Un juez de control revocó la decisión del Ministerio Público de no ejercer acción penal contra funcionarios del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), entre ellos su directora Fátima Lorena Baños Pérez, por un caso de discriminación contra un menor con síndrome de Down.

Este martes mediante audiencia de control judicial en los Juzgados Penales de Control en Pachuca, que duró aproximadamente tres horas, el juez José Daniel Montaño Olvera revocó la decisión tomada por el Ministerio Público (MP) sobre no ejercer acción penal contra Fátima Lorena Baños Pérez, Mirian Andrea Saínos Muñoz y Gustavo Trinidad Martínez Mendoza, en un caso de discriminación en sus funciones en el Inhide.

Cabe señalar que en 2018, cuando sucedió el caso, Martínez Mendoza fungía como coordinador de entrenadores en el área de albercas, mientras que Saínos Muñoz fue la entrenadora que se negó a instruir al menor y Baños Pérez ya ejercía como directora del instituto, cargo que aún ostenta.

De acuerdo con el juez, la decisión del MP carece de sustento, ya que no brindó los argumentos necesarios para esclarecer que los funcionarios no ejercieron acción discriminatoria contra el menor.

Ahora, el Ministerio Público tiene 10 días hábiles para sustentar nuevamente su petición y comprobar que los señalados carecen de responsabilidad en el caso de discriminación, de no ser así, la asesoría legal que defiende al menor y su familia podrá pedir su vinculación a proceso.

VINCULACIÓN DE FUNCIONARIO

El exfuncionario del Inhide y director del Instituto Municipal del Deporte en Pachuca a finales de 2021, Ricardo N., fue vinculado a proceso en el caso referido, al impedir a la víctima usar la zona de albercas hace cuatro años.

Luego de apegarse al plazo de 144 horas de la audiencia inicial realizada el pasado 7 de junio, el juez de control Emmanuel Otamendi vinculó a proceso al exfuncionario del Inhide por el caso penal 225/2020.

EL CASO 

De acuerdo con el testimonio de los afectados, en julio de 2018 el menor identificado como A.D.R.R., originario de Apan, acudía a clases de natación en el Centro Estatal de Alto Rendimiento ubicado en la calle Antonio Chávez Ibarra de la capital del estado.

Todo marchaba con normalidad, el menor se desempeñaba bien bajo la tutela de uno de los entrenadores, hasta que este fue removido de su cargo para dar paso a Andrea Saínos, con quien empezaron los problemas.

Según los padres del menor, la entrenadora en repetidas ocasiones se negó a darle entrenamiento a su hijo con el argumento de que él tenía que estar en clases especiales debido a su condición.

Derivado de ello, fue consignado con Gustavo Trinidad, donde, acusaron, las cosas empeoraron ya que el entrenador también les mencionó que a su hijo "no se le puede entrenar" de la misma manera que a menores sin discapacidad, por lo que a partir de ese momento le negaron el acceso.

Ante la situación, familiares iniciaron quejas ante autoridades del centro debido a la discriminación sufrida por el menor; sin embargo, señalan que todos hicieron caso omiso, por lo que decidieron llevar el asunto a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), donde tampoco fue resuelto.

Además, los familiares incluso acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la Cámara de Diputados federal y a la Cámara de Senadores, donde han coincidido que es un caso flagrante de discriminación, aseveraron los afectados.