Ciudad de México.- Pemex adjudicó nuevos contratos para grandes proyectos petroquímicos a las empresas Mota Engil e ICA, constructoras recurrentes en proyectos de la 4T, pero hasta ahora la institución no ha publicado los montos ni la modalidad en que serán ejercidos.
Los acuerdos fueron asignados mediante “procedimientos competitivos de adjudicación”, un esquema que Petróleos Mexicanos (Pemex) desahoga en privado con ofertas de proveedores invitados, lo que impide conocer públicamente los detalles técnicos y financieros de los contratos de Pemex.
El pasado 26 de diciembre, la firma Mota Engil obtuvo el contrato para la rehabilitación y confiabilidad de las plantas de proceso, servicios auxiliares y almacenamiento de amoniaco para el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, ubicado en Minatitlán, Veracruz.
El mismo día, se asignó a ICA Fluor Daniel la rehabilitación y confiabilidad de las plantas de proceso e integración de productos de la cadena de aromáticos en el Complejo Petroquímico Cangrejera, con sede en Coatzacoalcos, de acuerdo con los registros de la petrolera.
Tras solicitar detalles sobre estas operaciones, la empresa productiva del Estado respondió que será hasta la próxima semana cuando difunda más información sobre los alcances económicos y los plazos de ejecución de ambas obras petroquímicas.
Cabe destacar que ocultar el monto de los contratos fue una práctica común durante la construcción de la Refinería Olmeca en el sexenio pasado, generando opacidad sobre el costo real de los proyectos estratégicos de infraestructura energética en el país.
En INE opacan gasto por ‘seguridad’
En su sesión de ayer, el Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral (INE) argumentó que no se puede hacer público el contrato sobre el reforzamiento a las medidas de control en el organismo porque contiene datos técnicos y operativos de todo el plan de seguridad, lo que podría generar vulnerabilidad.
El director de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Vázquez, advirtió que la seguridad del INE no es un asunto accesorio, sino de seguridad nacional, por lo que debe protegerse el plan.
“Las medidas que se analizan deben entenderse bajo un enfoque de seguridad nacional en razón de la función institucional; es decir, acciones orientadas a proteger una capacidad estratégica del Estado Mexicano, la función electoral. Hablamos de preservar la integridad, estabilidad y continuidad de una institución clave para la gobernabilidad democrática.
“Adoptar medidas razonables de seguridad no es una decisión neutra, implica asumir riesgos reales para las personas que laboran o acuden a este instituto, así como para su cooperación diaria y cotidiana”, argumentó.
Ante las críticas, Vázquez apuntó que no se trata de “controles desproporcionados”, sino medidas mínimas para reducir riesgos reales.
“No estamos frente a un exceso, sino frente a una actualización de estándares mínimos, razonables, acordes a la responsabilidad institucional del INE”, añadió tras recordar que en 2027 habrá elecciones federales y en las 32 entidades del País.
HLL
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