León.- Los nuevos mecanismos incluidos en la reforma al Reglamento de Adquisiciones buscarán garantizar la existencia física de los proveedores y fijar candados contra empresas fachada, aseguraron los síndicos Román Cifuentes Negrete y Ma. Esther Santos de Anda.
En entrevista con AM, explicaron que la figura del beneficiario controlador se incorporó en el Código Fiscal de la Federación años atrás para evitar que las empresas sean utilizadas para la evasión fiscal.
“Nos permite de alguna forma frenar el uso de empresas nada más con fines de simular operaciones o en su caso encubrir a otras personas que están realmente interesadas o involucradas en estos procesos”, indicó la síndica Esther Santos de Anda.
A su vez, ampliaron la exigencia de la ubicación geográfica exacta de las instalaciones de los proveedores en licitaciones nacionales.
“Para no nada más localizarlos vía web, sino también en sitio hacer la verificación física. Ya está incorporada en el reglamento de adquisiciones”, añadió, aunque aclaró que la normativa no contempla un presupuesto específico para las visitas fuera de la ciudad.
Al respecto, el síndico Román Cifuentes Negrete mencionó que se deberá contemplar la asignación de recursos presupuestales para este fin.
Román Cifuentes Negrete, primer síndico del Ayuntamiento de León. Foto: Carlos García.
La revisión habrá de complementarse con comprobantes y estos comprobantes efectivamente llegar y hacer la confronta en el lugar de los hechos”, dijo.
Indicaron que la verificación incluye comprobar la infraestructura física (maquinaria o equipo) para ofrecer los productos o servicios, el listado de los trabajadores dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y su registro en el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (Sateg).
“Tampoco estaba contemplado y es sobre todo para verificar el pago del impuesto de nóminas para tener la certeza de que la empresa tiene el domicilio con la infraestructura necesaria para prestar el servicio o incluso con los colaboradores”, expresó la síndica.
Precisó que en caso de que el modelo de negocio sea a través de subcontratación, este deberá estar debidamente justificado.
“Que aporte la evidencia suficiente para poder garantizar que van a cumplir en tiempo y forma con lo que están comprometiéndose con el municipio”, añadió.
Responden a cuestionamientos
Acerca de los cuestionamientos del regidor morenista Guillermo Medina Plascencia, quien criticó durante la pasada sesión de Ayuntamiento el rechazo a la incorporación de datos biométricos de los proveedores, la síndica argumentó la postura institucional.
“Al margen de que los compañeros de Jurídico señalaron que no era viable por algunos temas legales, yo considero que ya están implícitos”, contestó la edil.
Ejemplificó que entre los requisitos que presentan las empresas están la constancia de situación fiscal y la carátula de una cuenta bancaria.
“Tanto los bancos como el SAT, para poder dar la constancia de situación fiscal o aperturar una cuenta bancaria, pues justamente toman biométricos, las huellas digitales y el iris”, dijo.
SAT endurece candados
Con el objetivo de erradicar el ciclo de las empresas fantasma que son dadas de baja pero vuelven a operar con otra razón social, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó candados que impiden a contribuyentes con perfil de riesgo realizar movimientos en su régimen fiscal.
El organismo endureció el cerco contra las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS): si una compañía es catalogada de riesgo, se le prohíbe cambiar de domicilio, fusionarse o migrar al Régimen Simplificado de Confianza (Resico).
Gari Flores Hernández, titular de la Administración General de Recaudación del SAT, advirtió que las alertas del organismo congelan cualquier intento de estas organizaciones por evadir la fiscalización.
“Si eres una empresa de riesgo, y quieres cambiar tu domicilio fiscal, no se te permite. Si quieres fusionarte, o inscribir nuevas empresas y están relacionadas a los socios no se permite”, dijo.
Explicó que cuando una empresa ha sido fiscalmente catalogada como de riesgo, el SAT emite alertas para evitar que las empresas hagan cambios en el régimen fiscal.
Detalló que estas modificaciones se aprobaron el año pasado para controlar que las empresas factureras o fantasmas se sumen al Resico. De lo contrario es un problema recurrente: por un lado se dan de baja empresas y se enlistan como EFOS, y por otro inscriben nuevas razones sociales.
Advirtió que para evitar que las empresas fachada o factureras continúen operando, el SAT cuenta con modelos de riesgo para identificar sus operaciones.
Detalló que monitorean el tema fiscal y contable a través de las declaraciones de los contribuyentes, realizan auditorías y marcan como riesgosos a los socios para contener las prácticas ilícitas.
Puso de ejemplo a un contribuyente dado de alta como mecánico que posteriormente factura servicios médicos: el SAT realiza un cruce de datos y toma acciones, incluso cuando el umbral de facturación difiere del perfil inicial de inscripción.
“Empiezan a funcionar las alertas, se van encendiendo distintos monitoreos de riesgo para tomar acciones de comprobación”, explicó.
En este sentido, advirtió que cualquier entidad pública o privada tiene la responsabilidad de no mantener actividad comercial con una empresa en el momento en que el SAT la enlista como facturera.
Aclaró que cuando una empresa o dependencia tiene relación comercial con una compañía que posteriormente entra a la lista de EFOS, inicialmente no tiene responsabilidad penal.
“La responsabilidad es tener una buena diligencia de tus clientes o proveedores, seas una entidad pública o privada. Es su obligación asegurarse que quien te está prestando el servicio tenga la capacidad de hacerlo, más allá de que esté enlistada”.
Flores Hernández refirió que han cancelado 40 mil sellos digitales para evitar que las empresas fantasma sigan facturando, y que en los últimos dos años han publicado una lista de 2 mil empresas irregulares.
“Nuestra responsabilidad es hacer el monitoreo; cuando se identifica alguna conducta de riesgo hacemos las sanciones correspondientes”.
La responsabilidad de los entes públicos y privados es asegurarse de que un proveedor existe físicamente. Debe haber entregables y un expediente documental que lo compruebe; de lo contrario, se configura una compra inexistente.
Esperan responsabilidades por empresas fachada en León
El síndico Román Cifuentes Negrete aseguró que mantiene el seguimiento a la denuncia penal que presentó como representante legal del Ayuntamiento ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos delitos contra quien resulte responsable por el caso de empresas fachada, interpuesta cuatro meses atrás.
Esto derivó de las investigaciones del periódico AM desde abril de este año, las cuales expusieron una red de proveedores del Municipio que utilizaron la identidad de personas de escasos recursos para constituir empresas, entre otras irregularidades.
Se trata de las firmas Office and Publicity MDF S. de R.L. de C.V., que obtuvo 12 contratos por un monto superior a los 7 millones de pesos entre 2024 y 2025; y Centro Publicitario y de Marketing TLGR SAPI de C.V., con 35 contratos por más de 11.9 millones de pesos de 2022 a 2024.
El síndico explicó que se detectó un presumible conflicto de interés y tráfico de influencias dentro de la administración pública.
“Mediante el cual se estaba engañando a la administración como tal, precisamente para que alguien resultara beneficiado, así que se presentó la denuncia en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”, dijo.
Aclaró que se realizó una ampliación a la denuncia y se otorgó información complementaria. A su vez, indicó que hay comunicación con el fiscal a cargo para facilitar la documentación requerida por la representación social y por la propia Contraloría Municipal.
“Sí se están llevando a cabo diligencias y pues espero que pronto también ellos nos puedan informar algunas conclusiones, así como esas conclusiones también hoy en día las estamos exigiendo y pidiendo a la Contraloría”, declaró.
Por su parte, la síndica Ma. Esther Santos de Anda señaló que en los últimos siete meses ha solicitado a la contralora municipal, Viridiana Margarita Márquez Moreno, que concluya todas las investigaciones pendientes, incluyendo las relativas a las empresas fachada.
María Esther Santos de Anda, segunda síndica del Ayuntamiento de León, en entrevista. Foto: Carlos García.
Le pedí de manera particular, al menos las denuncias que yo presenté, que tenían que estar ya a la brevedad resueltas; ella se comprometió en este mes de octubre a dar la resolución definitiva”, aseguró.
Apuntó que estaría en desacuerdo en caso de que la Contraloría archivara los expedientes por falta de evidencia.
“En lo personal creo que sería muy fuera de lugar porque también revisé documentación; con los elementos que pude observar, sí hay elementos para fincar algún tipo de responsabilidad, entonces esperaríamos que ella, siendo profesional, haga su trabajo con lo que procede conforme a la normatividad”, indicó.
En el mismo sentido opinó Román Cifuentes Negrete, quien señaló que la expectativa es que el órgano de control emita una resolución apegada a derecho.
“Que sea totalmente imparcial, que no tenga ningún sesgo de opacidad o de pretender favorecer algún esquema de impunidad, que se informe con precisión exactamente lo que se tenga que señalar y de acuerdo a las pruebas y a las constancias que obran como tal en lo que se ha señalado”, comentó.
“Sería muy desafortunado que quisieran pretender una salida en la cual quisieran advertir que no hay irregularidades”, concluyó.
AAK
Relacionado
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
