Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que, una vez que llegue a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, solicitará a Luisa María Alcalde analizar la viabilidad de posponer la elección judicial hasta 2028, como han propuesto legisladores de Morena.
Durante la mañanera de este viernes 24 de abril, la Mandataria explicó que la futura funcionaria, que asumirá el cargo el próximo primero de mayo, deberá estudiar las implicaciones del tema.
“Si llega a posponerse, se podría decir tiene que haber un cambio constitucional y esa es una de las tareas que le pedí a Luisa María que puede evaluarlo, ahora que se integre Luisa María, a la Consejería Jurídica, pues tiene esa tarea”, afirmó.
Sheinbaum explicó que Alcalde encabezará la revisión, aprovechando la experiencia que tiene en el tema, luego de su participación en el diseño en la reforma al Poder Judicial.
“Luisa Maria participó mucho en la reforma al Poder Judicial entonces ella pues conoce los detalles”, sostuvo.
La Presidenta indicó que, además de revisar un eventual aplazamiento a 2028, también se evalúan posibles ajustes adicionales a la reforma.
“Incluso estamos evaluando si se pasa el 28 y si hay algunos cambios adicionales que tuviera que tener para mejorar siempre es mejorable cualquier reforma que se haga si es necesario”, dijo.
La Mandataria precisó que, por ahora, la elección judicial se mantiene conforme al calendario previsto.
“Por lo pronto la elección es el 27 y ya con la valoración que encabece Luisa María pues ya si consideramos que desde el Ejecutivo hay que hacer una modificación pues ya se enviaría”, agregó.
Senado también plantea posponer elección judicial
Una nueva iniciativa en el Senado busca modificar el calendario de la reforma al Poder Judicial, proponiendo que la elección por voto popular de los juzgadores se recorra hasta 2028. Los impulsores sostienen que el cronograma actual es demasiado ambicioso y pone en riesgo la certeza jurídica del país.
La propuesta surge en medio de preocupaciones sobre la capacidad técnica para organizar un proceso de tal magnitud. Ante las complicaciones operativas, diversas bancadas buscan ajustar plazos legales para permitir un análisis más profundo de los perfiles que integrarán las boletas electorales.
El aplazamiento permitiría, según el documento presentado, que el Instituto Nacional Electoral diseñe una cartografía específica para los distritos judiciales. Actualmente, existe incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo la fiscalización de las campañas y el acceso a tiempos de radio y televisión.
Los defensores de la prórroga argumentan que adelantar el proceso sin las leyes secundarias completamente sólidas podría derivar en una crisis constitucional. Buscan evitar que la selección de juzgadores se vea influenciada por intereses políticos inmediatos o falta de capacitación técnica.
Por otro lado, sectores del oficialismo han manifestado resistencia al aplazamiento, considerando que la voluntad popular ya fue expresada y que la reforma debe ejecutarse según lo planeado originalmente. Sostienen que cualquier retraso podría interpretarse como un intento de frenar los cambios.
Expertos en derecho constitucional señalan que un periodo de transición más largo daría margen para evaluar el impacto que tendrá la salida masiva de actuales juzgadores. La propuesta de 2028 busca un relevo escalonado que no colapse el sistema de justicia en México.
La discusión en comisiones será clave para determinar si existe el consenso necesario para reformar los artículos transitorios de la ley vigente. Se prevé que organismos internacionales emitan recomendaciones sobre la viabilidad de este nuevo calendario para asegurar la independencia judicial.
Finalmente, el destino de la iniciativa dependerá de las negociaciones entre las principales fuerzas políticas en el Senado. El debate se mantiene abierto mientras se analizan los costos económicos y los beneficios sociales de posponer una de las votaciones más polémicas en la historia reciente de México.
AAK
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