Después de que una dolorosa derrota en el Mundial de fútbol diera paso a lo que muchos argentinos consideran una ola generalizada de odio contra su país, el presidente Javier Milei firmó el jueves un decreto de emergencia que faculta al gobierno a negar el ingreso o expulsar a extranjeros que inciten a la discriminación o la violencia contra los argentinos por su nacionalidad.
La oficina de Milei presentó el decreto como una respuesta a semanas de críticas de celebridades, aficionados rivales y usuarios de redes sociales, luego de que polémicas decisiones arbitrales alimentaran la especulación de que la FIFA había favorecido al equipo argentino y a su superestrella Lionel Messi en el torneo. Los detractores dirigieron su enojo —por la agresividad ocasional de los aficionados argentinos, y por el juego brusco del equipo en el campo — no sólo contra los jugadores, sino cada vez más contra la sociedad argentina en su conjunto.
La medida añade nuevos motivos a la ley migratoria de Argentina, lo que permite que las autoridades impidan el ingreso, deporten y revoquen visas a personas que se determine que han promovido el odio contra los argentinos en declaraciones orales o escritas, o que hayan profanado símbolos nacionales.
“Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable”, manifestó la oficina del presidente. “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.
La decisión supone un marcado giro para un país que, durante mucho tiempo, se ha enorgullecido de recibir inmigrantes. La Constitución de Argentina alienta explícitamente la inmigración y, durante décadas, el país ha ofrecido a los extranjeros amplios derechos civiles y un acceso relativamente fácil a la residencia legal, la educación pública y la atención sanitaria.
Sin embargo, Milei ha introducido medidas migratorias más estrictas, las cuales han elevado los requisitos para obtener la residencia permanente y ampliado las facultades del gobierno para deportar a extranjeros acusados de delitos, a menudo publicitando las medidas con una retórica similar a la del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
El desprecio generalizado hacia Argentina se apoya en estereotipos de larga data, particularmente en América Latina, según los cuales los argentinos se consideran cultural y económicamente superiores a sus vecinos, en parte debido a la gran proporción de la población que desciende de inmigrantes europeos. La reacción se intensificó cuando jugadores y miembros del cuerpo técnico de la selección argentina atacaron a sus rivales españoles tras la final del Mundial. Peticiones en línea para expulsar a Argentina del torneo reunieron cientos de miles de firmas.
El miércoles, la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, inició procedimientos disciplinarios contra la Asociación del Fútbol Argentino por el altercado, así como por presuntos insultos racistas y conducta inapropiada de aficionados. Los jugadores también enfrentan una investigación de la FIFA por exhibir una pancarta en la que se afirmaba el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas (conocidas como Falkland en inglés), controladas por el Reino Unido, después de la victoria del equipo sobre Inglaterra en semifinales.
Milei, un aliado cercano de Trump, ha dicho que el aluvión de críticas es una “campaña anti-Argentina”. La semana pasada —sin aportar pruebas— alegó que los gobiernos de izquierda de Brasil y México, así como el Partido Demócrata de Estados Unidos, habían financiado la campaña para socavar a su gobierno libertario de derecha. Eso ayudó a desencadenar una crisis diplomática con el vecino Brasil, que retiró a su embajador en Argentina por las acusaciones y los insultos de Milei al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
En el decreto del jueves se indica que los castigos no son aplicables al desacuerdo ideológico ni a la crítica política, académica o cívica protegida por la Constitución de Argentina.
Pero deja sin respuesta cómo distinguirán los funcionarios la expresión protegida del discurso de odio prohibido, si las autoridades migratorias revisarán la actividad de los extranjeros en redes sociales, y con qué rigor se aplicarán las nuevas facultades contra turistas y residentes de larga data.
“¿Quién y como va a aplicar esas causales?”, preguntó Maximiliano Ferraro, un legislador de la oposición, al criticar el decreto, al que considera un truco político innecesario. ¿Cómo “se determinará que una persona incurrió en supuestos tan ambiguos como el “mensaje de odio” hacia el país o nuestra población?”
“Mientras se envuelven en la albiceleste para un anuncio, muchas de las políticas que promueven no son más que espectáculos nacionalistas y expulsivos”, añadió.
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