Representantes del Consejo Coordinador Empresarial de León, Irapuato, Salamanca, Celaya y San Miguel de Allende estarán hoy en el Senado para exponer su rechazo a varios puntos de la reforma hacendaria, que ya fue aprobada por los diputados.
Una comitiva de 20 empresarios se reunirá a las 12 del mediodía con el presidente de la Comisión de Hacienda, el priísta José Yunes Zorrilla; el coordinador de la fracción del PRI, Emilio Gamboa Patrón; y el senador guanajuatense Miguel Ángel Chico Herrera.
El Senado debe votar las reformas antes del 30 de este mes.
La cita se pactó luego de que empresarios de León y representantes de Irapuato y Salamanca, se reunieran el 11 de octubre con legisladores federales panistas por León, y con los priístas Francisco Arroyo Vieyra, diputado federal y Chico Herrera.
Éste ofreció ser enlace para que los empresarios expusieran de viva voz su postura ante los líderes parlamentarios del PRI.
Los temas generales que el Consejo Empresarial de León confirmó que abordarán son: impuesto de 10% a dividendos pagados a personas físicas; dictamen fiscal voluntario; IVA a importaciones temporales; Ley del ISR y las implicaciones del Código Fiscal de la Federación.
Los empresarios consideran que la iniciativa es una miscelánea fiscal con fines recaudatorios, pues el mayor incremento en la captación provendrá del aumento del ISR (Impuesto Sobre la Renta) a las personas físicas y de la eliminación de excepciones en el ISR de las empresas.
Ayer, los dirigentes de los consejos empresariales publicaron un documento en que condenan 10 puntos de la reforma y proponen a diputados y senadores avanzar hacia un régimen fiscal equitativo, simplificado y competitivo.
De manera concreta plantean establecer -“como sucede en todo el mundo”- un IVA generalizado “para que quién más consume, pague más”.
También, integrar a todos los mexicanos al sistema tributario, especialmente a la economía informal, y rechazar el déficit fiscal del Gobierno a través de un mayor endeudamiento público.
El texto contó con el apoyo de 41 instituciones empresariales.
Los casos concretos
Entre los puntos de especial preocupación para el sector empresarial de Guanajuato se encuentra la eliminación de la deducción inmediata de inversiones en activo fijo.
También la eliminación del régimen para las empresas del programa IMMEX.
Un ejemplo específico es que si se elimina la exención de IVA a las importaciones temporales de las compañías exportadoras y se les aumenta la base gravable para el pago del ISR, la industria maquiladora, especialmente la automotriz, resentiría una afectación del orden de 25,000 millones de pesos anuales.
En el caso concreto de León y la cadena cuero-calzado-proveeduría, advierten que al establecer IVA a las importaciones temporales, los programas de subcontratación y maquila se irían porque los costos serían más elevados y se trasladarían a países como República Dominicana o Nicaragua.
Pocos Pros… y muchos Contras
Por unas cuantas ventajas, los empresarios guanajuatenses aprecian muchos riegos en la Reforma Hacendaria que ya aprobaron los diputados y ahora se discutirá en el Senado de la República.
A favor
1.- Propone un enfoque social (aunque preocupa su viabilidad financiera)
2.- Se eliminan el IDE y el IETU. Éste debería de ser el sentido de la política fiscal de México: aligerar la carga impositiva
3.- Propone hacer más eficiente el pago de impuestos mediante procesos automatizados en el SAT.
En contra
1.- Desalentará la inversión nacional y extranjera, así como la creación de empleos.
2.- No amplía la base de contribuyentes y genera mayor carga al contribuyente cautivo.
3.- Privilegia e incentiva a la economía informal.
4.- Encarecerá la creación de empleo formal sin abonar a mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
5.- Disminuirá la capacidad de compra de la clase media
6.- Encarecerá la vivienda y disminuirá su demanda.
7.- Eliminará la ventaja competitiva de México para atraer inversión extrajera que requiere importaciones temporales.
8.- Restará competitividad y poder de compra en fronteras.
9.- Violará las garantías constitucionales.
10.- No asegura transparencia y eficacia en el gasto público.
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