Investigar delitos o seguimos igual
En México, en Guanajuato y en León, las policías no investigan.
La gran promesa del modelo de seguridad que anunció en diciembre del 2018 el entonces alcalde de León, Héctor López Santillana, era el de una Policía Municipal que levantara denuncias en sitio y colaborara con la Fiscalía en la investigación.
La historia de desencuentros entre Municipio y Fiscalía cuenta con varios episodios. Al final algunos agentes fueron capacitados para levantar denuncias, pero no lo hacen todos, ni todo el tiempo, y nunca fueron sumados a las tareas de investigación.
Con la reestructura de la Administración Pública aprobada el jueves por el Ayuntamiento leonés, la Secretaría de Seguridad Pública tiene ajustes, uno es el de la creación de la Dirección de Enlace y Coordinación con las fiscalías.
“Con el objeto de presentar las denuncias o querellas por los daños causados a bienes municipales y fortalecer la vinculación sobre asuntos relacionados con las funciones policiales de la Dependencia”, dice textualmente la reforma. Falta detallar las tareas de esta área que debe tener un rol protagónico en la estrategia.
Se esperaría entonces que ahora sí se asuma el compromiso de una vinculación plena con las fiscalías (Estatal y de la República) para levantar denuncias y colaborar en investigar, bajo la conducción del Ministerio Público.
Una policía que gane confianza social tendrá de los ciudadanos la mejor información de lo que pasa en la calle, con más denuncias recibidas (aunque las estadísticas se les disparen) tendrán más datos, resolverán más delitos y capturarán a más delincuentes, muchos de los cuales son los mismos que delinquen.
Para que esto funcione en todo el País urge una reforma policial en México, pero, en tanto eso pasa (o no pasa) Guanajuato y León pueden hacerlo ya.
El asesor michoacano que contrató la anterior administración municipal, Bernardo León Olea, se los dijo una y otra vez: la Policía tiene hoy las facultades para investigar, nada le impide no hacerlo. Es cuestión de voluntad y de estrategia.
World Justice Project (México), coincide en que la Policía necesita un papel activo en la investigación del delito y que esta tarea no dependa del Ministerio Público.
“En México, la regla es que los delitos no se investigan. Ni los insignificantes ni los más graves. Y las víctimas, en búsqueda de respuestas, terminan haciendo el trabajo que le corresponde a las autoridades. Urge revisar nuestro sistema de justicia y replantear el modelo de investigación criminal”, apunta.
Alejandra prometió inteligencia ¿cómo?
En campaña dentro del plan que presentó Alejandra decía en su eje León Seguro, lo siguiente: “Le vamos a invertir fuerte a la inteligencia, a la tecnología y al equipamiento, para formar un cuerpo policial con las herramientas para proteger y servir a sus ciudadanos. Tener una policía confiable será nuestra prioridad”.
En sus primeros días al frente del Gobierno Municipal, la Alcaldesa tuvo que enfrentar un cobarde ataque a tres comandancias de la Policía, que dejó un oficial muerto y dos agentes gravemente heridos (un policía y una trabajadora social),
Alejandra ha dicho que va en serio para enfrentar la ola de violencia en la ciudad.
Se ha anunciado una “limpia” en la corporación de Seguridad Pública y han revelado el despido de 29 agentes atribuyendo algunos de esos casos a vínculos con el crimen, pero sin presentar hasta el momento ninguna denuncia formal todavía.
En la semana anunció que a partir del 2022 los policías rasos ganarán al menos $18,500 pesos netos al mes, cuando hoy el salario es de poco más de $15,000.
Y tomó protesta el Consejo Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que ya existía pero que, ahora sí, ha dicho Alejandra, León apostará a una ambicioso plan de prevención que aterrice en las zonas más conflictivas.
Todo eso está bien. Adelante. Pero todavía no dice nada de transformar a una Policía que sí investigue, no hay otra forma de prevenir delitos, que aclarándolos.
Alcaldes y el Fiscal, vamos a platicar…
Los datos son fríos. En Guanajuato el 85.4% de los delitos no se castigan, según el reciente estudio de “Hallazgos 2020: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal”, que publicó el pasado 5 de octubre México Evalúa. Guanajuato es el tercer lugar con mayor efectividad, pero está claro que eso no es para presumir.
Y ese dato únicamente sobre los delitos que se denuncian, que es 1 de cada 10. Muchos reportes sí llegan a la Policía pero no a una denuncia. Nunca se investigan.
Las fiscalías tienen la tarea de investigar los delitos. Bien haría en dejarse ayudar.
En el Congreso del Estado en las acciones legislativas que presentó el PAN (que no agenda porque nunca precisaron las iniciativas que van a presentar), una de las líneas generales es la de “generación de mecanismos para abatir la impunidad”.
Policías municipales que sí investiguen es una de las formas para ello. Ni el coordinador de la bancada panista, Luis Ernesto Ayala, ni los presidentes de las comisiones de Justicia y de Seguridad, también panistas Cristina Márquez y Martín López, han puesto sobre la mesa impulsar este tema. A ponerse a trabajar…
Alejandra Gutiérrez (lo mismo Lorena Alfaro en Irapuato; Javier Mendoza en Celaya; y más) deben sentarse pronto y hablar claro con el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, o enfrentan juntos la bronca o seguirán con esfuerzos aislados que nos llevan al mismo sitio donde hoy estamos: en ciudades en las que nadie se siente a salvo.
La Policía cuesta
Una buena policía cuesta, y muchos de los alcaldes (as) prefieren el “no me toca”.
“Los gobiernos locales deben responsabilizarse de su policía, apostando por prestaciones sociales, incentivos laborales, capacitación y equipamiento financiado con recursos públicos propios. Si queremos mejorar el acceso a la justicia en México, necesitamos mejores policías”, expone World Justice Project México.
En eso hace bien en insistir el gobernador Diego Sinhue Rodríguez que demanda a los alcaldes que “no se hagan patos” e inviertan en sus policías municipales, que el primer reclamo en campaña fue el de seguridad pública, para eso fueron electos.
Lo que es polémico es el que sugiera a municipios eliminar direcciones como Educación y Salud o institutos de la mujer y de la juventud, y enfocarse únicamente en la prestación de servicios públicos que les marca el artículo 115 constitucional.
De entrada el principio de austeridad no está simplemente en recortar dependencias, sino en la manera en que se ejerce el gasto en todo el Gobierno.
Y, segundo y más debatible: que Educación y Salud no sean una competencia Municipal no significa que los gobiernos locales no contribuyan en estos temas.
La Ley Orgánica Municipal en Guanajuato establece entre las muchas atribuciones de los ayuntamientos que engloba en su artículo 76: “Promover el desarrollo económico, social, educativo, científico, tecnológico, cultural y recreativo del Municipio”, así como “Promover y procurar la salud pública del Municipio”.
Juan Pablo Delgado, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de León y director de la organización Amicus señala: “Se equivoca Diego al sugerir la eliminación de las direcciones de Salud y Educación municipales para subir el sueldo de las corporaciones. Si funcionaran bien, no serían “espejos”, sino complementos de labor del Estado y Federación. Que no lo sepa ver, es otra cosa”.
Hablando de lo importante, el abandono a las policías municipales que reprocha el Gobernador, llama la atención el caso de Cortazar y de Guanajuato capital, donde sus alcaldes fueron reelectos, Ariel Corona y Alejandro Navarro, pero sus corporaciones siguen con salarios por debajo del piso mínimo recomendado.
En Cortazar el policía raso gana neto al mes $12,944 y en Guanajuato Capital es de $12,306. La recomendación aprobada esta semana del Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado (Infospe) es de un mínimo de $13,740 netos al mes,
El salario más bajo lo tenían policías de Juventino Rosas con $10,460, Ayuntamiento que decidió pedir al Estado tomar el control de la seguridad por las sospechas de infiltración del crimen organizado. Y sí que había crisis en esta corporación pero echaron a todos a la calle y eso sí que es otra gran bronca.
Policías en la mira
El nuevo Secretario de Seguridad de Irapuato, Miguel Ángel Simental, parece no coincidir en las quejas de la ciudadanía, lo dejó bien claro esta semana, si no hay una pruebas que sustenten las quejas, que mejor ni le digan, afirma.
Debe ser el Municipio quien investigue el actuar de sus elementos y, con base a los hallazgos, deslindar si hubiera algún tipo de responsabilidad y sancionarla.
El compromiso fue el de trabajar con proximidad social, que es precisamente la bandera de la administración de Lorena Alfaro García, está empeñada su palabra.
Simental dice que si un ciudadano se queja, ya todos van a querer quejarse de la forma en que trabajan los policías municipales, que a su parecer, están actuando de la manera necesaria para atender las problemáticas que se presentan en Irapuato.
Dice que si actúan la gente se enoja y si no actúan, pues también se enojan, y hasta pidió que le dijeran qué sí está bien y que no.
Incluso pidió a los medios que no se enganchen con las quejas.
Desde que se dio el cambio de administración pública, han sido ya varios los hechos en los que se han visto involucrados los elementos tanto de Policía como de Tránsito Municipal, desde disparos, asesinatos, presunto apoyo para la huída de personas involucradas en hechos delictivos, golpizas a menores de edad y uso excesivo de la fuerza.
Nadie va a negar que la presencia de la Policía es visible en la ciudad, pues ya se retomaron los operativos en las calles y a diario se informan sobre detenciones.
Tampoco se niega que hay buenos elementos, que trabajan con proximidad y cumplen con su encomienda, pero lamentablemente las malas acciones manchan a toda una corporación y contribuyen a la pérdida de confianza ciudadana.
Está claro que el gran reto de Lorena y Simental es cumplir con tener una Policía bien capacitada, que respete los derechos humanos, y sobre todo, que haga valer la palabra de sus autoridades y cumplan con ser cercanos a la ciudadanía.
Celaya, hasta no ver &.
La nueva estrategia de ciudadanizar la seguridad en Celaya no es una tarea fácil para el nuevo secretario Jesús Rivera Peralta.
Desde su llegada, el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se comprometió a ciudadanizar la seguridad para que los celayenses tuvieran una mayor confianza en su Policía Municipal.
Durante las primeras tres semanas, Rivera Peralta ha informado parte de su estrategia en reuniones con diversos sectores de la población y organizando los foros ciudadanos que definirán su plan de trabajo.
A comparación de sus antecesores, Jesús Rivera tiene un perfil y un discurso mucho más político con el que trata de convencer que conoce perfectamente la situación de Celaya y la estrategia para revertir la situación de violencia.
Por parte del alcalde Javier Mendoza, hay una total confianza en el proyecto de su Secretario de Seguridad y los esfuerzos se centrarán en gestionar recursos para hacer realidad sus compromisos de adquirir tecnología de punta para convertir a Celaya en una smart city.
La tarea no parece fácil, la más reciente encuesta de Massive Caller reveló que Celaya es la ciudad donde sus habitantes tienen la peor percepción de inseguridad de todo el país y es cuestión de tiempo para que el Inegi incluya al municipio en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (hasta hoy sólo mide León, Guanajuato e Irapuato) y que podría dejar muy mal parado nuevamente a Celaya.
Ni la disminución en los delitos del fuero común ni los cambios en la Secretaría parecen cambiar la percepción de los celayenses que siguen viendo como los asesinatos continúan a la orden del día.
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