Los diez detenidos por el ataque contra la planta cementera de Cruz Azul, en Tula, con saldo de ocho personas muertas y 12 heridas la madrugada del miércoles 27 de abril, son acusados de homicidio en grado de tentativa, lesiones y daño a la propiedad, informó el noticiero de Ciro Gómez Leyva, en Imagen.

El Ministerio Público presentó a los detenidos ante un juez de control para la audiencia donde se definirá su situación legal, donde incluso los inculpados podrían acogerse a la duplicidad del término constitucional.

 

El medio de comunicación nacional señaló que la procuraduría confirmó que el grupo que intentó tomar la planta fue contratado para dicho fin, y una vez logrado, se quedaría en posesión del complejo durante tres meses, según las primeras declaraciones recabadas.

La mayoría de integrantes del grupo de choque fue contratado en la capital del país y Estado de México; hasta el momento no se ha aclarado quién los reclutó.

En el lugar de los enfrentamientos autoridades encontraron cartuchos percutidos calibre 9 milímetros y 38, así como una escopeta.

Los autobuses procedentes de la Ciudad de México son de la ruta 71, según las fotografías que presentó el gobierno federal, los cuales cubren una ruta que corre por el oriente de la capital del país.

 

Además, fue presentada una denuncia de hechos por daño patrimonial en la planta, que se suma a las más de 30 carpetas de investigación activas por la disputa entre dos grupos por la administración de la cooperativa.

PLANTA DETENIDA POR DIEZ DÍAS

Actualmente, la planta no está trabajando, debido a que la subestación eléctrica fue dañada durante los disturbios, cuya reparación tardará diez días, lapso durante el cual dejará de producir 500 toneladas de cemento diario, lo que significa una pérdida de 10 a 12 millones de pesos al día.

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Este conflicto es generado por dos grupos ya definidos que se dicen encabezar legalmente los consejos de administración y vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul.

Se trata, por un lado, de Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez. En la contraparte están Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales, quienes actualmente laboran la cementera ubicada en Tula y señalan contar con amparos para ello.

 

Los cooperativistas agrupados con Sarabia Pozo y López Morales fueron quienes impidieron la toma de la planta, lo que derivó en el enfrentamiento.