiola.
Y agregó que “cualquier determinación sobre la situación jurídica, fiscal o administrativa de la empresa corresponde exclusivamente a las autoridades competentes”.
También señalaron que el contacto con esta empresa siempre fue Jorge Robledo, como director de Quadratín Bajío.
Para ser proveedor de Gobierno del Estado, la empresa tuvo que darse de alta en el Padrón de Proveedores, que está a cargo de la Secretaría de Finanzas y tuvo que cumplir con al menos 18 requisitos documentales, entre ellos una opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria, así como la Constancia de Situación Fiscal vigente, su declaración anual de impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior, el último pago provisional de impuestos (I.V.A. o I.S.R) del ejercicio vigente y su currículum empresarial o carta presentación firmada por el titular o representante legal con su listado de productos y servicios en el que se especializa de acuerdo a la actividad o giro manifestado ante la SHCP de la persona física o moral.
En caso de que la empresa haya cambiado de domicilio fiscal, debió notificar su cambio en el padrón de proveedores, pero en el portal aún aparece el domicilio en la Ciudad de México.
Irapuato: Ellos se acercaron
El primer contrato que celebró Balenmex en Guanajuato fue el número SPPM/DCS/CO1C/68/2024 con Irapuato, el 2 de enero del 2024 para la difusión de las actividades, programas y campañas de la administración municipal a través de banners, generación de notas, cobertura informativa y difusión de los boletines emitidos por comunicación social en las redes sociales y portal de noticias Quadratín Bajío.
Este tuvo un costo total de 150 mil pesos para la prestación de dichos servicios desde enero hasta el 31 de diciembre del mismo año.
En entrevista con AM, Gerardo Barroso, entonces director de Comunicación Social y actual regidor del PAN en ese municipio, señaló que en el caso de los contratos para la prestación de servicios de publicidad y marketing son las empresas quienes se acercan a ofrecer sus servicios y de acuerdo a la capacidad del Ayuntamiento se contratan o no, pero que estas no deben contar obligatoriamente con el registro en el padrón de proveedores.
Así mismo, destacó que en el caso de Balenmex, fue Jorge Robledo quien les presentó la cartera de servicios presentándose como Quadratín Bajío.
Sin embargo, cuando se le cuestionó por qué no verificaron que se tratara efectivamente de Quadratín, argumentó que la empresa mostró documentación que certificó que estaba legalmente constituida y dada de alta ante el SAT, por lo que cumplió para ser contratada, además, puntualizó que por lo menos con ellos cumplieron con los servicios, por lo que no había problema.
La negociación se hizo con el representante de Quadratín, y tan es así que se hizo con Quadratín, que los servicios que se otorgaron fueron publicados en Quadratín. Se ha asumido desde el municipio que la empresa correspondía tanto en forma como en el servicio”, puntualizó.
Explicó que revisar los domicilios fiscales no es competencia del municipio, pues se asume que el SAT se encarga de verificar que la empresa cumpla con lo establecido en la ley.
“Ese es un procedimiento que tendría que revisar la autoridad competente, que en este caso es la autoridad del SAT. La que otorga y valida la dirección de la empresa, valida el servicio que ofrece son ellos, son los que dan esa paloma”, afirmó.
En León le compraron playeras
A pesar de no tener instalaciones físicas localizables con maquinaria disponible para ofrecer la venta de uniformes y el servicio de impresión, los gobiernos municipales de León y Silao contrataron a esta empresa para estos servicios.
En el caso de León, la empresa recibió entre 2024 y 2025 al menos seis contratos por 832 mil pesos para publicidad en sitio de Quadratín Bajío, pero también para surtir de uniformes a dependencias como la Contraloría Municipal, Dirección de Relaciones Públicas y Agenda, Dirección General de Egresos, la Dirección de Desarrollo Institucional, Secretaría de Vinculación y Atención a Leoneses y Dirección de Hospitalidad y Turismo, entre otras.
La mayoría de los contratos fueron firmados por Carlos Alfredo Carrillo Contreras, director de adquisiciones del Municipio de León y Mario Campos Gutiérrez director general de Recursos Materiales y Servicios Generales del Municipio de León; ambos dependen de la Tesorería Municipal a cargo de Graciela Rodríguez Flores.
Para este reportaje se solicitó al municipio entrevista con la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos; con la tesorera Graciela Rodríguez y con los funcionarios que firmaron los contratos; sin embargo, Enrique Avilés, director de Comunicación Social del Municipio de León, argumentó que no podían dar información debido a que los contratos con esta empresa forman parte de una investigación de la Fiscalía General del Estado.
El 3 de julio AM solicitó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al municipio de León copia pública del registro y toda la documentación presentada por la empresa para su incorporación en el padrón de proveedores, misma información que ha sido requerida sobre otras empresas para anteriores reportajes.
Sin embargo, el expediente pedido no fue entregado bajo el argumento de que la persona que realizó la búsqueda confundió la información que se solicitaba. En su lugar entregaron un link al apartado del padrón de proveedores y contratistas del municipio, donde no se halla la documentación presentada por las empresas.
También se contactó a Pedro Muñiz Felipe, exdirector de Comunicación Social del Municipio de León en el primer trienio de Alejandra Gutierrez, pues su firma aparece en los primeros contratos, que fueron para servicio de publicidad gubernamental en el portal de Quadratín Bajío.
Por escrito, el exfuncionario manifestó que el acuerdo se hizo con el periodista Jorge Robledo, quien presentó sus servicios al Municipio de León para que el Gobierno Municipal se anunciara en el portal Quadratín Bajío.
No conocí al representante de la empresa; luego del acuerdo con el periodista, con base en la propuesta recibida y su análisis, el asunto se turnó a las áreas administrativa y de difusión para el seguimiento correspondiente.
“Sobre el servicio otorgado, deben existir evidencias y testigos de las inserciones publicitarias, para que el Municipio haya hecho algún pago”, afirmó.
En 2024 la Dirección General de Hospitalidad y Turismo del municipio firmó un contrato con Balenmex para la prestación de servicios de promoción durante el segundo Encuentro Iberoamericano “Voces y periodismo por la paz” que se llevaría a cabo en junio de ese año.
Guillermo Romero Pacheco, en ese momento, secretario para la reactivación económica de León, explicó que cuando se realizan eventos en la ciudad los organizadores pueden solicitar ayuda en especie al Comité de Apoyo a Eventos Turísticos.
Este comité está conformado por empresarios y servidores públicos como la regidora María Valeria Aurelio Vázquez, Yazmín de Jesús Quiroz López, Josué Israel Medina López, Karla Ibeth Aguilera Hernandez, Rodolfo Barroso Oliveros, Francisco Juan Pablo Becerra Alcacio, y María Fernanda Rodríguez Gonzalez.
Se da el apoyo en especie, en este caso, entiendo que Jorge Romero es el que estaba a la cabeza de ese evento. Ellos (el comité) aprueban en ese consejo y dicen: Sí, se le va a apoyar a ese evento con medio millón; pero en lugar de darle el medio millón, el organizador dice: contraten este despacho. Lo contratan y ya les da el servicio” detalló.
Silao: Contratos “de buena fe”
El Municipio de Silao firmó con Balenmex cuatro contratos por 396 mil 270 pesos en 2025. Jorge Luis Palacios Gómez, titular de Comunicación Social, detalló que al presentarse como medio de comunicación, “ellos ingresan su documentación y te dicen: mi razón social es esta y quiero que me deposites a esta cuenta a cambio de esto que te estoy vendiendo”.
El 15 de mayo de 2025, Silao adjudicó a la firma la compra de 669 playeras tipo polo por 276 mil 270 pesos. El tesorero municipal, Ricardo Corona Méndez, justificó que la adjudicación se dio porque el objeto social de Balenmex incluía la “impresión de formas continuas”, una categoría donde cabe la sublimación textil.
Confrontado con la falta de un domicilio identificable de la empresa y el desconocimiento de los socios, Corona Méndez argumentó que el municipio actuó “de buena fe” y que carecen de capacidad para revisar la información de todos sus proveedores.
Uno actúa de buena fe, no actúa pensando en que a lo mejor pudiera ocurrir algo diferente, entonces, es algo complicado para nosotros pedir casi, casi, pues llévame al lugar donde tienes tu domicilio fiscal. Si está el domicilio fiscal y el SAT les otorgó ese domicilio pues está comprobado ante ellos y nosotros lo consideramos como válido”, apuntó.
El funcionario admitió además que pagaban a Balenmex creyendo que era la estructura formal de Quadratín, pues la cartera de servicios venía membretada con el logotipo del medio
Tanto Antonia Cisneros como José López Adame aparecen como supuestos socios en otras 11 empresas constituidas en León entre 2020 y 2026 mediante distintos notarios, sociedades que ellos desconocen.
Un esquema se repite en cada empresa: se constituyen con identidades de ciudadanos en condiciones vulnerables y posteriormente se nombra a un apoderado legal encargado de firmar los contratos con gobiernos.
Esta red fue destapada inicialmente por el periódico Noroeste el 9 de septiembre de 2024, al rastrear contratos de la Universidad Autónoma de Sinaloa con Comercializadora Kamijo —que vendía insumos con sobreprecios de hasta el 100%—, exponiendo una lista de 80 firmas interconectadas en el país, la mayoría constituidas en León.
Uno de los hilos conduce a Centro Publicitario y de Marketing TLGR S.A.P.I. de C.V. y a Office and Publicity MDF, S. de R.L. de C.V., ambas proveedoras de León vinculadas a Guillermo Bermúdez Gómez. Bermúdez fue empleado de Impresos Alfa Color S.A. de C.V., propiedad de la familia de María Fernanda García Hernández, exconsejera del DIF León y esposa de Allan León Aguirre, exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses.
León Aguirre renunció el 17 de abril tras publicarse los primeros reportajes para facilitar una indagatoria interna.
AM reveló el 6 de abril que los supuestos dueños de Office and Publicity MDF eran vecinos vulnerables de las colonias León II y Las Hilamas; la firma obtuvo 7.3 millones de pesos del municipio de León en impresiones y uniformes.
Posteriormente, el 1 de junio se acreditó el nexo entre TLGR y Office and Publicity a través del socio fundador Ulises de Jesús García Vázquez y la gerente general Raquel Noemí Concha Guevara.
Concha Guevara funge a su vez como apoderada de Maquiladora y Transformadora JKR y Maquiladora Alop Industrial, firmas donde aparece como dueño José Armando López, socio también de Balenmex.
En esta red de empresas también aparece Miguel Concha Regalado, quien funge formalmente como comisario de vigilancia de ambas empresas: Office and Publicity MDF y Balenmex.
AAK
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
