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'Jueza de hierro' de Guanajuato multó al Secretario de la Marina

El Secretario de la Marina Francisco Soberón no se salvó de una multa que le impuso la jueza Novena de Distrito en Guanajuato, Karla Macías.

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'Jueza de hierro' de Guanajuato multó al Secretario de la Marina

Una jueza federal impuso al secretario de Marina, Francisco Soberón, cinco multas que suman 40 mil 300 pesos, por no rendir todos los informes sobre un presunto caso de desaparición forzada en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Los hechos, registrados en mayo, fueron denunciados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.

Karla Macías Lovera, jueza Novena de Distrito en Guanajuato, ordenó, entre otras cosas que se remitiera copia certificada de la bitácora de los operativos que se hicieron en el momento de la desaparición de las personas, la hora, nombre de los elementos, las calles y colonias en donde se realizaron los patrullajes, en qué unidades y si tenían sistema GPS.

El titular de la Semar, Almirante Vidal Soberón, ha promovido en los últimos días varios amparos para impugnar el cobro de las multas, que corresponde al SAT.

Mientras tanto, otra juez federal multó con 8 mil 60 pesos al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos porque no presentó a declarar en calidad de testigo a un militar requerido en un proceso penal.

El General interpuso un amparo para impugnar el pago, el cual ya le fue otorgado.

La jueza Macías Lovera ha tomado otras audaces determinaciones

En 2016, en una decisión sin precedentes, que incluso no logró ni el grupo de expertos internacionales en el caso Ayotzinapa, ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional permitir el acceso a “cualquier instalación militar” para la búsqueda de una víctima de desaparición forzada a manos de personal militar, en Pénjamo, Guanajuato.

Al año siguiente, al resolver un amparo, puso al descubierto la situación que podrían vivir más de cien niños y niñas albergados en la Ciudad de los Niños en Salamanca.

En mayo de este año, decidió que algunos artículos de la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Poder Legislativo y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 21 de diciembre del año pasado, son “inconstitucionales”.

 

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