El suicidio es una de las principales causas de muerte prevenible a nivel mundial y, sin embargo, sigue rodeado de estigma, desconocimiento y ausencia de políticas públicas efectivas. En nuestro país la tasa de suicidio va en incremento sostenido, particularmente entre jóvenes y adolescentes, convirtiéndose en un problema de salud pública que exige atención prioritaria. El comprender sus orígenes, revisar los mecanismos de prevención y comenzar a cuestionar por qué el sistema de salud lo mantiene en un segundo plano, es fundamental para abrir una conversación seria y sostenida.
El suicidio es multifactorial, respondiendo a una compleja interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales, que incluyen determinantes individuales como los trastornos mentales, depresión, ansiedad, alteraciones de personalidad e incluso adicciones. De igual manera influyen las experiencias traumáticas, la violencia en todas sus formas, acoso escolar, discriminación y falta de redes de apoyo. A nivel social, la precariedad económica, el desempleo, la desigualdad y esa pérdida de cohesión comunitaria, agravan la vulnerabilidad de grupos e individuos para el suicidio. En nuestro país, ese contexto específico de “normalización” de la violencia, que incluye además el debilitamiento de las familias, el acceso limitado a servicios de salud (incluyendo los de salud mental) y la persistencia de estigmas, dificultan mucho pedir y otorgar ayuda. Esta combinación es lapidaria para generar un escenario en donde las señales de alarma suelen ser ignoradas y la prevención se vuelve no menos que un desafío de gran calado.
La OMS ha recomendado el establecimiento de estrategias integrales de prevención, que incluyan campañas de sensibilización, líneas de atención a personas en crisis y programas comunitarios. Sin embargo, estas políticas carecen, como en otros rubros, de cobertura, financiamiento y continuidad necesarios para dar resultados efectivos. No ha sido incluida la prevención como eje transversal de políticas nacionales de salud mental y en la práctica se aprecian únicamente intervenciones fragmentadas, de alcance limitado y con pocos recursos humanos especializados asignados, siendo las voluntades locales y una visión reactiva más que preventiva el quehacer diario en este rubro.
El ostracismo del suicidio en nuestro sistema de salud tiene múltiples causas: en primer lugar, persiste un fuerte estigma social y cultural en torno a la salud mental. Hablar de suicidio se percibe como tabú, ligado a la vergüenza familiar e incluso moralidad religiosa malentendida, lo que reduce la presión pública para exigir respuestas de gobierno. En segundo término, el sistema de salud mexicano ha estado orientado a enfermedades transmisibles, emergencias sanitarias o enfermedades crónico degenerativas, por lo que la salud mental ha quedado marginada en la asignación presupuestal y en la planeación estratégica del sistema. Por último, y muy grave, existe una carencia estructural de profesionales en salud mental, como son psiquiatras, psicólogos clínicos y trabajadores sociales, lo que limita la capacidad de identificar de manera oportuna a las personas en riesgo o de implementar programas comunitarios efectivos. Es imposible generar impacto real, sin recursos humanos ni financieros suficientes.
La atención del suicidio es una necesidad urgente, que exige una respuesta multisectorial y sostenida. México ha avanzado de manera tímida en su abordaje y el tema sigue atrapado en el estigma, falta de recursos y ausencia de visión a largo plazo. Reconocer esta omisión y colocar la prevención del suicidio como prioridad de salud pública, es un paso indispensable para salvar vidas y fortalecer la cohesión social en un país muy lastimado. 10 de septiembre: día mundial para la prevención del suicidio.
Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor universitario y promotor de la donación voluntaria de sangre.
RAA
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