Pega violencia a investigación

A la arqueóloga Baudelina García Uranga la “levantaron” dos jóvenes con metralleta cuando se dirigía a Chalchihuites, Zacatecas, a hacer trabajo de campo. Fueron horas de insultos, golpes, amenazas, con el rostro cubierto, sin poder ver qué sucedía.
Era septiembre de 2012, pasadas las 2 de la tarde. Conducía una camioneta nueva del INAH, sin logotipos. Recuerda haber visto unas placas de Jalisco, el olor a mota y a cerveza, el miedo constante. Y que quienes la secuestraron preguntaban por “los chapos”.
García Uranga fue la primera que “tiraron” de un grupo de nueve tripulantes de cinco vehículos robados. “Era su cuota”, cuenta. “Cinco camionetas, de preferencia blancas”. Debía ser medianoche cuando los bajaron en una zona semidesértica, descalzos, agotados y sedientos.
El asalto la dejó sin dinero y, cuando volvió a trabajar, tuvo que pedir prestado. “Me dijeron que el seguro era de 8 mil pesos, y todo se había gastado en el hospital”, señala la arqueóloga del Centro INAH-Zacatecas, con 35 años en la institución.
Durante dos años y medio recibió tratamiento sicológico. Ahora, cuando la mandan a una comisión, toma precauciones. “Ya no manejo vehículos oficiales ni viajo sola. Y hago salidas cortas”.
El arqueólogo Jerimy Cunningham acostumbra conducir, desde Canadá hasta Chihuahua, con el equipo para su temporada de campo. Pero la mayoría de los estudiantes de las universidades de Lethbridge y de Calgary que lo acompañan toma un avión a la capital del estado. “Así evitan cualquier lugar cercano a Ciudad Juárez”, precisa.
El profesor de la University of Lethbridge, en Alberta, recuerda que cuando comenzó a trabajar en Chihuahua, en 1992, llegaron hombres armados preguntando si habían encontrado el oro de Pancho Villa. “Pero cuando vieron que sólo había restos de cerámica, se aburrieron y se fueron”.
Cunningham lamenta que la narcoviolencia haya restringido la investigación en sitios de la sierra que le gustaría recorrer. Su área de trabajo es Namiquipa.
El coordinador de Arqueología del INAH, Pedro Sánchez, reconoce que existen “focos rojos” en el País, zonas sin explorar a causa de la violencia: la costa de Michoacán, la Huasteca, la Montaña en Guerrero.
En el INAH no existe un registro de los investigadores ni de los proyectos afectados por la violencia, advierte el antropólogo Bolfy Cottom. Es por eso que se carece de estadísticas.
Desde finales de 2013 circula en el CIESAS un documento sobre los riesgos del trabajo de campo y en archivos, fue elaborado por uno de sus investigadores, el politólogo Carlos Antonio Flores Pérez. En el escrito advierte sobre los peligros de trabajar “temas sensibles” como el tráfico de personas y el narcotráfico, o acudir en busca de información a zonas de conflicto o con altos índices de inseguridad.
Flores Pérez propone medidas de protección como identificarse siempre como académico, no provocar a los poderes fácticos locales, ganarse la confianza de la gente del lugar, y mantenerse comunicado.
Las investigaciones que son interrumpidas por la violencia a menudo no se retoman. Sobran ejemplos. El arqueólogo Joel Santos no pudo concluir hace una década el registro de las misiones jesuitas en Sinaloa porque la delincuencia le impidió entrar a la sierra de San Ignacio, mientras que su colega José Luis Punzo tuvo que suspender en 2010 una investigación de cuatro años en la Cueva del Maguey, en Durango, después de recibir amenazas directas.
Municipios sinaloenses como Choix y Badiraguato continúan siendo peligrosos. Si los arqueólogos necesitan acudir, se aseguran de tener el permiso de la autoridad local, explica Santos.
Punzo, quien radica en Michoacán, cuenta que ha trabajado en lugares como Huetamo, Sahuayo y Tingambato, sin percances, pero el riesgo existe.
“Es terrible decirlo, pero uno se acostumbra a vivir y trabajar de esta manera”.