Ciudad de México.- El Auditor Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que el órgano a su cargo presentó 21 denuncias penales por presuntos daños al erario por más de 600 millones de pesos, cometidos por los tres órdenes de gobierno durante el ejercicio presupuestal 2025.
Asimismo, se iniciaron 31 expedientes de investigación, también contra gobiernos municipales, estatales y federal, como parte de los primeros resultados de la reforma en materia de fiscalización aprobada el pasado 21 de abril, que faculta a la ASF para iniciar indagatorias y denuncias sin tener que esperar a la conclusión de todo el proceso de fiscalización.
“A su vez, presentamos ante la autoridad substanciadora 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves, derivadas de la detección de colusiones en procedimientos de contratación pública”, explicó.
Durante la primera entrega de la fiscalización a la Cuenta Pública 2025, Palacios Cardel informó que el Programa Anual de Auditorías establece la realización de 2 mil 244 auditorías a lo largo del año, de las cuales 209 se realizarán a dependencias federales.
El funcionario reiteró que anteriormente los procesos de auditoría se desarrollaban bajo un esquema de revisiones aisladas y sostuvo que, con el nuevo modelo de Auditoría Integral, se lleva a cabo una sola revisión al 100 % de los recursos ejercidos por cada dependencia o entidad federativa.
“Por primera vez serán auditadas la totalidad de las dependencias federales. Asimismo, con las auditorías programadas alcanzaremos la revisión de mil 733 entes públicos de todos los órdenes de gobierno, es decir, dependencias federales, entidades federativas, municipios, alcaldías, organismos públicos descentralizados y demás entes públicos que ejercen recursos federales”, expuso.
Sobre esta primera entrega, detalló que se harán públicos los resultados de auditorías efectuadas a cada una de las 32 entidades federativas y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios y alcaldías, con lo que se verificaron 29 mil 736 transferencias de recursos correspondientes a todos y cada uno de los 2 mil 478 entes de este orden de gobierno.
“Al respecto, me complace informar que, por intervención de la Auditoría Superior, previo a la conclusión de las auditorías, se logró recuperar en favor de los municipios los recursos que no les habían sido efectivamente transferidos; por lo que, de manera inédita, únicamente quedó pendiente de aclarar la transferencia de 1.4 millones de pesos por parte de una entidad federativa, de los más de 300 mil millones de pesos a distribuir”, subrayó.
Aureliano Hernández celebró la reforma avalada el pasado 21 de abril y puntualizó que, derivado de ella y en los primeros 100 días de su administración, se crearon las Unidades Especializadas en Inteligencia y Análisis; en Investigación y Auditoría Forense; en Entidades Federativas; en Municipios; así como las Auditorías Especializadas del Gasto Público en materia Social, Educativa, de Salud, Seguridad Nacional, en Materia Hacendaria, Energía, Recursos Naturales e Infraestructura.
Además, puntualizó, se creó una Secretaría General de Fiscalización; la Auditoría Especializada en Dictaminación e Investigación; y la Unidad de Atención Ciudadana, que permite recibir denuncias vía WhatsApp.
Finalmente, adelantó que este 1 de julio instalarán el “Comité de Gestión por Competencias de la Auditoría Superior de la Federación”, con lo que ahora la ASF será además una entidad de Certificación y Evaluación.
Detecta fraude millonario en la SEP
El 18 de junio, AM publicó que desde 2018 han persistido anomalías por el mal uso de recursos que el gobierno federal destina a los estados para el pago de nómina y operación de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan que son cerca de mil millones de pesos los daños al erario, derivados de presuntos fraudes como pago a maestros ausentes de las aulas, financiamiento de trabajadores no identificados en sus centros laborales y pago a personal docente o administrativo ya fallecido.
Lo anterior impacta con más fuerza en los estados donde opera y mantiene un control histórico la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero.
Las inconsistencias presupuestales se han detectado en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), y mantiene un patrón sistémico que se repite año con año.
En la Cuenta Pública 2018, la ASF determinó daños iniciales por 221.4 millones de pesos dentro de este fondo federalizado. En ese ejercicio, se detectaron pagos por 661.7 millones de pesos a trabajadores que no pudieron ser localizados en las escuelas, sumados a 73.7 millones de pesos entregados de forma irregular a personal que gozaba de licencias laborales.
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