León.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) emitió la recomendación 1433/2023 contra agentes de la Policía de León, en un caso muy similar al de “Evelyn”, que desató las protestas feministas en agosto de 2020.
La resolución, emitida con fecha 8 de diciembre de 2025 pero publicada en el sitio web de la Prodheg a principios de año, indica que al menos seis policías estuvieron involucrados en la detención de una chica -de quien se protege su identidad-, donde dos la agredieron sexualmente y la amenazaron de muerte, antes de llevarla a CEPOL poniente y dejarla a disposición del Juez Cívico.
En su queja, la víctima expuso que el día de su detención (que no se detalla en la recomendación), elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (SSPPC) la amenazaron, la agredieron y le quitaron dinero, al menos 15 mil pesos, sin embargo, esto último fue desechado, pues la Procuraduría no encontró pruebas.
AM solicitó al vocero de la SSPPC, en al menos tres ocasiones, una entrevista con Pablo César Rodríguez Almonaci, encargado de despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, o con alguna otra autoridad dentro de la SSPC, para tener su versión de los hechos, sin embargo, dicha entrevista no se concretó.
La protesta
El 22 de agosto de 2020, cientos de mujeres leonesas protestaron en las calles exigiendo “¡Justicia por Evelyn!”, una joven que denunció a dos policías por acoso y abuso sexual al intentar detenerla en la explanada del templo Expiatorio. Su historia, compartida originalmente en redes sociales, se hizo viral.
Tras concluir la protesta, detuvieron a más de 20 mujeres y periodistas e incluso denunciaron detenciones arbitrarias y abuso de la fuerza. En los siguientes años se ha seguido conmemorando esa fecha.
A los dos policías los detuvieron y vincularon a proceso por abusos y hostigamiento sexual.
Nueva agresión de policías
La quejosa en este nuevo caso expuso ante la Prodheg que, derivado de un problema con una persona, policías municipales la detuvieron en compañía de dos hermanos y una persona de un establecimiento donde ella trabajaba, y que una vez que se encontró en una patrulla, la trasladaron a la “Delegación Piletas”.
Señaló que, antes de llegar a la delegación, la patrulla se metió a una calle de terracería, se estacionó y la bajaron esposada, donde dos policías tocaron sus partes privadas “diciéndome que eso les pasa a las putas que no pagan piso”, esto, en presencia de dos de los detenidos, que ratificaron su relato con su propio testimonio.
La víctima identificó por su nombre a uno de los oficiales, desconociendo los de los demás. Otro de los detenidos, incluso, identifica a uno de los agentes como “comandante” y su nombre. Al otro agresor solo lo identificaron como “pareja”.
Aunque dichos policías negaron estas acciones, exámenes médicos y ginecológicos posteriores revelaron que ella presentó huellas de violencia y lesiones, como moretones y contusiones.
La Procuraduría indica que tampoco hay pruebas de que los otros cuatro policías (entre los que había una mujer) intentaran impedir las agresiones.
La quejosa también señaló que los policías la amenazaron a ella y a los otros detenidos, pues decían que los entregarían a un grupo delictivo, les mostraban fotos y videos de “personas descuartizadas” y comentaban que serían los siguientes.
Las amenazas se extendieron a las hijas de la quejosa. Por estas acciones, la víctima presentó daño emocional, según confirmó un informe pericial psicológico que le realizó la Fiscalía General del Estado.
La recomendación
La resolución de la Prodheg concluye que los dos policías municipales, el presunto “comandante” y el señalado como “pareja”, omitieron salvaguardar el derecho humano a la integridad física de la quejosa.
Mientras que un tercer oficial omitió salvaguardar el derecho humano a la integridad psicosocial de la quejosa.
Además, tres oficiales hombres y una oficial mujer omitieron salvaguardar el derecho humano a la seguridad jurídica de la quejosa.
La recomendación va dirigida a la persona titular de la Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial de León, es decir, el comandante Juan Luis Rocha Vera, en su carácter de superior inmediato de la y los policías responsables.
Aunque en el documento se indica que “… el Estado Mexicano se ha obligado a tomar las medidas apropiadas, para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias a través de las cuales se perpetúe o se tolere la violencia de género”, la Secretaría no respondió, a través de su vocero, sí aceptó la recomendación.
También se deberá otorgar una compensación a la víctima por el daño causado, recibir atención psicosocial y agregar su nombre al Registro Estatal de Víctimas.
La SSPPC debe realizar una investigación sobre el tema y brindar capacitación a su personal en temas de derechos humanos.
RESOLUCIÓN DE PRODHEG
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