Historia 029
Esta es la historia 029 de 450 que te contaremos sobre León
El 8 de enero de 1946, seis días después de la masacre en León, se disolvieron los poderes en Guanajuato por orden presidencial.
Un día antes, el presidente Manuel Ávila Camacho hizo la solicitud formal al Congreso.
Los recientes acontecimientos de la ciudad de León, que han conmovido profundamente a todo el país por la muy deplorable pérdida de vidas, con motivo de la renovación de los Poderes Municipales, nos señalan un estado de intranquilidad pública resultante de una serie de violaciones contra la libre emisión de la voluntad popular, violaciones imputables a los Poderes del Estado”, indicaba en su mensaje el Presidente.
La indicación era clara: Ernesto Hidalgo Ramírez dejaría de ser Gobernador de Guanajuato, el Congreso estatal tendría que cambiarse.
¿Qué dijo Ávila Camacho?
Las palabras del presidente Ávila Camacho condenaban el actuar de las autoridades por rebasar “… el ámbito de sus deberes se constituyeron en partido, falseando así el deber constitucional que les compete, para poner a su servicio una autoridad que solamente debe ser empleada en cumplimiento de algo impersonal y objetivo como es acatar la ley”.
Pudieron evitar la tragedia pero no lo hicieron: “…las recomendaciones hechas a su gobierno, de haberse oído, habrían bastado para conservar el imperio de la ley y el respeto a los derechos ciudadanos”.
El mismo día que el Congreso federal ordenó disolver los poderes en Guanajuato. Ernesto Hidalgo renunció y el Congreso Local nombró a Daniel Velasco como gobernador interino, en un intento por preservar el resto de los Poderes.
La estrategia falló. La sentencia estaba dada. El Congreso federal designó al licenciado Nicéforo Guerrero como gobernador provisional, quien asumió el cargo el 10 de enero y llevaría las riendas de Guanajuato hasta septiembre de 1947.
En la historia de León fue la cuarta vez que se disolvieron los poderes en Guanajuato. En 1920, tras el Plan de Agua Prieta para desconocer y derrocar al presidente Venustiano Carranza; en 1932, cuando el gobernador Enrique Hernández Álvarez fue acusado de violaciones a las garantías individuales al oponerse a designación de dirigentes del régimen.
Y en 1935 cuando se acusó a los poderes de Guanajuato de fraguar una conspiración y de tomar medidas contrarrevolucionarias al oponerse al proyecto del presidente Lázaro Cárdenas.
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