La Olla: Excesos del Juez

Van contra afectados
Así ni cómo animarnos a denunciar las transas de algunos funcionarios pues resulta que además de víctimas podemos acabar en la cárcel por caer en las garras del corrupto.
La denuncia de los ‘moches’  que tenían que pagar pequeños y medianos empresarios a un exdirectivo de la Secretaría de Desarrollo Económico llega justo cuando el Congreso del Estado tiene la responsabilidad de nombrar al titular de la nueva Fiscalía Anticorrupción.
Lástima que ya hay línea del góber Miguel Márquez de sancionar al exfuncionario Jorge Raúl Ortega al igual que a los empresarios que fueron engañados a pagar la cuota para conseguir un apoyo.
Si el fiscal anticorrupción en realidad actúa en forma independiente, no hará caso a la orden de castigar por igual a víctima y verdugo.
El presunto acusado tiene largo historial en la nómina del Estado. De 2005 al 14 de julio pasado fue Director de Atención a la Cadena Productiva Cuero-Calzado-Proveeduría y Textil-Confección de la Secretaría de Desarrollo Económico  pero no se sabe el inicio de su trayectoria delictiva.  
En su vivienda no está y no responde a llamadas, mejor prueba no puede haber de su responsabilidad.
Su delito en resumidas cuentas fue pedir diezmo para bajar recursos federales del Instituto Nacional del Emprendedor.
La Procuraduría de Justicia del Estado inició la  investigación de oficio y sólo un empresario se animó a presentar una demanda no obstante la amenaza de que lo acusen de cohecho.  Eso ya está en la cancha de quien se mantiene de manera provisional como titular de la ahora nueva Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que entró en vigor el miércoles.
Por cierto, al fiscal provisional que ni picha ni cacha,  Navigio Gallardo Romero,  nombrado en 2013 como  responsable de la creada entonces Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, le quedan menos de 90 días en la encomienda.
En lo administrativo,  la Secretaría de la Transparencia del Gobierno del Estado tiene desde el 2 de agosto la denuncia que presentó el titular de Desarrollo Económico, Memo Romero Pacheco. 
Al erario del Estado no hay un daño, pero sí a la credibilidad de una de las áreas de Gobierno pilares en la imagen que proyecta Márquez de liderazgo en empleo y crecimiento económico.
Eso además pega duro y directo en el acumulado de ‘temas calientes’ que tiene el Gobernador. El principal es la escalada de violencia a lo largo y ancho de todo Guanajuato; está la “operación Diego” que, aunque el ‘delfín’ panista ya dejó el cargo, falta todavía que se aclare el uso de recursos públicos. Además de los cuestionamientos que persisten por la compra de medicamentos, y otros frentes.
Memo pide a los empresarios que denuncien y a las instancias que investiguen a fondo y pronto. Y eso urge porque debe aclararse si desde la Secretaría hay cómplices y el enemigo aún está en casa.
Es difícil de creer que un funcionario de mediano rango haya actuado solo en algo tan sofisticado.
El tamaño del delito tampoco es posible precisarlo. Con Memo acudieron ocho empresarios para exponerle el caso, y su abogado, José Luis Grijalva habla de 35. La advertencia de poder encuadrar en delitos como cohecho o soborno los aleja de presentar denuncias.
De Jorge Ortega se sabe que es veracruzano, entró en 1998 a trabajar por honorarios en la oficina de León del Servicio Nacional de Empleo donde también estaba el hoy subsecretario para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa en la SDE, Froylán Salas Navarro, el funcionario que mejor lo conocía. 
El jefe directo de Raúl Ortega en la estructura jerárquica de la dependencia es el Director General de Cadenas Productivas, cargo que está vacante desde abril pasado cuando quien lo ocupaba, que era precisamente Froylán, fue ascendido a Subsecretario luego de la salida de José Manuel Casanueva. 
Otra arista del caso es la revisión de los fondos de Inadem. Los empresarios se quejan de trámites complejos para acceder y nadie sabe cuánto recurso ha bajado a empresas de Guanajuato. Eso es el campo fértil para que vivales engañen con “gestiones” de programas que se supone son gratuitos.
Desde el miércoles ya corren los 90 días que el Congreso Estatal tiene para emitir una convocatoria abierta y nombrar el nuevo Fiscal.
Para el PAN-Gobierno (entre ellos juegan un papel fundamental el pastor de los diputados locales azules, Éctor Jaime Ramírez, y la presidenta de la Comisión de Gobernación, Libia García) es una gran oportunidad de mandar una señal para medir si el cacareado Sistema Estatal Anticorrupción va en serio si designan a un Fiscal de experiencia, independencia y bastante carácter. De mandar a la guerra un perfil de medio pelo o uno más cercano a la Procuraduría, lo habrán enterrado antes de nacer.

Tijera a partidos, no se animan
Se armó un frente común decidido a ponerle un alto al gasto de los partidos políticos en Guanajuato.
Este 2017 el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG) entrega a partidos 122.6 millones.
Del 2005 (también año previo a uno electoral) al 2017 las prerrogativas para los partidos políticos en Guanajuato se dispararon ¡324%!. Hace 12 años recibieron en total sólo 28 millones 928 mil pesos.
A nivel nacional la cifra el 2018 será una cifra histórica de ¡6 mil 788 millones para partidos!
En Guanajuato el 18 de julio de manera formal a nombre del Parlamento Ciudadano del Estado de Guanajuato su presidente, Jaime Gallardo Saavedra, entregó una carta al secretario del Congreso del Estado, Christian Cruz Villegas, en la que piden una reforma para reducir los recursos a partidos.
Pero no van solos, esa organización tiene el respaldo del sector empresarial como Coparmex, Canacintra y del Consejo Coordinador Empresarial de León que preside Gustavo Guraieb en pleno, además de asociaciones como Propuesta Cívica, Consejo Ciudadano 100 por Guanajuato y el Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas que también encabeza el arquitecto Jaime Gallardo.
En Guanajuato las diputadas locales del PRI, Arcelia González y Lupita Velázquez, ya ingresaron una iniciativa sobre el tema desde el 12 de enero de este año, pero ni se ha discutido. La propuesta plantea la reducción de hasta el 50% de los recursos en año no electoral y de hasta un 40% en el año electoral.
En Jalisco fue histórica la reciente reforma conocida como “Sin voto no hay dinero” (de mayor alcance que la planteada por el PRI Guanajuato) que impulsó el diputado independiente Pedro Kumamoto. A nivel nacional se presentó la misma, y todos los partidos dicen coincidir en el fondo, pero nada pasa.
La iniciativa de las legisladoras priístas reconoce “que el dinero a partidos es un costo necesario para la democracia, que necesitan dinero para las campañas, mantener relación con el electorado, preparar decisiones sobre políticas públicas y pagarle a sus cuadros, limitar la influencia de financiamiento con intereses particulares o ilícitos y, por consiguiente, ayudar a combatir la corrupción”.
“Pero no menos cierto es que en sociedades en desarrollo, con niveles de pobreza, crisis o incertidumbre económica no se puede esperar que los ciudadanos contribuyan mucho al sostenimiento de los partidos, máxime si los mismos se encuentran en preponderante índice de desprestigio…”.
No es un tema sencillo, pero hay que entrarle a la discusión abierta de todos los ángulos a la de ¡ya!. El 26 de julio el Congreso del Estado le contestó al Parlamento Ciudadano A.C que la Junta de Gobierno turnó el asunto a la Comisión de Asuntos Electorales, pero es hora que no se convoca al análisis.
Esta Comisión la preside el Verde de San Luis de la Paz, Toño Méndez; como secretario el panista irapuatense Luis Vargas; y vocales el leonés Juan Carlos Muñoz (PAN), Alejandro Navarro (PAN) y Rigoberto Paredes (PRI). Ninguno ha puesto su postura sobre la mesa, ya va siendo hora lo hagan.

Salim vs. Ruiz Esparza
El diputado federal leonés del PAN, Miguel Ángel Salim Alle, alista los dardos que lanzará este martes 22 al secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal, Gerardo Ruiz Esparza.
Y es que el titular de la SCT está convocado para una reunión de trabajo con la tercera comisión de la Permanente que preside el senador panista Ernesto Cordero, y de la que Salim Alle es parte. Ahí aprovechará para poner sobre la mesa el tema de la “eterna” obra del distribuidor vial Benito Juárez.
El legislador insistirá en dos puntos: una fecha concreta para que por fin se concluya, y un reporte donde se garantice que la infraestructura está de principio a fin en buenas condiciones estructurales.
Desde luego que el gran tema de la invitación al Secretario es informar sobre las investigaciones del hundimiento ocurrido en el Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca, que dejó dos muertos. 
Pero con Ruiz Esparza en la mesa el panista leonés no lo quiere “dejar ir vivo” para tratar uno de los temas que más inquietan en el terruño, que es la obra que arrancó desde julio 2014 y no ve su fin. 
El 17 de julio pasado el Diputado por la vía plurinominal entregó una carta al delegado de la SCT en Guanajuato, el abogado priísta leonés Roberto Vallejo Rábago, en la que le solicita que se realice una revisión total del distribuidor vial Benito Juárez desde su primera etapa y le externa su preocupación porque en la primera etapa de la obra participó una de las empresas contratadas precisamente para el Paso Exprés. No puso nombre pero Salim Alle se refiere a la constructora del grupo español Aldesa.  
En el oficio también le refiere sobre el retraso y le pide una fecha real para concluirlo.
El 4 de agosto el Diputado federal panista le envió un oficio directo al secretario Ruiz Esparza en el que le externa su molestia porque todavía no tenía una respuesta de la Delegación SCT Guanajuato.
Un días después el Delegado de la SCT le responde que la tercera etapa tiene un avance físico del 98% y la cuarta 90%, y agrega que “si el clima lo permite, el distribuidor vial podrá estar en funcionamiento en las próximas semanas”. También le contesta que dicha obra ha sido permanentemente auditada por la Auditoría Superior de la Federación y que el Centro SCT Guanajuato hará cumplir los contratos.

Olimpia al ruedo
María Olimpia Zapata Padilla saltó al ruedo como nueva diputada federal por León.
La suplente de Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (q.p.d.e), una joven panista irapuatense de nacimiento y leonesa por adopción, tomó protesta el miércoles en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Es egresada de la Universidad de Guanajuato de la Licenciatura en Comercio Internacional y tiene una Maestría en Comunicación Social y Política por la Universidad de La Salle Bajío. Su último encargo fue colaborar en el área de Vinculación del campus de la UG en León, en donde también era docente.
A sus 32 años ya tiene rato en la grilla panista. Llegó a radicar a León para apoyar en la contienda interna y externa para la alcaldía a Ricardo Sheffield, también apoyó en la interna a Mayra Enríquez. Hoy es Consejera Estatal azul y está en el bando del ‘delfín’ Diego Sinhué Rodríguez para el 2018.
No tiene experiencia legislativa ni en cargos de primer nivel, pero no es nueva en la función pública. De 2013 al 2015 fue asesora de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados para la Comisión de Juventud que presidía el panista de Apaseo el Grande, José Luis “Chelis” Oliveros.
A iniciativa de “Chelis”, Mayra Enríquez y Olimpia fueron socias fundadoras de la Fundación Rebicam Guanajuato, que apoya la reconstrucción de senos para mujeres que padecen cáncer de mama.
Su chamba ahora está como Secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción justo en pleno momento del titubeante arranque del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y aunque temas clave como el nombramiento del Fiscal y de Magistrados está en la cancha del Senado, el Congreso deberá también jugar un papel importante para poner lupa al funcionamiento del SNA en todo el País.
En Asuntos Migratorios tiene el reto de elevar la discusión de un fenómeno que impacta a Guanajuato y en la Comisión de Desarrollo Metropolitano habrá que estar alertas a que en el Presupuesto 2018 no llegue otro recorte a zonas metropolitanas que en Guanajuato hay cuatro constituidas: León-Silao-Pueblos del Rincón; Laja-Bajío; La Piedad-Pénjamo; y la de Moroleón-Uriangato-Yuriria; y otra a la que deberá sumarse a la presión para que la reconozcan, como es la de Irapuato-Salamanca.
Además Olimpia se ha propuesto la gestión de más recursos para la Universidad. Le queda un año a la actual Legislatura y a la joven Diputada para demostrar que tiene con qué hacer carrera política. Lo veremos…