Gustavo Rodríguez Junquera, secretario de Gobierno en Guanajuato, dijo que endurecerán las sanciones contra los taxis ejecutivos “piratas” y que se busca que el piso sea “parejo” para todos.

Por ello, informó, hasta la fecha han detenido y sancionado a más de 300 vehículos de diversas plataformas.

Señaló que tras la manifestación de los propietarios de taxis verdes que demandan acciones contra operadores de ejecutivos “piratas”, se tuvo una mesa de diálogo y se acordó que se aplicará la Ley.

“Lo que ellos quieren es que se aplique la Ley. Que a todos los taxis que estén circulando sin permiso o que estén actuando en forma diferente al permiso se les detenga y se apliquen las sanciones correspondientes”, comentó.

Añadió que se han venido reforzando los operativos, principalmente en León, y que próximamente tendrán un incremento en el número de inspectores en la Dirección de Movilidad.

“La idea no es otra más que se aplique la Ley”, aseveró.

El funcionario negó que el conflicto de taxistas verdes contra los ejecutivos y Uber los haya rebasado.

“No, de ninguna manera, venimos haciendo operativos, detenciones”, aseguró.

Destacó que se busca dar solución a las inconformidades de los taxis tradicionales o verdes contra los ejecutivos.

Rodríguez informó que hasta la fecha se han otorgado mil 401 permisos para taxis ejecutivos, de los cuales 210 son de la plataforma Uber en toda la entidad, y negó que vayan a otorgar más concesiones.

José Luis Guerrero Mendoza, dirigente de la Línea Dorada, también se pronunció a favor de que se regule a los taxis ejecutivos “piratas” que han surgido como una competencia desleal.

Señaló que muchos de éstos prestan servicio en hoteles y restaurantes sin tener autorización, y no se les exige como a los verdes.

Añadió que muchos se dan el lujo de “ruletear” ofreciendo su servicio en las calles y sin pertenecer a plataformas, y que eso ha originado que un gran número de verdes estén detenidos por falta de trabajo.

Asegura Alcalde que seguirá el diálogo

Tras la manifestación de taxistas verdes el alcalde de León, Héctor López Santillana, dijo que se trata de un tema del ámbito estatal que está siendo atendido. 

“A las autoridades municipales les corresponde salvaguardar el derecho de expresión y manifestación de todos, pero dentro del orden y el respeto a la legalidad”, indicó. 

“Con estos criterios he dado la instrucción de que se brinde la protección a las personas para que se expresen con libertad, pero siempre con el respeto a los derechos de las demás. Con estas líneas estaremos trabajando muy firmemente”, mencionó. 

Dijo que el bloqueo de ayer fue parcial y que generó molestias, sin embargo el flujo vehicular no se interrumpió. 

“Los taxistas tienen todo el derecho y libertad de manifestarse siempre y cuando lo hagan con respeto y apego al orden de la legalidad. Si infringen la Ley, cualquier persona, la autoridad tendrá que intervenir”, agregó el Primer Edil. 

Asimismo, López Santillana afirmó que el pasado jueves sostuvo una reunión con el Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, para hablar sobre el tema.

“Es un proceso que seguirá para que se les pueda atender a estas personas, a los taxistas, de manera muy puntual. El diálogo continuará”, aseguró. 

“No voy a entrar en un juego, ya saben de expectativas; mi obligación es hacer que la Ley se respete”, concluyó.

Se amparan contra la Ley de Movilidad

Desde que se aprobó en 2016 la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato, 18 ciudadanos y organizaciones se han amparado en contra de la norma y varios de sus artículos, 12 de ellos aún están vigentes. 

En dos de los caso se promueven recursos específicamente contra el artículo 235 bis del Código Penal del Estado de Guanajuato, relacionado con delitos en materia de transporte público y el cual refiere penas de presión para la persona que conduzca sin permiso un taxi o unidad del Servicio de Transporte Ejecutivo. 

De acuerdo con información de la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo hasta el mes de abril se habían presentado 18 juicios de amparo en contra de la Ley de Movilidad para el Estado, aprobada en marzo de 2016.

El Congreso del Estado informó la mayoría de estas reclamaciones fueron presentadas en 2016 y sólo dos este años; actualmente 12 procedimientos están vigentes y seis ya han concluido. 

Sin embargo, en la lista de amparos vigentes sólo aparecen los expedientes de Rayte Renta de Autos y Transporte Ejecutivo, S. de R. L. de C. V.; México Tecnology & Sofware, S.A. de C.V.; Gerardo Baruch García Pérez; María de la Luz Eymartdh Rodríguez Aceves y otros, Carlos Arturo Medina Baeza, Juan Manuel Gózales Miranda y Winston Ricardo Vargas Piñeiro.

Los amparos promovidos por todos estos particulares se refieren a artículos varios de la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato. Sin embargo, no se precisan los artículos en contra de los que se promovieron los recursos de amparo. 

Las empresas MH Comunicaciones S. A. de C. V. y JS3 Scientific Solutions S. A. de C.V.; también promovieron amaparos en contra de diversos artículos de la legislación, aprobada el año pasado y específicamente en contra del artículo 235 BIS, del Código Penal del Estado de Guanajuato.

Casi todos los recursos fueron promovidos en los juzgados tercero, quinto, séptimo y onceavo, de acuerdo con la tabla que presenta la Unidad de Transparencia del Congreso local, pero no se especifica los actos que se reclama a la autoridad, en este caso el Congreso del Estado.

Cuando se aprobó la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato, concesionarios del Uber señalaron diversos artículos que consideraron eran inconstitucionales, y concretamente las penas ce cárcel por prestar el servicio sin permiso. 

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