Tras concluir el periodo de contrato de prestación de servicios, la empresa Vanguardia y Cambio S.A. de C.V., exoperadora temporal del Tuzobús, interpuso un juicio de amparo contra autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), así como una denuncia penal contra el titular de esa dependencia estatal José Luis Guevara Muñoz, informó el gerente general Javier Hernández.
El también representante de Vanguardia y Cambio señaló en entrevista con Wendy Roa de Imagen Radio que la Semot incumplió con el contrato y acusó de despojo a las autoridades de transporte estatal, además de un adeudo de alrededor de 70 millones de pesos.
Relató que el contrato por la operación del Tuzobús establecido con el Sistema Integral de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah), perteneciente a la Semot, concluía el 31 de marzo; sin embargo, un día antes personal de la Secretaría, así como de la Policía Industrial Bancaria, los desalojaron de las instalaciones sin poder recuperar camiones que aportaron al servicio, equipo de cómputo y mobiliario.
Derivado de lo anterior, informó que interpusieron el juicio de amparo 460-2022-5 del Juzgado Segundo de Distrito de Hidalgo, así como una denuncia penal contra el secretario de Movilidad y el director de Sitmah en la carpeta de investigación 12-2022-04724, donde reclaman el despojo que les hicieron.
“(Queremos) que nos paguen lo que nos deben y recuperar el equipo y herramienta que se quedó ahí después de este proceso”, comentó Javier Hernández.
RESPONDE SEMOT, DESECHAN AMPARO
Tras los señalamientos del gerente general de Vanguardia y Cambio, la Semot confirmó la existencia del juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades del transporte en Hidalgo bajo el expediente 460/2022 del Juzgado Segundo de Distrito, y que de acuerdo con las listas del Poder Judicial de la Federación en la publicación del 8 de abril, dicho recurso fue desechado por improcedente.
Además, indicó que ante la posible interrupción del servicio público de transporte masivo en Pachuca y su zona metropolitana por parte de Vanguardia y Cambio S.A. de C.V., y con la finalidad de garantizar dicha prestación a los miles de usuarios que se movilizan en el Tuzobús, el 30 de marzo de 2022 dio por terminado el contrato de operación temporal que se tenía con la empresa.
Lo anterior, a un día de que el contrato concluyera su vigencia (el 31 de marzo) y respetándose al respecto todas las formalidades legales de notificación y ejecución.
Precisó que la figura legal por la que en su momento se otorgó el servicio en diciembre de 2019 a la empresa Vanguardia y Cambio no es la de concesión, sino un contrato de operación temporal, para garantizar la prestación del servicio mientras se desarrolla el procedimiento para el concesionamiento del mismo. Por ello, el Sitmah tiene en todo momento la facultad de cambiar de operador temporal o incluso hacerlo en forma directa.
Respecto a los adeudos reclamados por Vanguardia y Cambio, la Semot indicó que la empresa fue citada por conducto de su representante legal, y el Sitmah cubrirá puntualmente cualquier adeudo y velará porque la misma cumpla con todas y cada una de las obligaciones a su cargo.
PROCEDIMIENTO PARA CONCESIÓN
También dio a conocer que el 18 de abril realizaron una reunión de trabajo con Oscar Monzalvo Destunis, administrador único de Líneas Urbanas y Suburbanas de Pachuca S.A. de C.V. (LUSP), Pablo Elio Blanco Cornejo, director general del Sitmah y Román Hernández Andrade, secretario general de la CROC en Hidalgo, donde quedó asentado que cien por ciento de la plantilla ya trabajan con el nuevo operador temporal del Sistema Tuzobús LUSP.
La dependencia estatal reiteró que en breve el Sitmah iniciará el procedimiento de adjudicación de la respectiva concesión para operar el Tuzobús, a fin de contar con las mejores condiciones posibles para los usuarios a través de un concesionario que opere hasta por diez años.
Precisó que la razón por la que no había sido posible iniciar el procedimiento de adjudicación de la concesión era que hasta diciembre de 2021 existían recursos legales pendientes de resolverse ante el Poder Judicial Federal, y aunque no impedían el desarrollo del procedimiento, se optó por esperar a que los mismos concluyeran para evitar incertidumbre legal.
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