Matrimonio igualitario, hora de definiciones
A los 36 diputados del Congreso del Estado les llegó la hora de que, de frente a los ciudadanos, digan si están o no por el reconocimiento legal a los matrimonios igualitarios, un derecho que la Corte resolvió hace una década y que han ignorado.
Ya no tienen tiempo. El PAN-Gobierno no puede evadir las varias iniciativas presentadas desde la Legislatura anterior y en el arranque de la actual. El periodo que abrieron de consulta ya concluyó y en el siguiente periodo (inicia en febrero) será un tema que tendrán que debatir.
La legislación civil de Guanajuato es una de las pocas (junto con las de Guerrero, Tabasco, Durango, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas) que lo prohíbe y que obliga a quienes desean contraer matrimonio a tramitar un amparo.
Hace una semana en AM publicamos la postura clara de la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a favor del respeto de todos los derechos.
“Yo estoy convencida de que se tienen que respetar los derechos de todos, no debe haber ninguna discriminación por ninguna razón a ninguna persona. Y eso implica garantizarnos a todos los mismos derechos”, declaró en entrevista a este diario.
El gobernador Diego Sinhue se ha limitado a dejar el asunto en manos del Congreso, es decir, no pone trabas para ir adelante, pero tampoco lo empuja.
Luis Ernesto Ayala Torres, coordinador de la bancada de 21 legisladores azules, evita hablar del tema y, cuando tiene que hacerlo, sólo dice que va a analizarse.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Cristina Márquez Alcalá, desde la anterior Legislatura es evidente que no quiere dar el paso, alarga y congela las iniciativas.
El presidente del PAN, Lalo López Mares, desde el primer día de su gestión, el pasado 1 de octubre, le cuestionamos y abrió la puerta a entrarle sin prejuicios.
“Acción Nacional se pronuncia por la familia como pilar fundamental de la sociedad, ¿cómo se integran?, tendremos que revisar porque también estamos sujetos a las nuevas realidades, pero no le vamos a rehuir al debate. Por supuesto nuestro respeto a cualquier forma de familia”, expresó.
Y se pronunció por respetar lo que la Suprema Corte ya resolvió en este caso.
“Debemos de reconocer que hay un estado de derecho y un artículo Primero Constitucional que establece que está prohibida la discriminación de cualquier persona por razones de preferencias sexuales, y como partido somos los primeros que tenemos que estara garantizando el repeto de la Constitución”, sostuvo.
Vicente Esqueda, panista procurador de los Derechos Humanos, ya salió a decir en público y oficialmente en la consulta del Congreso, que está a favor del reconocimiento. Grave sería que fuera en contra. Pero ya es otro pasito, no se recuerda que el anterior, José Raúl Montero, dijera ni pío sobre este derecho.
A estas alturas la pregunta no es si se aprobará o no, ese día llegará, sino ¿cuándo? y si la clase política de Guanajuato quiere cargar con el estigma de ser la última entidad que reconoció el derecho al matrimonio igualitario. Vamos a verlo.
También está en agenda la discusión de la despenalización del aborto. Atentos.
No más largas
En Guanajuato, vía el amparo, en marzo del 2014 contrajo matrimonio la primera pareja, fueron dos mujeres, en un evento de carácter privado en la ciudad de León. Los caso el director del Registro Civil en el Estado, Rito Padilla García.
Desde entonces en la tierra del Yunque seguimos en las mismas con ese derecho.
Alan Alcantar y Daniel Vela fueron la primera pareja homoparental en Guanajuato, en un tortuoso proceso, en lograr la adopción de su hijo, Emilio, en junio de 2020.
Detrás de los temores de la ultraderecha al matrimonio igualitario, está precisamente que ello conlleva el reconocimiento a derechos como la adopción.
En la actual Legislatura cuatro diputados (as) han tomado la bandera de empujar el reconocimiento a este derecho: David Martínez (Morena), Dessire Ángel Rocha (Movimiento Ciudadano), Yulma Rocha (PRI) y Gerardo Fernández (Verde).
Aunque eso no implica que los 15 votos de la oposición estén de ese lado. Si fuera así, y los siete que se ha dicho que en el PAN están a favor, serían la mayoría.
Para obligarlos a votar y no seguir pateando el bote, diez guanajuatenses con el liderazgo de Juan Pablo Delgado, fundador y director de la organización Amicus, presentaron una demanda de amparo que pretende obligar al Congreso del Estado a votar esa y otras iniciativas relacionados al respeto a la diversidad sexual.
Los alcances de este amparo no es el de garantizar el reconocimiento de este derecho, sino para que hagan su trabajo, es decir, analizar iniciativas y votarlas en el sentido que a los legisladores les plazca, y no solamente enviarlas al cajón.
A nivel nacional el primer antecedente fue la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que en diciembre del 2009 reformó el Código Civil para establecer que el matrimonio será la “unión libre entre dos personas”, eliminando el precepto anterior que establecía que éste era entre “un hombre y una mujer”. Ya desde el 2006 se les reconocía en la figura de “sociedades de convivencia”.
Contra esta reforma el Procurador General de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad. Por mayoría el Pleno determinó que la ley era constitucional, es decir reconoció el derecho al matrimonio y a todos los derechos en él reconocidos, incluyendo la adopción de niños y niñas. Y ahí empezó todo&
En 2012 tres parejas del mismo sexo buscaron contraer matrimonio en Oaxaca, les fue negado porque su legislación local lo impedía. Interpusieron amparos, en primera instancia uno se les concedió y dos les fueron negados. El caso llegó a la Corte y en diciembre del 2013, por unanimidad, se otorgaron los tres amparos.
El razonamiento legal desde entonces fue claro: no existe razón constitucional alguna para no reconocer este derecho, lo contrario es un trato discriminatorio.
De la Madrid, puesto
El priista Enrique de la Madrid, con la cachucha de director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Instituto Tecnológico de Monterrey, recorre el País y tiene foro mediático para posicionarse como lo que no oculta, ser un aspirante presidencial.
Invitado por Coparmex León para su festejo de 92 años de vida, el ex Secretario de Turismo federal 2015-2018 compartió su visión del México de hoy y del futuro.
Fue duro contra los resultados de la 4T, pero llamó a la prudencia y a la serenidad. “El pasado divide, el futuro nos une”, dijo. Ese es el sello con el hijo del ex presidente Miguel de la Madrid quiere ser opción para abanderar a la oposición.
Ante la prensa perfiló las características de quien aspire a abanderar a la oposición en 2024; primero, que tenga aceptación en los partidos de oposición. Y dijo que él siempre ha sido respetuoso de todos y que tiene amigos en todos los partidos.
También que tenga una trayectoria en el sector privado, que haya aprendido a ser oposición y que conozca el mundo del que “hay mucho que sacar de provecho”.
Y, lo que más destacó el priista, es el de un liderazgo que convoque a la unidad.
“Alguien que polarice no le sirve a México, alguien que confronte no le ayuda a México, hay que tener un espíritu conciliador, de tratar de encontrar puntos de acuerdo. Estoy describiendo lo que debería ser, si ahí encajo ya es otra cosa”.
La presidenta de Canaco y panista, Liz Vargas, se declaró su seguidora. Asistieron para escucharlo los senadores azules Alejandra Reynoso y Erandi Bermudez; la síndica Leticia Villegas; el ex alcalde Héctor López Santillana; y líderes empresariales como Luis Gerardo González (CCEL) y Enrique Aranda (CMIC).
Dulce, ni uno más
El caso de la desaparición de Dulce, niña de 12 años, después de un arresto de 12 horas por una supuesta falta administrativa (portar un cuchillo), exhibe severas deficiencias en los protocolos de actuación de la Policía leonesa y la Justicia Cívica.
Los casi dos meses de la desaparición, que por fortuna terminaron ayer con buenas noticias, hicieron que el tema saliera a la luz pública, de lo contrario tristemente sería un caso más de abuso policial en el anonimato y sin consecuencias.
Independientemente de lo que haya sucedido después de que la niña dejó los separos de la Delegación Poniente de la Policía, donde nunca debió estar, el asunto de la acción y de la omisión de policías y otros servidores públicos, debe ser de una gran preocupación para la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y todo el Ayuntamiento.
Luego de 55 días y al escalar mediáticamente el tema, la instrucción fue que el comisionado de Seguridad (figura de reciente creación), Víctor Aguirre, saliera a dar la cara, reconocer las fallas, ofrecer disculpas, garantizar sanciones y no repetición.
La Alcaldesa habló del caso el jueves después de la sesión de Ayuntamiento, y dijo:
“Es un hecho lamentable que no aparezca la menor, lo primero es trabajar de manera coordinada con la Fiscalía, se le pusieron a disposición todos los videos e información que está en poder del Municipio. Segundo, internamente se está revisando para, si hubiera algo indebido en el protocolo seguido, poder sancionar”.
Por casos como el de Dulce, y otros más, la Policía Municipal pierde confianza.
El secretario de Seguridad Pública Municipal, Mario Bravo, tiene dos años años y medio en el cargo y su permanencia se pone en duda cuando se advierte, no un simple error o abuso de un agente (es), sino una falla estructural en la manera en que se atienden casos como los de menores infractores, peor aún, de niños.
La Alcaldesa ordenó llegar al fondo de las investigaciones y aplicar sanciones. Es lo menos, lo que falta ahora es la respuesta de fondo ¿cómo van a garantizar que se respeten los derechos de los menores y de toda persona detenida por la Policía?
Detrás del caso de Dulce está sobre todo un reflejo de la descomposición social.
La depuración constante en la Policía de Celaya
Los problemas en la policía municipal de Celaya parecen no tener fin y ahora se sumó el despido de 10 elementos ex federales.
Esta semana, el alcalde Javier Mendoza Márquez reveló que 10 policías ex federales que trabajaban en la corporación celayense fueron despedidos por estar involucrados en delitos y diversas irregularidades, a pesar de haber cumplido con sus exámenes de control y confianza.
Para muchos era un secreto a voces que los denominados fedepales se sentían con el poder de hacer y deshacer al interior de la corporación policiaca situación que había provocado una división al interior de la Policía Municipal.
Justo hace dos años, a la llegada del ex secretario de Seguridad, Miguel Ángel Simental, no sólo se encontró con una policía con muchas deficiencias sino con elementos infiltrados.
Es por ello que impulsó la llegada de casi cien elementos que habían trabajado en la extinta Policía Federal los cuales perciben un salario de 29 mil pesos, que es mucho mayor a los de los policías locales.
Esto trajo consigo un sinfín de problemas al interior de la corporación ya que muchos elementos locales se vieron relegados.
Lo que también es cierto es que, a la par, la incidencia delictiva, a excepción de los homicidios y extorsiones, disminuyó en Celaya, además de varias detenciones y aseguramientos, la mayoría de ellos por parte de los elementos ex federales.
Sin embargo, también salieron a relucir diversos reportes de abusos de autoridad que se fueron incrementando en los últimos meses, aparentemente cometidos por los fedepales.
Con la llegada de Javier Mendoza a la Presidencia Municipal y de Jesús Rivera Peralta a la Secretaría de Seguridad se enfrentaron con este problema en la Policía Municipal, además de la petición del Gobierno Estatal de apoyar a los municipios vecinos con policías y equipamiento.
Así que la tarea no es nada fácil, además de seguir depurando a la corporación deben profesionalizar a los elementos locales y evitar mayor división, ya que para el próximo año se prevé la llegada de 120 policías ex federales.
